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Comunidades indígenas siguen en riesgo

Según el documento que presenta hoy la Organización Nacional Indígena de Colombia, conflicto armado y desplazamiento forzado persisten como amenazas para las etnias.

Óscar Güesguán Serpa
25 de septiembre de 2014 - 04:14 a. m.
El conflicto armado ha dificultado el transporte de las comunidades indígenas. / Gustavo Torrijos - El Espectador
El conflicto armado ha dificultado el transporte de las comunidades indígenas. / Gustavo Torrijos - El Espectador
Foto: GUSTAVO TORRIJOS/EL ESPECTADOR - GUSTAVO TORRIJOS

El desplazamiento, entre mayo y junio, de los 2.819 miembros de la comunidad embera-dobida, en el Alto Baudó (Chocó), por los enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas, es una de las cifras más preocupantes del informe que presenta hoy la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y que da cuenta de la vulneración a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario de las que son víctimas estas comunidades.
Las amenazas, los atentados, los homicidios, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la tortura siguen siendo los flagelos más comunes en los territorios indígenas.

“Pese a las órdenes dadas por el Auto 004 de 2009, de la Corte Constitucional de Colombia, frente a la protección de al menos 64 pueblos indígenas en estado de alto riesgo de exterminio físico y cultural, por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado, el contexto de vulneraciones reafirma la ineficacia de las medidas de protección emitidas por instancias nacionales e internacionales a favor de los pueblos indígenas”, reza el documento.
Entre enero y septiembre, período que abarca el estudio, murieron diez personas “como consecuencia de asesinatos selectivos de líderes y lideresas por el accionar de fuerzas armadas”. Entre las víctimas están tres miembros del pueblo nasa (Cauca), dos del awá, dos del pueblo embera-chamí, dos más del embera-dobida y una del pueblo embera-eyábida.

Según la ONIC, estas personas habrían muerto por negarse a colaborar con grupos armados, denunciar violaciones de derechos humanos o tras recibir señalamientos infundados. Entre los perpetradores de dichos homicidios están las Águilas Negras, las Farc e incluso el Ejército Nacional.

Como si fuera poco, 36 líderes indígenas están amenazados y “pese a las acciones urgentes que se han emitido a las unidades encargadas para la protección de nuestros dirigentes, al día de hoy, nada se ha hecho para garantizar su vida y, por el contrario, se incrementó esta estrategia de silenciamiento”.
Asimismo, fueron registradas cuatro “amenazas colectivas” en contra de organizaciones indígenas correspondientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca y la Organización Indígena del Valle del Cauca, que fueron declarados objetivo militar por parte de las Águilas Negras y los Rastrojos del bloque militar Valle del Cauca, argumentando colaboración con la guerrilla y ser un obstáculo para la industrialización de la tierra.

La presencia de grupos ilegales y las Fuerzas Militares en territorio indígena sigue siendo causante del confinamiento de estas comunidades a las que se les niega el derecho a transitar libremente por vías y ríos generando “desabastecimiento alimentario y de salud, y sumen a los pueblos afectados en situaciones de total incomunicación durante períodos prolongados que pueden durar varios meses”. Por esta infracción al derecho internacional humanitario se han reportado 236 víctimas, sobre todo del pueblo wounaan, siendo el Ejército el principal perpetrador.

El pueblo nasa, en Cauca, ha sido uno de los más afectados por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales. Según el informe, 800 miembros de esta comunidad han resultado afectados, en los primeros nueve meses del año, por estas acciones bélicas.

“Ante este panorama la situación de los pueblos indígenas en gran parte es invisible ante instancias nacionales e internacionales, si a esto le sumamos la ineficaz intervención y la respuesta de las instituciones del Estado responsables de la atención a las víctimas y el silencio que deben guardar ante las represalias por posibles denuncias”.

Este informe se publica apenas cuatro días después de que se celebrara la primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas en Nueva York (EE.UU.), donde la Comisión Económica para América Latina (Cepal) presentó su informe “Pueblos Indígenas en América Latina”, donde se les exige a los gobiernos garantizar la participación de estas comunidades en un mundo interesado por la extracción de recursos naturales, un reto que por ahora parece lejano.

 

 

oguesguan@elespectador.com

@oscarguesguan

Por Óscar Güesguán Serpa

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