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Nacional 7 Jul 2013 - 9:00 pm

Análisis de investigador de la Universidad Nacional

Las ciudades para el posconflicto

En las negociaciones de La Habana no se ha tocado suficientemente el problema de la cuestión urbana, tan importante como el de la cuestión rural.

Por: Carlos Alberto Patiño *
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La violencia urbana sigue siendo un problema grave de seguridad. / Archivo

El gobierno del presidente Santos ha venido desarrollando un diálogo con la guerrilla de las Farc para poner fin al conflicto. La primera etapa de dicho proceso se centró en el problema agrario, bajo la premisa de que ese es el núcleo principal y originario de la violencia armada en Colombia y que toda la insurgencia existente ha surgido con base en esta premisa: la no solución de los problemas agrarios, la frontera agrícola que continúa abierta y una alta concentración de la tenencia de la tierra.

Hace poco se inició la segunda etapa de este diálogo-negociación, con el objetivo de crear las condiciones de participación política legal de las Farc, con base en su transformación en un partido político o la adopción de alguno de los existentes como su expresión básica. Sin embargo, aquí surge una paradoja clave para entender el futuro y las posibilidades de éxito reales de este proceso de paz. Primero, a pesar de que la guerra se ha librado fundamentalmente en áreas rurales, desde hace varias décadas dejó de ser un conflicto agrario para convertirse mayoritariamente en uno de carácter urbano, sin que esta transformación se haya producido luego de un necesario control territorial por parte del Estado.

Por el contrario, el Estado aún tiene problemas de control territorial delicados, y en este contexto las áreas urbanas se convirtieron en zonas en disputa con una amplia diversidad de organizaciones. Entre ellas algunas que apuntan cada vez más a practicar modelos contemporáneos de guerra híbrida, llegando hasta la prestación de servicios de mercenarismo entre las mismas organizaciones. Una radiografía de violencias cruzadas que no ha podido resolver el Estado.

Investigaciones de diversos organismos de seguridad han señalado que las Farc y algunas de las bandas criminales, entre ellas los Urabeños, contratan servicios de mercenarismo, obteniendo sus combatientes en barrios populares de Medellín. Igualmente en la capital de Antioquia, el Estado ha venido descubriendo que la concepción geoestratégica con la que están ordenadas nuestras ciudades es obsoleta y no responde a las necesidades de las sociedades contemporáneas.

Algo similar ocurre en Bogotá, en donde han aparecido grupos vinculados con carteles mexicanos, como quedó en evidencia con el caso de Usaquén. Pero más allá de estos casos de macrocriminalidad, la delincuencia común ha dejado en claro que el Estado no tiene cómo controlar los territorios urbanos y ni siquiera tiene una información medianamente confiable sobre las condiciones básicas de la seguridad ciudadana. Para poner sólo un ejemplo, ahí está lo ocurrido con el asesinato del agente de la DEA, interceptado para ser sometido a un llamado “paseo millonario”.

Segundo: el objetivo de la eventual participación política de la subversión sólo se puede dar en el marco de áreas urbanas formales, institucionalizadas y que puedan tener diferentes valores políticos, económicos, geográficos, tanto para la guerrilla desmovilizada como para el Estado. Estas áreas urbanas pueden ser grandes ciudades o pequeños poblados, pero al fin y al cabo áreas urbanas.

Aquí el Estado se equivoca cuando supone que la participación política es una práctica abstracta, quizá dirigida sólo al Congreso a dar “discursos”, pues ésta se concreta en la disputa por las alcaldías de pequeños, medianos y grandes municipios. Tercero: el éxito o fracaso de un proceso de negociación se mide en la capacidad de generar modelos de orden y cohesión social viables. Y tales condiciones, en las sociedades contemporáneas, sólo son imaginables dentro de áreas urbanas de pleno desarrollo. La mayoría de procesos de desmovilización y reintegración han fracasado, entre muchas razones, porque han carecido de un necesario contexto de adecuación urbana.

Sin embargo, lo que interesa señalar aquí no es el grado de éxito o fracaso de los modelos de desmovilización, sino que la paradoja está en que el Gobierno puede fracasar en el desarrollo del posconflicto en cuanto no ha puesto cuidado alguno a la cuestión urbana, que necesariamente se conectará con las dinámicas de conflictos actualmente existentes, que son mucho más que delincuencia común o sofisticada.

Adicionalmente, el problema del control territorial sigue sin resolverse favorablemente para el Estado, desde las grandes extensiones de territorio deshabitadas al oriente y el sur del país, que plantean problemas estratégicos, hasta los conflictos de control territorial urbanos.

Para salir de esta paradoja es imperativo que el Gobierno desarrolle una política de proyección urbana real, que vaya más allá de un programa de vivienda gratis que permita formalizar la propiedad y extender el negocio del territorio. Esto es que se entienda a las ciudades como las áreas en las que se concretan la economía contemporánea, la cohesión social y las demandas reales de seguridad ciudadana. La urgencia de esta política urbana, hoy inexistente en el país, debe abarcar tanto a las pequeñas como a las grandes ciudades y no se puede aplicar a rajatabla: debe ser diferenciada y con matices dirigidos a crear entornos económicos competitivos.

La única opción que el Estado colombiano tiene para establecer un control definitivo del territorio es fundando 10 ciudades nuevas interconectadas de manera eficiente, de tamaño intermedio, que cubran en forma de arco la zona oriental y sur del país, y que con base en esa red de nuevas ciudades se puedan construir infraestructuras que impidan que se formen grupos armados ilegales de cualquier ideología o raigambre.

Esta sería una apuesta realmente revolucionaria, que además limita el daño ambiental, regulariza el acceso a recursos naturales y permite elevar rápidamente el nivel de vida de la población más pobre. Además permitiría desconcentrar la población que se apiña inevitablemente en las grandes ciudades y crear una economía urbana sólida y sostenible, que adicionalmente puede regularizar las áreas rurales, ofreciéndoles oportunidades de desarrollo reales y articuladas económica y socialmente.

Lo rural no existe por sí solo, necesita articularse ineludiblemente con las áreas urbanas, y entre más conectadas y cercanas geográficamente estén, más dinámica es la relación. La única forma de llevar la sociedad colombiana hacia el posconflicto con un modelo de cohesión sostenible, y una economía que pueda crecer a ritmos necesarios, es optando por la fundación de ciudades nuevas.

 

* Profesor titular Universidad Nacional de Colombia. Director Instituto de Estudios Urbanos.

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