La comitiva de víctimas 'con memoria'

Víctimas de secuestros, masacres, asesinatos y desplazamientos cometidos por las Farc fueron escogidos. / Diana Sánchez - El Espectador

Con la llegada de la primera delegación de víctimas del conflicto a La Habana se abre una etapa crucial en el desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno y las Farc. La verdad, la justicia, la reparación, la reconciliación y el mismo perdón (condiciones inapelables para la paz) dependen, en gran medida, de la satisfacción que genere en las víctimas el acuerdo que se está construyendo sobre las consideraciones que ellas mismas han hecho, y harán, a través de los foros regionales, internet y, por supuesto, de estas visitas. El asunto promete una enorme tormenta política que puede tener consecuencias en el camino que el país recorre hacia el fin del conflicto.

El pasado viernes, cuando Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional anunciaran los nombres de la primeras doce víctimas que viajaron a La Habana, el país logró algo que ninguna nación en situación de conflicto armado había conseguido: la participación de las víctimas del conflicto armado en un proceso de negociación para acabar con él. Así lo reconoció la misma alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien dijo que “el testimonio directo de las víctimas, antes de la construcción de los mecanismos que les empoderarán para responder a su sufrimiento, no tiene precedentes”.

Y es que, a falta de que el país conozca la composición de las próximas cuatro delegaciones que visitarán la mesa de conversaciones de Cuba, el listado revelado el viernes ya reviste un espíritu histórico. Se trata de una delegación ‘con memoria’, integrada por representantes de episodios puntuales que marcaron el desarrollo de la guerra y que, en la conciencia colectiva, dejaron imágenes indelebles de la barbarie a la que ha sido expuesto el país por todos los actores del conflicto.

Pocos se animarían a desestimar la importancia de que en la delegación esté alguien como Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, uno de los 11 diputados del Valle asesinados por las Farc en 2007 tras cinco largos años de secuestro; o Léyner Palacios, líder de las familias de las 79 personas que murieron tras la explosión de un cilindro bomba lanzado por las Farc contra una iglesia de Bojayá el 2 de mayo de 2002, en medio de un combate con los paramilitares; o, incluso, Constanza Turbay, cuya madre y dos hermanos fueron asesinados por la guerrilla (uno de sus miembros en cautiverio) en menos de cuatro años.

Tampoco sería posible desconocer la relevancia histórica que encarna la participación de Jaime Peña, padre de uno de los 32 jóvenes secuestrados, torturados y asesinados por los paramilitares el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja en una supuesta “retaliación” contra las guerrillas; la de José Antequera, hijo del líder de la UP José Antequera, asesinado en 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá; o la de Luz Marina Bernal, madre de Fair Londoño, un joven de 26 años secuestrado en Soacha y presentado muerto por el Ejército en Norte de Santander como guerrillero dado de baja en combate.

Pese a que nadie niega la importancia de las demandas y posiciones que cualquiera de ellos puede exponer en la mesa, así como la trascendencia histórica de cada una de sus victimizaciones, la selección de estas primeras 12 víctimas terminó generando una controversia entre las propias víctimas y, por demás, entre actores políticos. Que la lista, por lo menos de la primera delegación, debió estar compuesta exclusivamente por víctimas de las Farc, que no se justifica la presencia de víctimas del paramilitarismo en la medida en que sus representantes no están en la mesa o que aceptar a víctimas del Estado es equiparar a las instituciones con la insurgencia, fueron algunos de los argumentos que se escucharon.

Mauricio Lizcano, senador del Partido de la U y víctima de las Farc tras los secuestros de su padre y su hermano, dice que “estamos de acuerdo con la escogencia de víctimas de las Farc, que representan varias victimizaciones de esa guerrilla. Sin embargo, habríamos preferido que, por lo menos en la primera comitiva, solo estuvieran víctimas de ese grupo. Resulta que detrás de la selección de víctimas subyacen hechos políticos y uno de ellos, con el que no estamos de acuerdo, es que al vincular a víctimas del Estado en este primer llamado, las instituciones legítimas terminaron equiparadas con las Farc, que son ilegítimas para el pueblo colombiano”.

Por su parte, el senador del Polo Iván Cepeda, quien defiende el derecho de las víctimas del Estado y el paramilitarismo a querer participar en la solución del conflicto, señala que “es hora de abandonar mentalidades restrictivas sobre este asunto. Argumentar que si se negocia el fin del conflicto con las Farc solo se debe incluir a sus víctimas es una visión unidimensional que olvida, precisamente, la tesis que convierte este hecho en histórico y es que el centro del debate deben ser las víctimas y no los victimarios. También es injusto pensar que por el hecho de que haya una ley de Justicia y Paz y una Ley de Víctimas, que no tienen ni tuvieron el alcance para garantizar los derechos de las víctimas, los problemas de estas víctimas no deben participar, pues ya se resolvió su situación. Eso no es ni un poco cierto”.

Desde la orilla de la Unidad de Víctimas, creada a partir de la misma Ley de Víctimas, su directora Paula Gaviria se declaró satisfecha con la presencia de Jorge Vásquez, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, y afirma que “los principios acordados por las partes para la discusión sobre las víctimas deben dar tranquilidad. Hay que evaluar, sobre los acuerdos a los que se llegue, que los derechos de ellas sean garantizados. Esa debe ser la preocupación. Ahora, hay que estar satisfechos con la representación de las regiones y de los distintos tipos de victimización. Nos parece importante el número de mujeres, el reconocimiento de los daños colectivos con la llegada de víctimas de las masacres de Bahía Portete y Bojayá, y la diferencia de edades entre los que fueron”.

Todos los actores involucrados coinciden en la trascendencia del empoderamiento que, paso a paso, van construyendo las víctimas. “Hace cinco o seis años era imposible que un proceso de negociación contara con las víctimas”, dice Lizcano. También, coinciden en que ese empoderamiento debe llevar a que las víctimas no se distingan por su victimario ni se les clasifique por su dolor y, además, en que es necesario que toda esta discusión lleve al arrepentimiento evidente de las partes en guerra.

Probablemente esta no sea la última discusión que conlleve la presencia de las víctimas en La Habana. Más adelante, a través del prisma de sus derechos, ellas sentarán posiciones en la polémica por la construcción del acuerdo sobre este punto, la definición de los mecanismos de justicia, el funcionamiento de la comisión de la verdad y por el resultado final del proceso de paz. Como dice la alta comisionada Navi Pillay, “si Colombia cumple con sus obligaciones de derechos humanos, dependerá no solo del grupo de mecanismos que decida aplicar a lo largo del proceso de negociación en La Habana, sino también de qué tan eficazmente los ponga en marcha”.

El debate ya produce efectos en esferas distintas a la de la mesa de conversaciones. Por ejemplo, en el Congreso, sectores como el Centro Democrático ya señalan al Gobierno de estar revictimizando a quienes han padecido el accionar de las Farc. Incluso, han clamado por la salida de la ONU y la Universidad Nacional de las funciones de elección de víctimas. En ese escenario, el control político y los mensajes en contra del proceso se incrementarán a un ritmo mucho más acelerado que las discusiones con las víctimas y la firma de un acuerdo que garantice sus derechos. De ello dependerá en buena medida que las víctimas avalen un eventual acuerdo de punto final y que eso se transforme en su refrendación mediante el voto popular.

Entre tanto, durante esta semana, Gobierno y Farc pondrán a funcionar subcomisiones que apunten a la discusión del último punto de la agenda, el de cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas; asuntos de género y otra, independiente, que trabaje la historia del conflicto y sus víctimas. Así, comienza la etapa en que los actores tendrán que demostrar la generosidad que exige acabar, y garantizar que no se repetirán, los horrores de la guerra.

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@CamiloSeguraA