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Una tutela interpuesta la semana pasada por Ecopetrol ante el Consejo de Estado suspendió la jornada de votaciones de la consulta popular programada para el domingo pasado en Monterrey (Casanare). El hecho tomó por sorpresa a los habitantes del municipio que durante cuatro meses habían gestionado a través de la Alcaldía la jornada de participación con la que le dejarían claro al país si quieren o no que futuros proyectos petroleros realicen actividades sísmicas en el área donde nace el río Túa, zona de recarga hídrica de la región.
Pero Ecopetrol se adelantó a las votaciones y con una tutela le pidió al Consejo de Estado cancelar la jornada. En sus argumentos aseguró que la consulta es “ilegal e inconstitucional”, afirmando además que “vulnera los derechos al debido proceso y al trabajo”.
La empresa le indicó al alto tribunal que la consulta le ocasiona un perjuicio directo, ya que firmó con el Estado un contrato para ejecutar el proyecto Odisea (con obligaciones contractuales por $57.000 millones) que requiere su presencia en las veredas que los ciudadanos quieren blindar de actividades extractivas.
Mientras Eduardo Ballesteros, alcalde del Municipio, dice que a pesar del ambiente de desmotivación que generó la noticia en Monterrey él acató la suspensión ordenada por el Consejo de Estado y ahora espera la respuesta del tribunal para darle cumplimiento, Carolina Pérez, ecóloga y una de las líderes de la consulta, espera que el tibunal priorice los derechos colectivos sobre los de la empresa. “Confiamos en que la tutela no prospere y que nos definan una nueva fecha para la consulta”, dice.
El abogado César Rodríguez, de De Justicia, aclaró que la suspensión de la consulta fue una medida provisional que tomó el tribunal mientras estudia la tutela de Ecopetrol así que aún hace falta un “fallo de fondo” en que, cree, se tendrá que recurrir a la última consideración de la Corte Constitucional frente a este tema.
“La Corte no ha prohibido hacer consultas populares para tomar decisiones frente a actividades extractivas, lo que sí pidió es que las empresas y la Nación deberán llegar a acuerdos con los gobiernos locales frente a los próximos proyectos que los afecten. Además estas consultas tienen que ver sobre todo con el uso del agua y no con el uso del subsuelo y el uso del agua es competencia de los municipios de tal manera que en el caso Monterrey no hay impedimento para hacer la consulta”.
Al revisar los argumentos de Ecopetrol, Rodríguez considera que es “débil” insistir en que se está vulnerando el derecho al trabajo. “Cualquier persona podría decir que un alza en los impuestos le está violando el derecho al trabajo porque no puede contratar a nadie más ya que no le alcanza la plata, o si yo quiero construir una oficina en un lugar que el Estado ha identificado como suelos residenciales pues podría decir que me están violando el derecho al trabajo por no poder montar mi empresa. En el caso de Ecopetrol, ¿entonces podríamos decir ellos tienen el derecho a realizar una actividad que contamina porque están generando empleo?”
Por ley, el Consejo tiene 10 días para pronunciarse sobre la tutela de Ecopetrol y definir si reprogramará o no la consulta suspendida en Monterrey en la que esperaban participar 10.000 ciudadanos.