En 1814, Antonio de Oviedo y Francisco Ruiz juzgaban sobre la vida y la libertad de los habitantes de Chaparral, provincia de Mariquita, dentro del Estado centralista de Cundinamarca. Eran los dos alcaldes ordinarios del pueblo, jueces de baja jerarquía, y, como podría suponerse, no tenían la autoridad para ordenarle a los ciudadanos que destruyeran sus medios de subsistencia.
Pensando que podían hacer lo que les viniera en gana promulgaron un bando de buen gobierno con 22 órdenes, entre las cuales había una que decía así: “que atendidos del perjuicio que causan los platanales de que este poblado el lugar, a más de tener impedidos los terrenos en que pueden poblar casas los vecinos que no las tengan, tenemos a bien mandar que arranquen de raíz todos los platanales que se hallan en el terreno de la Parroquia, dentro del termíno de 15 días (....) para que desocupados los terrenos que cubren los platanales, fomenten la construcción sus casas” (Archivo General de la Nación, Sección Archivo Anexo I, Fondo Quejas, Tomo 2)
La idea que tenían los alcaldes, o eso decían ellos, era erradicar los cultivos de plátano que bordeaban la villa para luego, en las tierras desocupadas, construir viviendas para los más pobres.
El argumento era que dentro del pueblo ya no había más lugares aptos para la construcción, y el único sitio donde se podían levantar las casas era en las afueras de Chaparral, donde solo habían potreros feos con matas todavía más feas.
La orden trajo consigo una fuerte reacción de la comunidad, básicamente porque no solo había gente que vivía de los cultivos de plátano para sostener a sus crecidas familias (sobre todo mujeres), sino porque, al parecer, también disfrazaba la oculta intención que tenían Oviedo y Ruiz de hacerse con la posesión irregular de los terrenos en donde se ubicaban aquellas delicias frugales. Cuando alguien incumplía esa orden, y algunas otras, era inmediatamente arrestado, desprovisto de cualquier medio de defensa y a veces torturado.
Un chaparraluno que había visto el abuso cometido contra sus vecinos, y que también había sido víctima de la inquina del alcalde Oviedo por incumplir otro de sus absurdos mandatos, interpuso una apelación en contra de esa orden ante la Sala de Apelaciones de Cundinamarca porque, según adujo, violaba la Constitución del Estado y los muy sagrados derechos del hombre.
El memorial de la demanda, y los documentos que certifican todo lo que pasó después en el proceso, son todos ellos ejemplos del buen constitucionalismo que pocas veces se enseña en las facultades de Derecho colombianas. En los interrogatorios a los ciudadanos de Chaparral, los intervinientes coincidieron en que la gente más pobre vivía del cultivo de plátano, y que no era cierto que al interior de la villa no existieran más lugares para hacer la construcción de las casas, sino que se trataba de una estratagema de esos jueces para incrementar sus posesiones a costa de la gente miserable. Y aunque no se encuentra la sentencia entre los fondos del Archivo General de la Nación, lo cierto es que el Tribunal de Apelaciones ordenó la suspensión de todo el bando de buen gobierno mientras se tomaba la decisión final, y que el fiscal del caso, Nicolás Llanos, solicitó al Tribunal su anulación por ser inconstitucional, y porque esos dos alcaldes se habían extralimitado en sus funciones.
¿Y qué tiene que ver todo aquello con la reserva Van der Hammen y los proyectos de construcción de vivienda que tiene la administración actual? Guardadas las proporciones, algunos han manifestado su inconformidad con la postura de la alcaldía mayor de Bogotá de construir parte de Ciudad Paz donde solo hay potreros con vacas allá al norte de la ciudad, ya que se parecería a lo que hicieron estos dos alcaldes hace 202 años, omitiendo eso sí el asunto de los arrestos y las torturas por desacato.
Oviedo y Ruiz decían que dentro del Chaparral no había más lugar para construir las casas de la gente pobre, y Peñalosa básicamente dice lo mismo, pero hablando de Bogotá. En 1814, los ciudadanos de la pequeña villa atestiguaron en el juicio que dentro del pueblo sí había sitio para hacer más casas, y, análogamente, hay expertos que aseguran a Peñalosa que puede hacer sus proyectos de vivienda, por ejemplo, en lo que la administración anterior denominó como centro ampliado, sin tener que engrandecer la urbe con todos los problemas que ello conlleva, que son desde ambientales hasta de movilidad. El crecimiento vertical y la renovación urbana son buenas opciones frente a la expansión territorial de la ciudad.
Oviedo y Ruiz decían que era necesario eliminar los cultivos de plátano, por ser inconvenientes en su objetivo de engrandecer al Chaparral; y Peñalosa ha dicho repetidas veces algo parecido, pero frente a buena parte de la reserva Van der Hammen. Dice el Alcalde Mayor que si la “llamada reserva” se mira desde el cielo, lo que se ve es que el 80% del área es una mezcla homogénea de ganado, invernaderos y colegios, ubicados en “potreros comunes” que no tienen nada de especial y que, además, son esencialmente iguales a los del resto de la sabana. Pide estudios que le demuestren su equivocación. Los estudios existen, y dicen que la importancia ecológica de la reserva no se puede ver desde un helicóptero, sino analizando los materiales debajo de la tierra, y que de lo que se trata es de sembrar árboles nativos en donde hoy hay potreros, no ciclorutas con lindos arbolitos limitados por los adoquines que adornan el paisaje, a donde vendrían los venados a convivir pacíficamente con los transeúntes como en las ciudades del primer mundo donde sí hay metro.
Pero quizás la similitud más importante entre aquel remoto acontecimiento olvidado por la historia y la coyuntura bogotana de hoy, es la inconstitucionalidad que paralelamente conecta la decisión de ordenarle a los chaparralunos que eliminen sus medios de subsistencia con la decisión, si llega a formalizarse, de eliminar uno de los medios de subsistencia que tienen ahora, y tendrán mañana, los millones de habitantes de Bogotá.
*Profesor de Teoría e Historia Constitucional, Universidad Nacional de Colombia
Twitter: @davidllinasal
Por David E. Llinás Alfaro* / Especial para El Espectador
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