Daño ambiental en zona residencial de Barranquilla

Un taller de la empresa Valorcon S.A., firma de la familia del senador Roberto Gerlein, tiene en jaque a los habitantes del barrio Andalucía, quienes desde hace 20 años denuncian que la compañía causa graves problemas de contaminación que les han provocado enfermedades.

Jesús Fragozo Caro
20 de noviembre de 2015 - 03:02 a. m.

Gonzalo Castro parece que no se cansara. En su cuenta de Twitter (@GonzaloCastroM) ha publicado más de mil tuits sobre el taller de la empresa Valores y Contratos S.A. (Valorcon), firma de la familia del senador Roberto Gerlein, que al parecer causa graves problemas de contaminación a cerca de 300 familias que residen en el barrio Andalucía, sector residencial del norte de Barranquilla donde está el taller de unos 8.000 metros cuadrados. El ingeniero mecánico, vocero de los afectados, ha grabado imágenes del momento en que los trabajadores pintan maquinaria pesada sin algún tipo de control, sueldan y almacenan unos 6.000 galones (más de 22.000 litros) de ACPM en dos tanques. También ha acudido al Damab, autoridad ambiental de la capital del Atlántico, a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de la Alcaldía, y a la Defensoría del Pueblo, tratando de impedir que el taller siga afectando la salud de los habitantes de ese barrio. Pero en 20 años que lleva el proceso no ha pasado nada.

La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, sin embargo, ordenó en marzo de este año el cierre definitivo del taller de mantenimiento donde se fabrican y reparan remolques y tanques móviles y se ensamblan vehículos de carga como tractomulas y volquetas, porque estableció que el taller realiza actividades comerciales y de servicios en un sector declarado residencial por el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla. Valorcon S.A., no obstante, presentó un recurso de reposición en el que argumenta que la firma está desde mediados del año pasado a la espera de que la Secretaría de Planeación municipal decida si se le otorga el uso de preexistencia, es decir, que se declare que el taller se constituyó antes de que existiera el barrio. Sin esa decisión no se hará efectiva la anterior medida.

Castro y otros habitantes de Andalucía, mientras tanto, denuncian que la contaminación les ha causado enfermedades y los ha obligado a poner anjeos en las ventanas, para hacerles frente a los residuos de pintura que caen en sus casas. “Tenemos problemas respiratorios, tos y mucha rasquiña, y allá (en el taller) también hay agua estancada en unas llantas. A algunos vecinos ya les dio dengue”, dice Héctor Mendoza, residente del barrio. Esta denuncia se conoce dos semanas después de que en un barrio de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, 21 personas resultaran heridas por una explosión en una empresa de químicos que, como este taller de mantenimiento, estaba en un barrio netamente residencial.

“Ese tipo de pinturas casi siempre contienen resinas llenas de compuestos químicos cancerígenos, y el vapor que sale de los tanques llenos de ACPM es muy peligroso porque es una mezcla de hidrocarburos que no debería estar ni siquiera cerca de una zona residencial”, afirma Armando Lacera Rúa, científico samario que por varios años fue catedrático de la Universidad del Magdalena. El daño ambiental que al parecer está causando el taller es una amenaza latente en el norte de Barranquilla.

Sin embargo, el representante legal de Valorcon S.A., Jaime Massard Ballestas, dice otra cosa: “Ese daño ambiental del que tanto hablan no existe, está en sus mentes. Además, tenemos prevalencia en el sector porque estamos allí desde hace más de 30 años. No somos una empresa que nació ayer, tenemos 1.500 empleados y cumplimos con todas las normas. Pero si al final nos toca irnos, tendremos dos años de plazo para trasladarnos”. La constructora ha ganado la mayoría de las licitaciones que se han abierto en el Atlántico; por ejemplo, le adjudicaron una concesión por 20 años para la recuperación de la malla vial en Barranquilla, está al frente de proyectos inmobiliarios de interés social y junto con otras dos empresas reconstruirá el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Castro y los demás habitantes de Andalucía son persistentes. Ya no saben cuántas veces desde el año pasado han acudido al Damab, que apenas está haciendo un “estudio técnico” para determinar qué está ocurriendo. Mientras tanto, la multinacional Bureau Veritas, que certifica este tipo de empresas, anunció que ha suspendido temporalmente la certificación al taller de mantenimiento, aunque en esa empresa todo transcurra como si nada estuviera pasando. Y la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Procuraduría Provincial de Barranquilla que haga seguimiento a las oficinas y entes que están al frente del tema. Los residentes del barrio esperan que por fin se tomen medidas, aunque en esas andan hace tiempo.

Por Jesús Fragozo Caro

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