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El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; el representante del alto comisionado de Naciones Unidas, Todd Howland, y el padre Francisco de Roux, son los tres mediadores de alto nivel que se reunirían mañana en Santander de Quilichao (norte del Cauca) con las autoridades indígenas para bajarle la temperatura a la movilización y abonar el terreno de cara a la negociación con el Gobierno Nacional.
Hasta ahora son ocho las fincas que las comunidades indígenas del norte del Cauca se han tomado, en una iniciativa denominada Liberación de la Madre Tierra. Dichos predios, que suman más de 6 mil hectáreas, están ubicados en los municipios de Corinto, Caloto y Santander de Quilichao.
No obstante la presencia de los tres garantes, la tensión en el norte del Cauca sube de tono. Aunque en las últimas horas han cesado las confrontaciones entre indígenas y Fuerza Pública, otro ingrediente entró al campo de confrontación: grupos de seguridad privada de los ingenios.
El lunes pasado, ese fue el detonante para que las autoridades tradicionales decidieran no viajar a Bogotá para reunirse con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues horas antes de partir, el indígena Yimmi Cuetia, de 27 años, resultó herido después de que uno de los hombres del grupo de seguridad del Ingenio del Cauca le disparara con su guacharaca, aseguró Héctor Fabio Nicué, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
En respuesta a este hecho, la empresa azucarera le dijo a Mauricio Redondo, defensor del Pueblo del departamento, que “se hizo uso de un arma de fuego tendiente a salvaguardar el patrimonio que al parecer estaba siendo arbitrado por parte de algunos de los comuneros ubicados en la zona de Corinto”, reseñó.
A pesar del ambiente, los indígenas nasas han decidido continuar en las tierras planas tomadas desde diciembre pasado, según Nicué, “hasta que el Gobierno cumpla el compromiso de entregarnos 5 mil hectáreas por año, durante los próximos cuatro años del presidente Santos”.
Petición que está muy lejos de la propuesta del Gobierno Nacional, pues este ha mencionado que entregaría solo 4 mil hectáreas y que lo haría en la vigencia 2016. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo ayer que el Ejecutivo está abierto al diálogo con estas comunidades. Recordó que este Gobierno, como ningún otro, ha avanzado en el reconocimiento de los pueblos aborígenes. Sin embargo, hizo énfasis en que “el Gobierno no va a tolerar la invasión ilegal a predios que tienen legítimos propietarios en el norte del Cauca”.
La toma más reciente fue a la hacienda La Emperatriz, que se ubica justo al lado de la hacienda El Nilo, donde en 1991 grupos paramilitares con complicidad de la Fuerza Pública asesinaron a 21 comuneros. Está en el municipio de Caloto y pertenece a la señora Miriam Saavedra de Jaramillo. En esa finca, según el exparamilitar Orlando Villa Zapata, alias Comandante Rubén, el 16 de diciembre de 1991 se hicieron las reuniones para decidir la fecha y forma cómo se iba a ejecutar a los indígenas nasas.
Las otras fincas tomadas por los indígenas están en Santander de Quilichao, y son: El Japio (sembrada de eucalipto de la empresa Smurfit Cartón Colombia); San Vicente (sembrada de caña de azúcar) y Las Pirámides (tierra para pastoreo y caña). Estos predios son de propiedad privada y suman alrededor de 5 mil hectáreas. Mientras tanto, en Corinto, los predios invadidos son: Granadita, Quebrada Seca, García Arriba y Miraflores, que suman un total de 1.500 hectáreas, y ahí se asientan los ingenios Mayagüez y del Cauca.
Por lo pronto, la zona permanece custodiada por 668 uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, institución que ayer reportó que las confrontaciones hasta la fecha dejan 75 indígenas y 60 uniformados heridos, 19 vehículos pinchados, un vehículo incinerado, 301 hectáreas de cultivos de caña quemadas, 20 vehículos afectados por lanzamiento de piedras a la vía Panamericana, daños a tubos de acueducto de Corinto, desvío del cauce del río Paila y tala indiscriminada de árboles.
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