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Nacional 30 Jun 2013 - 9:00 pm

Proceso de Paz

Crisis en el Catatumbo: la chispa es la erradicación

Desde El Tarra hasta Ocaña, una mirada al rastro de la violencia, cada vez más degradada por el cultivo de coca, y por qué la necesidad de una Zona de Reserva Campesina.

Por: Alfredo Molano Bravo
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Los campesinos del Catatumbo continúan con sus protestas y en huelga.

El pueblo de El Tarra fue una de las avanzadas armadas de la Colpet contra los Bari para construir el primer oleoducto a finales de los años 30. Hoy tiene unos 13.000 habitantes, 8.000 de los cuales viven en las veredas y cultivan maíz, fríjol y, por supuesto, coca.

En la calle principal el Ejército tiene un fuerte que apunta a la plaza. La gente ha pedido, con base en el DIH, que la fuerza salga de la población puesto que desde las garitas se ha disparado a la población civil con saldos trágicos. La Defensoría tiene informes detallados sobre estas arbitrariedades, que sin duda reposan en los archivos del SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo).

El Tarra ha sido uno de los epicentros de organizaciones campesinas que desde hace unos cinco años proponen la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), figura creada por la Ley 160 de 1994. La administración de Álvaro Uribe archivó la solicitud, mientras aumentaba la erradicación forzada de cultivos de coca por parte de grupos civiles vigilados por la Fuerza Pública, lo que no ha hecho más que trasladar los cultivos de la zona, al punto de que se siembra casi al mismo ritmo de la erradicación con efectos perversos sobre la conservación de la selva, que fue hace apenas unos años uno de los nacederos de aguas que aumentan el caudal del río Catatumbo.

Como en otras regiones, la erradicación forzosa, bien manual o bien por fumigación aérea, obliga a los campesinos a desplazarse y a dejar sus mejoras a los acreedores que las concentran como haciendas ganaderas. En Filo Gringo se ven los potreros ganaderos de un lado y los cultivos de coca, protegidos por la selva y entremezclados con cultivos legales. Sobraría decir que la región fue uno de los blancos de la invasión paramilitar protegida por la Fuerza Pública en 1999.

A unas horas de El Tarra se abre el valle plano del río Catatumbo, donde hay hoy grandes plantaciones de palma africana. La historia de esta modalidad de explotación agroindustrial es simple y está precedida de lo que Salvatore Mancuso calificó como un capítulo doloroso para el país.

Según Verdad Abierta, citando testimonios de altos oficiales que fueron procesados, a mediados de 1999 en una reunión con dos generales, Carlos Castaño y Mancuso, se planeó la Operación Catatumbo, cuyo objetivo era tomarse el pueblo de La Gabarra, considerado un centro del narcotráfico controlado por las Farc.

Con la protección del Ejército, salieron en seis camiones de un punto cercano a Montería 200 unidades de las (Autodefensas Campesinas de Colombia) AUCC, atravesaron cinco departamentos sin ser detenidos por la Fuerza Pública y llegaron a Sardinata, Norte de Santander. En Suavo combatieron con una avanzada de la guerrilla y luego se tomaron Tibú, donde cometieron la primera masacre de siete personas en la plaza principal; más tarde llegaron a La Gabarra, donde realizaron la segunda gran masacre: 35 habitantes fueron asesinados.

A partir de entonces el orden público quedó en sus manos. “Sólo en el primer año de incursión hubo 800 civiles asesinados, muchos en masacres; un número incierto de desaparecidos, y al menos 20.000 desplazados”. Desplazados de las tierras que ocuparon testaferros. El entonces embajador de EE.UU. en Colombia, Curtis Kamman, mostró su preocupación por lo sucedido: “Argumentando tener pocos recursos y demasiadas misiones –anotó–, la unidad del Ejército local se negó a combatir a los paramilitares en esa área”. Y a renglón seguido anotó: “La oficina del vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército se pusieron brazaletes de las Auc y participaron activamente en las mismas masacres... ¿Cómo pueden ocurrir siete masacres en las narices de varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad?”.

El objetivo en principio era apoderarse de un territorio de producción y procesamiento de coca, pero a medida que el tiempo pasó y que se asistió a la entrega de los jefes paramilitares, el verdadero motivo salió a flote: adquirir a muy bajos precios tierras abandonadas por campesinos y finqueros en una zona privilegiada por la calidad del suelo, la humedad, la exposición solar, la cercanía de mercados y, para completar, limpia de guerrilla.

No se puede negar la lucidez de quienes lo planearon. Hoy habría unas 20.000 hectáreas en palma y una gran planta extractora; si todo sigue así, en dos años se construirá la segunda planta para procesar la fruta que produzcan 50.000 hectáreas.

Para asegurar el orden público que permita tal desarrollo, el gobierno de Uribe creó la zona de consolidación, una figura en la que todos los programas institucionales están bajo el mando militar. No sé si los cálculos de producción estaban fundados en la reelección de Uribe, pero una vez se posesionó como presidente de la República Juan Manuel Santos, resurgieron las ZRC al reconocer la personería jurídica a la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra y asistir el gerente de Incoder, Juan Manuel Ospina, al primer congreso de ZRC que Uribe había criminalizado como repúblicas independientes y áreas de retaguardia de las Farc.

A partir de entonces ha habido dos congresos más y el número de solicitudes de conformación de ZRC pasó de ocho a más de 50. Una de las regiones donde esta figura legal ha conseguido más apoyo es el Catatumbo. Desde hace tres años las organizaciones campesinas de la región han realizado los trámites legales para ser reconocidas como ZRC en un área cercana a 300.000 hectáreas.

El Incoder ha estado interesado, pero el trámite ha sido paralizado por los militares con la tesis de que es un área de frontera que pondría en peligro la seguridad nacional, tesis reforzada por el alto gobierno con el argumento de que la iniciativa forma parte de la estrategia de negociación de las Farc en La Habana. Santos declaró hace poco que el hecho de que los negociadores de la guerrilla se hayan solidarizado con el movimiento prueba la infiltración de la guerrilla. Sólo le faltó agregar que el hecho de ser un paro decretado en Catatumbo prueba que Pablo Catatumbo lo dirige.

La chispa que encendió la hoguera fueron los operativos de erradicación de coca en la región. La razón es sencilla, según los dirigentes del paro: no hay otro cultivo posible que permita al campesino sobrevivir. Por ello se comprometen, a cambio de la declaratoria de ZRC, a contribuir a la erradicación. Para ellos una ZRC no es sólo un área donde no puede haber concentración de tierra –peligro representado por la expansión de la palma africana–, sino también el desarrollo de programas institucionales de crédito, asistencia técnica, riego, salud, educación y titulación de predios. La situación no deja de ser paradójica: los campesinos piden el cambio de una economía ilegal por una legal protegida como propiedad privada con la figura creada por una ley, como es la ZRC.

Con el desarrollo del movimiento, el orden público se ha complicado porque los manifestantes no tienen herramienta de protesta distinta al bloqueo de las vías públicas. La respuesta del Gobierno ha sido la represión militar y policial y el resultado, como el país lo sabe: cuatro muertos y numerosos heridos a bala.

Podrá ser una coincidencia, pero el hecho escueto es que aprobado el fuero, la Fuerza Pública ha hecho uso de la nueva figura del “blanco legítimo”. Lucho Garzón fue nombrado cabeza del equipo negociador, que pone como condición que el movimiento despeje las vías, en particular las que rodean a Ocaña, el lugar donde hace tres años tuvieron lugar los falsos positivos. Serán paradojas, pero paradojas que no carecen de significación.

Invitación en El Catatumbo

El presidente Juan Manuel Santos (foto) invitó a los campesinos del Catatumbo a una reunión en Bogotá, el próximo martes, para buscar una salida a la crisis que vive la región desde hace más de 15 días, cuando entró en paro. Santos insistió en que el diálogo es fundamental y lo asoció al proceso de paz que se está desarrollando en La Habana.

Los campesinos, por su parte, según afirmó José del Carmen Abril, uno de los representantes de la Ascamcat, dicen que el anuncio dado por el jefe de Estado, por los medios de comunicación, no ha sido dirigido de manera directa al campesinado, que no conoce los detalles ni la metodología que se implementaría en dicho encuentro. 

Sin embargo, Abril sostiene que si la mitad más uno de los 14.000 participantes en la protesta está de acuerdo con la reunión, se podría abrir la posibilidad de diálogo. 

DESDE HACE TRES AÑOS LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS HAN REALIZADO LOS TRÁMITES LEGALES PARA SER RECONOCIDAS COMO ZRC EN UN ÁREA CERCANA A 300.000 HECTÁREAS.

A MEDIADOS DE 1999, EN UNA REUNIÓN CON DOS GENERALES,  SE PLANEÓ LA OPERACIÓN CATATUMBO, CUYO OBJETIVO ERA TOMARSE EL PUEBLO DE LA GABARRA, CONSIDERADO UN CENTRO DEL NARCOTRÁFICO.

SOLO EN EL PRIMER AÑO DE INCURSIÓN HUBO 800 CIVILES ASESINADOS, MUCHOS EN MASACRES; UN NÚMERO INCIERTO DE DESAPARECIDOS,  Y AL MENOS 20.000 DESPLAZADOS.

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