Hay polémica entre autoridades municipales, ambientalistas y geólogos por el nivel de riesgo que representa el volcán Guacharacos, en Ibagué, donde las constructoras F.J.P.S.A. y El Pomar pretenden desarrollar dos proyectos de vivienda, Las Juanas y La Aldea.
Mientras el director del Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, Eduardo Rodríguez, manifiesta que el volcán está inactivo y no representa mayor riesgo para la ciudad, la geóloga Gloria Beltrán asegura que un volcán dormido no está muerto y no se puede predecir si se va a activar en algunos años.
Para Beltrán, el volcán presenta varios elementos preocupantes, entre ellos la falla de Ibagué, que por profundidad y actividad facilitaría el ascenso del magma. “Las autoridades deben tomar medidas para reducir riesgos, porque, aunque no todos los riesgos están destinados a producir desastres, los podemos evitar” advierte.
Después de la denuncia hecha por la emisora Ecos del Combeima, y por estas divergencias, el Ministerio del Medio Ambiente les pidió al Servicio Geológico Colombiano y la Alcaldía de Ibagué que adelanten los estudios de caracterización del volcán Guacharacos, pues se desconoce el nivel de riesgo y además no ha podido ser incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
Según el coordinador del Grupo de Ordenamiento Ambiental del Minambiente, Luis Alfonso Sierra, es necesario aclarar los niveles de riesgo, tomar medidas de mitigación y otros parámetros que permitan determinar si la zona es viable para desarrollar dos proyectos de vivienda campestre en sus laderas.
La directora técnica del Sistema Geológico Colombiano, Marta Calvache, señala que en el Estado hay una restricción económica que impide realizar este tipo de estudios, sobre todo en volcanes como este, jóvenes y monogenéticos (de una erupción). Precisa, que se está dando prioridad a otros, como el Machín, Tolima y el Ruiz, que son volcanes activos, y agrega que Ibagué es una ciudad con una amenaza sísmica alta e inestabilidad en la cuenca del río Combeima, pero no por eso se dejan de hacer urbanizaciones. “Aquí hay que tomar decisiones de tipo político. Por ejemplo, Ibagué no cuenta con un código de construcción propia, y debería tenerlo. Con eso podría fijar parámetros para construcción de viviendas sismorresistentes y mitigar riesgos”.
¿Cómo van los proyectos?
Actualmente, los proyectos se encuentran suspendidos, pero en ningún caso por prevención de riesgos, sino por problemas relacionados con las licencias de construcción. A uno de ellos, denominado Las Juanas, que pretende construir 27 casas campestres, le fue otorgada la licencia urbanística por la Curaduría 2 de Ibagué, en cabeza de Greissman Cifuentes Silva, pero la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) suspendió el desarrollo de las obras porque encontró que se estaba realizando intervención de cauces y drenajes sin los permisos ambientales pertinentes. No obstante, una vez obtenidos los trabajos podrán continuar.
El arquitecto y curador Manuel Antonio Medina Espinosa, que tiene en sus manos el segundo proyecto, La Aldea, de la constructora El Pomar, que planea levantar 90 casas, se abstuvo de emitir licencia porque encontró dificultades que le notificó a la administración municipal: el volcán no aparece en la cartografía del municipio, ni ha sido incluido en el POT, que además no es claro cuando se refiere al uso del suelo rural.
Sin embargo, Javier Humberto Arbeláez, arquitecto de la constructora El Pomar, afirma que se han realizado los estudios pertinentes y determinado que el sector no representa amenaza. Señala que es más adecuado que se levante una construcción para que no se invada el espacio. Arbeláez era secretario de Planeación en el año 2000 y fue autor del POT que tampoco incluyó el volcán.
“El volcán está, pero es como si no existiera, no tiene una identidad”, dice Medina, quien agrega que, a raíz de sus observaciones, el secretario de Planeación, Guillermo Clavijo, les ordenó a los curadores urbanos no otorgar licencias de parcelación para vivienda campestre en suelo rural, “hasta tanto se realice por parte de la Secretaría la identificación y delimitación precisa de las áreas destinadas a parcelación de vivienda permanente y/o campestre con la definición de la norma urbanística precisa”.
Según el secretario de Planeación, no puede hacerse la inclusión de este volcán en el POT y menos se pueden tomar medidas de medición de riesgo cuando ni siquiera está identificado por el Sistema Geológico Colombiano.
El personero de Ibagué, Isaac Vargas, a través de una carta a la Alcaldía, expresó que es penoso que catorce años después de que se evidenciara la existencia de este volcán no haya sido incluido en las políticas de prevención de riesgos.
Asimismo dice que, en una tesis de la Universidad de Caldas, el geólogo David Galindo y el profesor Carlos Borrero lograron que el volcán fuera incluido en el Atlas Colombiano, pero tampoco se tomaron medidas por parte del municipio en el nuevo POT.
“Todo lo anterior deja en evidencia la falta de prevención y genera preocupación para este ente de control”, dice el personero, y agrega que la situación se hace más gravosa si se tiene en cuenta que el terreno en el cual se pretenden construir viviendas es zona de alto riesgo por remoción en masa, y, pese a no existir estudios de la actividad vulcanológica de éste, ni de su peligrosidad, no quiere decir que no se genere algún tipo de peligro.
El funcionario señala que Cortolima debe acudir al principio de precaución y que se necesita con carácter urgente tomar medidas de prevención de desastres, así como reglamentar y reconocer la existencia del volcán Guacharacos en el POT, y de la misma forma se garantice la conservación del medio ambiente protegiendo los cerros tutelares.