Contra el estereotipo del habitante de calle

Ese alto tribunal tumbó la norma que señalaba como condición inherente al habitante de calle el haber “roto vínculos con su entorno familiar”.

El 12 de julio de 2013 el Congreso expidió la Ley 1641 de ese mismo año “por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”. En esta, el Legislativo dispuso que desde entonces se iba a considerar un habitante de calle a aquella persona “sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y que ha roto vínculos con su entorno familiar”.

No obstante, el aparte final de la norma fue demandada por dos mujeres porque, en su criterio, este aparte planteaba “un trato discriminatorio para los habitantes de calle que conservan vínculos con sus familias respecto a aquellos que no los tienen”. El Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF y la Procuraduría estuvieron de acuerdo. El Ministerio Público, por ejemplo, insistió en que el hecho de que un habitante de la calle tenga familia y la visite con alguna frecuencia no implicaba que este “deje de estar en esa particular y lamentable situación de vida”. Ahora, la Corte Constitucional acaba de darles la razón.

De acuerdo con el alto tribunal, “al contemplar como parte de la definición de habitante de la calle la exigencia de haber roto vínculos con el entorno familiar, distingue, injustificada e inconstitucionalmente, entre personas merecedoras de protección, pues propicia la privación de los beneficios derivados de las respectivas políticas públicas a quienes, aun habitando en la calle, mantienen algún nexo con sus familiares”.

En su criterio, esto reduce el ámbito de la protección y releva al Estado de prestarla a la totalidad de quienes la merecen, “obligación que, de acuerdo con el principio de solidaridad, puede cumplir en concurrencia con la sociedad y la familia, supuesto que ésta se encuentre en condiciones de prestar alguna ayuda”.

Igualmente, la Corte reiteró que “la pobreza de quienes viven en la calle es altamente lesiva del derecho a la igualdad y de la dignidad humana” y llamó la atención acerca “de que, más allá del plano individual, la Constitución se refiere a la protección de grupos, lo que pone de manifiesto la existencia de desigualdades y de discriminaciones estructurales”, por lo que no hay que considerar caso por caso sino al grupo en su totalidad.

Y que, igualmente, “la actuación estatal no consiste primordialmente en atender caso por caso, sino en atacar las causas reales de la injusticia y la discriminación a partir de la consideración del grupo social que padece las consecuencias de la marginación, conforme lo exige el mandato de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados y de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”.

La conclusión fue clara: “Son las condiciones precarias de existencia las que, de conformidad con los criterios materiales previstos en la Constitución, tienen incidencia decisiva en la definición de los grupos vulnerables y merecedores de protección y, si bien es cierto que hay otros factores enunciados en la Carta, dentro de ellos no se encuentra lo relativo a la clase de nexo que las personas integrantes de esto grupos vulnerables tienen con sus familias de origen”.