En cuerpo ajeno... Compensar autoriza cirugía de cambio de sexo

Tras una disputa jurídica que duró siete meses, la EPS dio vía libre al procedimiento que cuesta alrededor de $40 millones.

En la soledad de su cuarto, Andrea* alistaba todos los días sus pertenencias. Dentro de un bolso tenían lugar un par de tacones, una blusa ceñida y un kit de maquillaje. Para ese entonces, ella era Emilio*. Luego de recorrer las calles de su barrio en el sur de Bogotá, saludar a los vecinos y dejar atrás tres talleres de mecánica y las residencias de los policías pensionados, cambiaba de look y pintaba sus labios de rojo.

Tiempo después, en 2010, cuando tenía 15 años y frente a la pantalla de su televisor, en el que se transmitía un documental sobre personas trans, supo que no era la única en el mundo inconforme con su sexo. Antes de cumplir 16 le confesó a su mamá su discordancia. La noticia no fue bien recibida. Esperar a que su abuelo de 87 años muriera, para no causarle un ataque al corazón, y terminar la carrera universitaria fueron algunas de las condiciones impuestas a la joven por su familia para poder “salir del clóset”.

Pero Andrea no podía esperar más; desde los cuatro años de edad usaba en secreto las prendas de su madre y su tía. “Un día estábamos en el centro comercial y quería comprar ropa de mujer. Mi tía me dijo que yo era un niño y tenía que vestirme diferente. Ahí fui consciente de mi género y empecé a fantasear. Creía que magos, brujas o hadas madrinas me transformarían. Soñaba con ser como Pinocho: él quería ser un niño de verdad y yo quería ser una niña de verdad”, recuerda.

Luego de tres intentos de suicidio y de cambiar el nombre en su cédula, finalmente se asumió ante los ojos públicos como mujer y empezó su batalla por la transformación. La cirugía de reasignación de sexo era su principal objetivo. Del 28 de enero al 27 de febrero de este año se sometió a valoraciones psiquiátricas en el Hospital San Ignacio, según las cuales el diagnóstico fue una disforia de género. Casi un mes después, tras obtener el aval psiquiátrico, el grupo multidisciplinario de especialistas aprobó la cirugía de cambio de sexo y le solicitó a Compensar, la EPS de la paciente, programarla para el 29 de mayo.

Sin embargo, el comité técnico científico de esa entidad se negó a autorizar el procedimiento por considerarlo estético. Empezó entonces la travesía jurídica de Andrea. Amparándose en los derechos a la salud, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, interpuso una tutela el 8 de julio en la que exigió, además de la cirugía, el tratamiento para la feminización de su voz, el aumento de senos y la depilación láser.

Catorce días después, el Juzgado 26 Civil de Bogotá falló a favor de la joven, le ordenó a Compensar hacer la intervención quirúrgica en menos de ocho días y negó las otras peticiones. Entre las consideraciones del fallo, se tuvieron en cuenta dos sentencias de la Corte Constitucional de 2012, en las que se afirma que “la salud no equivale únicamente a un estado de bienestar físico o funcional. Incluye también el bienestar psíquico, emocional y social de las personas”.

Según la Corte, en este tipo de casos específicos, las EPS deben autorizar la prestación del servicio o controvertir la decisión de forma científica y técnica, situación que no se presentó en el caso de Andrea .

En un intento fallido, Compensar impugnó el fallo. La decisión de primera instancia fue ratificada el 16 de septiembre. Luego de más de dos meses de espera, el pasado lunes, la EPS autorizó la cirugía. Respecto a este caso, la entidad le dijo a El Espectador que “la sociedad colombiana debe analizar acerca del uso eficiente y responsable de los recursos públicos de la salud en Colombia, porque en el país cada vez son más las solicitudes de reasignación de sexo, donde se ordenan, además de los procedimientos de orden anatómico y funcional, como penectomía, otros estéticos, como la laringoplastia, los cuales impactan en la sostenibilidad financiera del sistema de salud, ya que se calcula que una cirugía de esta índole puede costar en promedio $40 millones”.

En respuesta, el abogado Germán Rincón Perfetti asegura que con esta lógica nuevamente se confirma que las EPS siguen poniendo resistencias inconstitucionales para no cumplir una decisión judicial. “El sistema de salud está diseñado financieramente para que todas las personas aporten, utilicen o no los servicios. Adicionalmente, hay recursos que se toman de las ganancias petroleras, de las ventas de armas, de las loterías, etc. De tal forma que el usuario que requiera un servicio y esté enfermo recoge el dinero que hay para su beneficio. Siendo así, podríamos decir que las personas que tienen cáncer o necesitan un tratamiento renal son un riesgo financiero, mientras que la cirugía de reasignación de sexo es sólo una vez”, concluye Rincón Perfetti.

 

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

 

pcuartas@elespectador.com

@pilar4as

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