Concejal, con cuentas pendientes

Luis Enrique Gómez, actual vicepresidente del Concejo de Cali. / ‘Diario de Occidente’

Parece que Luis Enrique Gómez, actual vicepresidente del Concejo de Cali, aún no resuelve situaciones ligadas a su pasado como contratista de entidades públicas, algo que desde el año pasado tiene en jaque su curul. A pesar del silencio de los entes de control frente a la denuncia de la posible inhabilidad con la que Gómez llegó al Concejo, aparecen elementos que renuevan la queja: el edil tiene cuentas por legalizar ante una entidad pública que lo contrató años atrás.

Todo está relacionado con un contrato de obra que celebró en diciembre de 2008 con el Hospital Universitario del Valle (HUV), por casi $320 millones, para adecuar una sala de trasplante. A pesar de que la obra se debía entregar en tres meses, devolvió el contrato en octubre de 2010 sin haberlo ejecutado completamente, argumentando problemas de salud. Supuestamente, ese mes le autorizaron la liquidación del contrato, pero se legalizó mediante acta, en abril de 2011, es decir, seis meses después de dejar el contrato y seis meses antes de las elecciones.

Y aunque parecen dos fechas sin mayor relevancia, en su carrera política como concejal son trascendentales, pues de interpretarse que en abril de 2011 seguía vigente la relación contractual con el HUV significaría que el político estaba inhabilitado para lanzarse ese año al Concejo de Cali. La ley establece que para aspirar a un cargo de elección popular, el candidato no puede tener contratos con entidades públicas en el año previo a la elección.

Esta situación ha sido motivo de polémica en Cali desde el 2 de enero de 2012, cuando Gómez se posesionó para un período de cuatro años. Sus detractores señalan que el acta de abril de 2011 es la que legalmente pone fin a su condición de contratista y por eso debe ser destituido. Sin embargo, en medio de la polémica, el concejal se ha defendido diciendo que él no estaba inhabilitado porque la relación contractual con el HUV había finiquitado en octubre de 2010, justo un año antes de las elecciones.

En medio de la controversia, hoy aparecen nuevos elementos que en vez de aclarar la situación del concejal generan más dudas alrededor de la legalidad de su posesión y de sus cuentas. Se trata del anticipo de $90 millones que Gómez recibió del HUV para la obra. Al día de hoy, este dinero sigue sin ser legalizado. A pesar de que en el acta de liquidación dice que Gómez estaba a paz y salvo y que, incluso, tenía un saldo a favor de casi $14 millones, parece que esta liquidación fue aprobada sin que hubiera terminado de justificar el dinero que le entregaron como anticipo por los trabajos.

Las actuales directivas del hospital señalan que falta legalizar casi $67 millones del anticipo. Así lo confirma la respuesta a un derecho de petición firmado por el director general del Hospital Universitario del Valle, Jaime Ramón Rubiano Vinueza, quien agrega que, “de acuerdo con la información que reposa en los archivos de la entidad, el contratista sigue sin presentar la factura para legalizar el dinero”.

Según otro oficio del pasado 15 de marzo, firmado por José Alejandro Vallejo, jefe de la Oficina de Planeación del HUV, el hospital le ha solicitado telefónicamente al contratista el envío de la factura correspondiente al pago, pero a la fecha “el señor Gómez no ha presentado el documento correspondiente. Como medida adicional, se le enviará oficio para pedirle que presente el documento que falta”.

La respuesta quiere decir que, a pesar de que han pasado casi cinco años desde que el arquitecto Gómez recibió el dinero para el contrato de obra con el hospital, aún no está claro cómo gastó el dinero. Además de que, a pesar de que el contrato se liquidó de mutuo acuerdo, en el sistema contable de la entidad el concejal Gómez sigue con la cuenta pendiente.

De acuerdo con el Consejo de Estado, el anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para iniciar la obra. Es decir, es una especie de préstamo. “Lo más importante es que los valores que el contratista recibe como anticipo, los va amortizando en la proporción que vaya ejecutando el contrato, de ahí que se diga que los recibió en calidad de préstamo”.

Sin embargo, este préstamo sigue sin ser justificado por completo. La consecuencia para un contratista que no legalice el anticipo en el desarrollo de la obra es que se le congelan los siguientes pagos. Sin embargo, fue algo que en el caso del concejal Gómez no se hizo, ya que liquidó el contrato cuando apenas comenzaba el trabajo.

A esta situación se suma que el concejal hoy aparece en el boletín de deudores morosos del Estado, emitido por la Contaduría General de la República, con tres reportes de obligaciones diferentes con la Alcaldía de Cali. Es decir, tiene tres deudas por solucionar con esa administración municipal. Para completar, desde 2007 tiene una infracción de tránsito por $150.000 sin pagar.

El caso del concejal Luis Enrique Gómez sigue en manos de los organismos de control. De acuerdo con la Procuraduría, el proceso está en segunda instancia, en la que el ente disciplinario tendrá la tarea de determinar si realmente estaba o no inhabilitado, y de esta forma poner fin a la controversia. Por ahora, permanecen las dudas frente al vicepresidente del Concejo de Cali, quien sigue ejerciendo con tranquilidad.