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Defensoría advierte sobre desnutrición infantil en comunidades indígenas de Orinoquía

La entidad estableció que hay 165 menores que padecen desnutrición y otras enfermedades gastrointestinales y de piel.

Redacción Nacional
12 de mayo de 2016 - 05:23 a. m.
Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo adelantó misiones humanitarias en los departamentos de Vichada, Guaviare y Meta. Durante su visita constató la situación de 165 menores de comunidades indígenas que padecen enfermedades asociadas a la desnutrición infantil.

Las comunidades indígenas más afectadas son Sikuani, Jiw, Piapocos y Nukak.

Los líderes de los resguardos indígenas, le manifestaron a la Defensoría del Pueblo que hay niños de la comunidad con desnutrición severa y enfermedades asociadas, así como varios casos de menores de cinco años que fallecieron por desnutrición, los cuales no fueron reportados a las autoridades correspondientes.

La entidad advirtió que la muerte de los menores puede estar asociada a enfermedades por parasitosis y problemas de saneamiento básicos, a lo que se suma la falta de vías, medios de transporte, presencia de EPS y personal médico, que atienda a los habitantes de los resguardos.

Las comunidades afirmaron que al momento de solicitar una ambulancia para recoger a las personas que están en grave estado de salud, los vehículos de atención no llegan y allí las brigadas de salud sólo realizan vacunaciones.

La entidad defensora de los derechos humanos determinó que en estas zonas además hace falta agua potable, hay problemas de higiene con los utensilios domésticos, inadecuada manipulación de los alimentos y mal manejo de los desechos. Hechos que afectan a los menores porque pueden presentar malestares gastrointestinales como diarrea e infecciones en la piel, que afectan de manera directa a los niños y niñas menores de 5 años.

En la visita humanitaria de la entidad a Cumaribo, Vichada, se encontraron tres casos de desnutrición severa por lo que fue necesario coordinar con las autoridades médicas del municipio el traslado de los niños de dos años para empezar con el proceso de recuperación.

La Defensoría advirtió que la mitad de los niños evaluados no estaban vinculados a una EPS, situación que se agrava porque el 30% de los pequeños no han sido registrados.

La entidad pidió la intervención del Ministerio de Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que realice jornadas de documentación y registro en las diferentes comunidades.

Por Redacción Nacional

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