Las casas de pique, las redes de microtráfico, la extorsión, el desplazamiento, la desaparición forzada y la fatídica guerra que por más de 10 años han sostenido los Rastrojos y los Urabeños –hoy llamados la Empresa y el clan Úsuga– son algunos de los males que tienen a Buenaventura en una grave crisis social. Los esfuerzos de las autoridades por reducir los índices de criminalidad no han dado hasta ahora grandes resultados y el reto del próximo alcalde será lograr un equilibrio en temas de seguridad y desarrollo social.
Buenaventura tomó especial relevancia para la Fiscalía en 2013, cuando se decidió crear una estrategia para priorizar y analizar las graves violaciones de derechos humanos que se estaban presentando. Según las directivas del ente investigador, un plan de acción que fue asesorado y liderado por el sancionado juez español Baltasar Garzón, a quien la Fiscalía le entregó tres contratos por $1.380 millones a través de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, para establecer lineamientos en investigaciones de macrocriminalidad.
Se decidió entonces, entre la Fiscalía y la fundación, que el plan piloto sería Buenaventura. Se aumentó el personal de 42 a 83 funcionarios. Se estableció un grupo especializado para adelantar 363 investigaciones de desaparición forzada –83 casos están priorizados–, en las que se ha ordenado la captura de 25 personas entre 2014 y el primer semestre de 2015. Asimismo, se trazó la búsqueda de fosas comunes en los barrios Doce de Octubre, El Progreso, Ventorrillo, El Ruiz y Caldas, donde se hallaron once sitios con restos humanos. Pero, según los reportes de la Fiscalía, hasta el momento no se ha emitido condena alguna.
Dentro de la estrategia del ente investigador se designó también a fiscales especializados para priorizar casos de violencia de género, desplazamiento forzado y homicidios. Sobre este último crimen se descubrió una nueva modalidad denominada casas de pique. El ente investigador privilegió esas investigaciones y, según los registros, en 2014 se presentaron 13 casos en los que fueron desmembrados 17 pobladores. Más de 37 personas resultaron vinculadas a los procesos, entre ellas siete menores de edad. Las autoridades establecieron responsables en 10 de los casos.
Las casas de pique son la prueba de la cruenta guerra por el control del puerto entre la Empresa y el clan Úsuga. Las viviendas en los barrios de bajamar se convirtieron en escenarios de descuartizamientos. La Empresa, según la Fiscalía, es la banda criminal que más ha realizado esta práctica, al punto de que alrededor de 25 de sus integrantes han sido procesados por estos hechos. El caso conocido como el de los “lancheros” fue el que más conmocionó a los bonaverenses. Los cuerpos de John Cuero y los esposos Marisol Arboleda y Omar Angulo fueron hallados descuartizados en el sector La Playita en febrero de 2014, porque al parecer no pagaron una vacuna. Una de las particularidades es que alias Chinga, un menor de edad que comandaba un reducto de la Empresa, fue quien ordenó éste y otro crimen similar. Así se los contó a las autoridades otro menor de edad que está colaborando con la justicia y que participó en los hechos.
El clan Úsuga tampoco se queda atrás. Para la Fiscalía, alrededor de 15 de sus miembros fueron los responsables del crimen atroz de Tatiana Parra, alias Sol, una joven a quien picaron con un machete en una casa de bajamar, en abril de 2014, por supuestamente ser colaboradora de la Empresa. Según cifras de las autoridades, en 2014 fueron capturados 241 miembros de estas bandas criminales –147 del clan Úsuga y 94 de la Empresa– y durante 2014 y el primer trimestre de 2015 se emitieron 109 condenas por delitos relacionados con el orden público y narcotráfico. Sin embargo, la mayoría de las sentencias son por porte y tráfico ilegal de estupefacientes y armas, y no por secuestros, desapariciones y desplazamientos.
Los retos para combatir la criminalidad en Buenaventura son enormes. En muchos sectores, especialmente los barrios de bajamar, hay poca presencia del Estado. Fue por esa razón que la Fiscalía montó una estrategia para proteger a la comunidad que habita el barrio La Playita, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretara medidas cautelares por los constantes abusos de los que eran víctimas 302 familias del sector. El ente investigador ordenó esclarecer todos los crímenes perpetrados en La Playita para establecer si existe algún nexo con las acciones que adelantan sus líderes comunitarios.
Mientras la Policía dice que los homicidios en el primer semestre de 2015 se redujeron en un 57% –pasaron de 94 a 40 asesinatos– y la Fiscalía advierte que tan sólo se ha presentado un caso de casas de pique en junio de este año, la inseguridad sigue siendo protagónica en el puerto. Acabar con las bandas criminales que manejan la extorsión y el tráfico de drogas, abolir la corrupción en la administración pública y evitar que continúe la macabra práctica de desmembrar cuerpos, son apenas algunos de los grandes líos a los que se enfrentará el próximo alcalde de Buenaventura.