Imputación al alcalde de El Rosal, en medio de protestas

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La situación jurídica de Hugo Arévalo, alcalde del municipio El Rosal (Cundinamarca), cada vez se torna más compleja. A raíz de la denuncia de los dueños de varios predios en la población, que lo señalaron de haberles pedido dinero para dejarlos construir, la Procuraduría hace tres meses lo destituyó en primera instancia. Ahora, el funcionario tendrá que enfrentarse a la Fiscalía, que lo citó a audiencia para formularle imputación por el delito de concusión.

Aunque la diligencia la programaron inicialmente en la mañana de este martes, la tuvieron que aplazar hasta el jueves, debido a que el alcalde se presentó sin abogado (dijo que estaba enfermo) y las manifestaciones de algunos habitantes, en las que expresaron su apoyo al mandatario e, incluso, terminaron agrediendo a algunos de los denunciantes. 

La investigación en contra de Arévalo la adelanta la fiscal 43 anticorrupción, quien considera que las evidencias son suficientes para llevar a juicio al alcalde de El Rosal. Hasta el momento se desconoce si el ente acusador solicitará o no medida de aseguramiento contra el funcionario.

Junto a Arévalo, la Fiscalía espera formularles cargos también a los concejales Henry Bohórquez Fierro (Partido Liberal), Hernando Clavijo y Luz Adriana Sabogal (Centro Democrático), Jairo Hernán Pardo (la U) y Milton Chacón (Alianza Verde). Tanto el mandatario como los cabildantes fueron destituidos por la Procuraduría. No obstante, como la decisión fue apelada, todos siguen ejerciendo sus cargos, mientras se conoce la decisión de segunda instancia. 

Mientras los denunciantes celebran la decisión de la Fiscalía, porque sienten que en este caso la justicia está obrando en derecho, para Arévalo todo es producto de una persecución. “Soy respetuoso de la justicia y espero que algún día la justicia sancione a los verdaderos culpables de lo que ocurre en El Rosal. ¿Usted cree que, si hubiera pedido plata, no hubiera sido más fácil dejar que los constructores acabaran con el municipio? Lo que hice fue proteger el pueblo y ahora me procesan. Acá hay una persecución y hay un tema económico. Una hectárea en suelo rural puede costar $500 millones, pero con el nuevo uso podría costar $3.500 millones”.

El pleito

Antes de explicar el caso, algunos datos: El Rosal tiene 4.000 viviendas, 17.000 habitantes y está a escasos 20 kilómetros de Bogotá, a orillas de una de las principales vías de acceso a la capital: la autopista Medellín. Hoy el casco urbano ocupa 82 hectáreas, de las cuales 28 están por urbanizar. Los planes de desarrollo urbano hacia el occidente de Bogotá, como ampliar la calle 80, llevar troncales de Transmilenio hasta los límites de la ciudad, el tren de cercanías o el aeropuerto El Dorado II, hacen de ella una zona de gran interés por habilitar suelo para urbanizar.

El 28 de diciembre de 2015, a dos días de terminar su período, el Concejo, presidido por Fernando Sánchez Hidalgo, y el alcalde Luis Jaime Forero Salgado aprobaron el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), que convirtieron 136 hectáreas agrícolas en suelo de expansión. Hoy la cabecera municipal ocupa 54 hectáreas y cuenta con 164 para urbanizar.

Tras la elección de Hugo Arévalo llegaron algunos propietarios de esos predios a tramitar los permisos para sus proyectos. Sin embargo, dicen los denunciantes, Arévalo empezó a hacer exigencias para dejar construir. A unos les pidió una casa por cada hectárea a urbanizar; a otro, el 10 % del terreno en el que se levantara el proyecto de vivienda, y al último, una cuantiosa suma de dinero.

A pesar de esta denuncia, que iba acompañada de documentos y grabaciones, la defensa del alcalde Arévalo se concentró desde el principio en decir que el EOT estuvo mal diseñado, que fue exagerado habilitar tantas hectáreas para expansión y que la población no estaba en capacidad de garantizar el suministro de agua a las nuevas construcciones.

Tras escuchar a las partes, el Ministerio Público dio por ciertas las denuncias de los propietarios y concluyó que Arévalo Pulido y los cinco concejales vulneraron los principios y normas que rigen la conducta del servidor público al hacer uso de su cargo para obtener beneficios personales con acuerdos monetarios hechos con tres personas diferentes con el fin de no cambiar el uso del suelo de varios predios donde ellos pretendían adelantar proyectos de vivienda.

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