Clara Rojas está haciendo politiquería: líder del Sindicato de Trabajadoras Sexuales

Fidelia Suárez asegura que su organización está trabajando en un proyecto de ley propio para "reivindicar sus derechos" y dejar el estigma alrededor de un oficio que define como cualquier otro.

Fidelia Suárez, líder del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia.Javier Salguero

“Es un proyecto anticonstitucional, indolente, inhumano, constituido de imaginarios, y moralista. Es un proyecto incoherente”. Esos son los calificativos que le da Fidelia Suárez, líder del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, al proyecto de ley propuesto por Clara Rojas, que busca multar a las personas que contraten los servicios de prostitutas.

El discurso de Suárez, nacida en Corozal (Sucre), es crítico. Su tono de voz es fuerte, igual que su carácter. Dice que los problemas de sus compañeras, los toma como propios. Habla con desparpajo, con sarcasmo, pero de forma directa. Y, sobre todo, busca reivindicar lo que hace: dice, en repetidas ocasiones, que la forma de referirse a su oficio no es prostitución, sino trabajo sexual y que, como cualquier otro empleo, genera economía. (Lea aquí: Castigar el pago por servicios sexuales: ¿Cuáles son las experiencias en el mundo?).

Su forma de hablar, su lucha por “reivindicar sus derechos” y su interés por el bienestar de las otras trabajadoras sexuales, dice, se debe a la influencia en ella de su padre, José Suárez Garrido y de su madre, Fidelia Tirado. Aunque la mayoría del tiempo habla con seguridad y desparpajo, cuando se menciona el tema de su papá un gesto de tristeza aparece en su rostro. Dice que hace cuatro meses murió, pero que “vive dentro de mí. Nunca morirá. Es duro, porque se fue ese bastón que da fuerza, pero en su despedida me dijo ‘la lucha continúa, estaré siempre contigo y viviré en ti’”. “Soy el legado de mi papá. Siempre fue un hombre muy luchador, de una clase obrera, fuerte”, asegura.

Pero no es solo eso. Esta mujer, que desde hace 25 años es trabajadora sexual, también es madre de tres hijos  (uno de ellos en el programa Ser pilo paga), además de tener un “compañero sentimental desde hace nueve años, mucho más joven que yo”. Un motivo más por el que defiende con ahínco la idea de que no debe ser estigmatizada por lo que hace: “Es decisión nuestra ejercer el trabajo sexual y no será Clara Rojas quien tenga que venir a utilizar a nuestra población para hacer politiquería, porque como estamos en proceso de campaña…”.

En su oficina en el centro de Bogotá, cerca de una de las zonas de tolerancia de la ciudad, habla con El Espectador sobre la propuesta de Rojas para multar a quienes contratan servicios sexuales con sanciones que van desde $98.000 hasta $780.000. Lo primero que critica es la forma en la que que se refieren a ellas: “Nos presentan como mujeres en situación de prostitución, pero nosotras no estamos en ninguna situación. Yo ejerzo es un trabajo: presto unos servicios y recibo una remuneración. No estoy en ninguna situación ni de lástima, ni de víctima, ni de discapacidad”.

Habla con autoridad, porque desde 2008 se dedica formalmente (puntualiza que ya lo hacía desde los 90) a defender sus derechos y de sus compañeras. Primero lo hizo en Ipiales, Nariño, después de crear la Asociación de Mujeres Buscando Libertad (Asomubuli), que aún existe.

Allí, cuenta, empezó a ser reconocida por sus compañeras. “Me llamaban ‘la peleona’, pero yo no peleaba, luchaba: por el reconocimiento, por la falta de respeto, por el abuso policial, por el hostigamiento, por las condiciones que no se prestan para desempeñarnos como tiene que ser”. El 15 de julio de ese año, recibió una invitación de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales para ir a un foro en la Universidad de Nariño. Allí empezó a representar a otras mujeres.

“Comencé la lucha sola... después éramos tres, 15, 20 en Ipiales con Asomubuli”. Trabajan, desde entonces, temas de prevención de enfermedades como el VIH/Sida, como una forma de “enganchar, para a la vez abrir espacios para la incidencia política”. Luego, en 2015, fundó el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco), con el que busca ahora generar propuestas para que quienes se dedican a la prostitución tengan “condiciones dignas”.

“Nosotras con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, de algunos abogados, de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales, estamos realizando un proyecto donde se den las condiciones dignas. Buscamos la igualdad de derechos constitucionales. Buscamos el derecho de cualquier trabajo independiente, con garantías plenas”, dice Suárez sentada en una mesa de la oficina donde funciona el sindicato, que tiene hasta contador y cuyas paredes están adornadas con afiches referentes a los derechos de las trabajadoras sexuales, así como con recortes periódicos de los artículos en los que la han entrevistado.

Teme que el proyecto de Clara Rojas vuelva aún más clandestino el trabajo sexual, pues “aumenta la vulnerabilidad de los derechos laborales y la integridad personal de quienes decidimos ser trabajadoras y trabajadores sexuales”. Por ese motivo reitera que son ellas mismas las que deben sacar adelante los proyectos que garanticen sus derechos, para “hacer visible nuestra lucha, que lleve nuestra voz, desde nosotras para nosotras y no desde terceros hablando por nosotros”.