Cruda realidad de Orito, Putumayo

Uno de los derrames de crudo en San Miguel, Putumayo, municipio fronterizo con Ecuador. / Fotos: Óscar Güesguán Serpa

La punta del campanario de la iglesia es lo único que sobresale de Orito, Putumayo, visto desde el aire. El resto son techos de zinc oxidados distribuidos en medio de la selva. A esas casas, ríos, carreteras de trocha y familias conformadas, en su mayoría, por pobladores y trabajadores de las petroleras, se reduce el progreso de la extracción de crudo en esa zona del departamento.

Los oritenses nacieron en una tierra apta para el cultivo de coca y con petróleo, recursos que generan, en la misma medida, ganancias, guerra, daños en el medio ambiente y pobreza.

Aun siendo testigos de esta realidad —en las noches se escucha el zumbido de los aviones de las fuerza militares, los estruendos de los atentados contra los oleoducto se oyen a diario, la situación de orden público es crítica—, el deseo por mostrar “la buena cara del municipio” es sorprendente. “¿Sí ve que acá no es como todo el mundo cree? Todo piensan que es como en Irak. Por allá yo si no iría”, dice una lugareña.

Los ataques de la subversión contra la infraestructura petrolera en 2013 llegaron a 251. Según el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, la producción de crudo se redujo en promedio 16.000 barriles diarios. Mientras que en lo corrido de 2014, de los 46.000 barriles que se han dejado, el 58% tiene que ver con esta misma causa.

“Estos atentados derivan en menores ingresos para el Estado en forma de regalías (…) Por ejemplo, las voladuras del oleoducto Caño Limón comprometen cerca de 65.000 barriles día. Significa que el Sistema General de Regalías pierde $2.170 millones de regalías por cada día que esté inhabilitado el oleoducto”, dice Acosta.

Según informa Andrés Pavia, director de seguridad industrial y medio ambiente de Ecopetrol, “en 2013, en Orito, debido a los atentados, las empresas productoras perdieron más de 100.000 barriles y en lo corrido de 2014 ya se han perdido 20.521 galones”.

Sin embargo, las más afectadas no son las petroleras. La preocupación de las comunidades que habitan la zona es evidente, Carmen García, anciana del cabildo indígena Pilt Kwazi de la comunidad awá, asegura que los problemas en su piel son producto de los gases y el humo que generó un atentado en la vía que de Orito conduce a La Hormiga: “Afecta nuestro organismo. Vivimos enfermos. Tengo hinchada la vista”.

La casa de Carmen está ubicada a un costado de la carretera y de uno de los oleoductos. En Putumayo, estos tubos, que alcanzan un diámetro de 19 pulgadas, hacen parte del paisaje, están siempre a la vista, recuerdan la presencia del hidrocarburo, pero también el peligro de que pase frente a las casas.

Este hecho suscita una polémica entre los habitantes de la zona y las empresas: las petroleras aseguran que tienen por ley un derecho a vía de cerca de 12 metros para los conductores del crudo, es decir, que las casas están invadiendo ese terreno. Por su parte, las comunidades, entre las que se cuentan cabildos indígenas, dicen estar en sus territorios y por supuesto no van a salir de allí.

Mientras las primeras piden que se respete su derecho a vía, las segundas piden que el tubo vaya bajo tierra, “porque nos afecta. No podemos dormir tranquilos porque puede haber una explosión y nos toca salir corriendo”, asegura Carmen.

Sin embargo no es una solución viable para Ecopetrol. Cifras de la empresa demuestran que hacerlo implica una inversión que puede llegar a los $2.000 millones por kilómetro de tubería enterrada y no garantiza el fin de los atentados, pues en el caso de Caño Limón-Coveñas, a pesar de que está enterrado, los guerrilleros excavan y ponen los explosivos.

Impacto en los ecosistemas

Uno de los recursos principales para el procesamiento de la hoja de coca es el crudo. La riqueza hídrica y la de hidrocarburo en el departamento son fundamentales para la producción de esta droga, pero también para que en ese proceso se genere un impacto ambiental aún incalculado.

“Dado que Putumayo y Nariño son los dos departamentos con mayor producción de hoja de coca (y cocaína), no sorprende que la guerrilla recurra permanentemente a acciones para obtener petróleo y gasolina”, dice Daniel Mejía, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la U. de los Andes.

En los procesos para producir la droga se utilizan piscinas sin impermeabilizar para depositar el crudo robado, por lo general se usa menos del 30%. En 2014 se han instalado cerca de 350 válvulas (por cada una se pueden instalar seis refinerías ilegales) y el costo de la reparación de cada una es de $90 millones.

Los atentados y la producción cocalera pasan factura al medio ambiente. El derrame de crudo tienen antecedentes históricos allí. Los daños a largo plazo que esto puede ocasionar son la desaparición de especies y afectación de actividades como la pesca.

Pavia explica los principales riesgos de que el crudo llegue a los ríos: “Cuando se riega crudo en el agua algunos compuestos tapan la superficie y no dejan que haya transferencia de oxígeno al agua, entonces los seres vivientes del río no pueden respirar”.

Ilder Antonio Cuéllar, líder comunal del Yarumo, asegura que el consumo de pescado se ve afectado hasta por seis meses, pues los pescados que sobreviven no son aptos para el consumo.

Aunque los ecosistemas podrían tolerar hasta cierto punto el vertimiento del hidrocarburo, gracias a que los microorganismos del agua podrían descomponerlo, la frecuencia con la que se vierte en Putumayo descarta esa posibilidad dice Thomas Walfchburguer, director científico de The Nature Conservancy.

La respuesta a por qué el Estado, las FF.MM., las instituciones y el Gobierno no se interesan por un problema que no es reciente y por el cual se ven afectados la población civil y el medio ambiente es obvia para Mejía: “Porque allí no hay votos”.

oguesguan@elespectador.com

@oscarguesguan