Contraloría abre procesos fiscales por caso de "niños fantasmas"

El presunto detrimento fiscal en educación asciende a 194.219 millones de pesos.

Mérito para abrir procesos de responsabilidad fiscal por 194.219 millones de pesos contra dos exgobernadores y 13 exalcaldes por alumnos inexistentes o conocidos como “niños fantasmas”, encontró la Contraloría General de la República.

El proceso también involucra a los exsecretarios de Educación de los departamentos de Casanare y la Guajira y de los municipios de Yopal, Riohacha, Uribia, Apartadó, Turbo, Buenaventura, Jamundí, Magangué, Malambo, Soledad, Tumaco, Ipiales y Girón, dcie el informe de prensa de la entidad de control de las finanzas públicas.

Según la Contraloría, el caso se refiere a la vigencia fiscal de 2011 y cobija a entidades territoriales certificadas en educación, en las cuales el Estado giró recursos del Sistema General de Participación-educación, calculándose un presunto detrimento patrimonial por valor de 194.219.036.160 pesos.

En este caso, se identificó la inexistencia de 97.384 niños, cifra equivalente al 13.3% del total de matricula reportada por las gobernaciones y alcaldías comprometidas.

En el informe de prensa, la Contraloría General manifestó que con la actuación desplegada por los agentes públicos, presuntamente se vulneró el principio de eficiencia al no desplegar las acciones tendientes para la verificación en sitio de los alumnos matriculados en cada establecimiento educativo.

Asimismo, la vulneración del principio de economía, “pues con ocasión de lo anterior, se contrató el servicio educativo con entidades privadas para alumnos, que las entidades públicas podían suplir”.

La decisión fue tomada por la Contralora Intersectorial #4 de la Unidad Especial Anticorrupción, Lina María Tamayo Berrío, quien recordó que la educación es un derecho de todas las personas, “configurándose de esta forma en un servicio público que su propósito primordial es la búsqueda del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, formando a los ciudadanos para el respeto y ejercicio de los derechos humanos y de la paz”.

Para la contralora Delegada, es claro que con la actuación desarrollada por los agentes públicos presuntamente “se vulneró el principio de eficiencia al no desplegar las acciones tendientes para la verificación en sitio de los alumnos matriculados en cada establecimiento educativo, así como la vulneración del principio de economía pues con ocasión de lo anterior, se contrató el servicio educativo con entidades privadas para alumnos, que las entidades públicas podían suplir”, remarca el informe de prensa.