Defensoría pide garantizar derechos de la comunidad wayúu en La Guajira

Archivo El Espectador

Desde Riohacha, capital de La Guajira, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado de atención a la institucionalidad para que se garanticen los derechos de la comunidad wayúu que habita en esos territorios.

“A pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garanticen los derechos de toda la comunidad wayúu”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la entidad, se ha evidenciado un incumplimiento por parte de la autoridad que tiene a cargo tomar las medidas para garantizar los derechos de los niños, de mujeres gestantes y lactantes y de los adultos mayores.

Es así como, según las cifras que maneja la Defensoría, provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre 2010 y 2016 fallecieron 244 niños y niñas por desnutrición y causas asociadas en La Guajira.

Lea: ¿Quiénes son los responsables de la crisis con los niños wayuu en La Guajira?

En ese mismo sentido, hasta el 24 de marzo se han reportado 16 muertes con diagnóstico de desnutrición y otras causas, según un reciente boletín del Instituto Nacional de Salud (INS).

“El Programa de Alimentación Escolar – PAE no funcionó. Le propongo al Gobierno que el PAE vuelva al ICBF, que sea una sola una sola cabeza; porque cuando se dividen las responsabilidades las cosas no funcionan”, aseguró Negret.  

La Defensoría del Pueblo también señaló que no hay evidencias de avances en la cobertura de acceso a agua potable de la comunidad wayúu y que, aunque se han desarrollado proyectos dentro de la alianza por el agua y la vida, no se tiene la certeza sobre cuántas personas están accediendo al agua potable.

“Para la entidad, esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH”, señala la Defensoría en un comunicado. Otras de las críticas de la entidad se enfocaron en la información recibida sobre la contaminación de acuíferos con compuestos de azufre, la necesidad de crear un plan de acción que garantice la disponibilidad de alimentos de calidad, acceso y consumo en el corto, mediano y largo plazo, la cobertura de afiliación a salud que no ha llegado al 100 % y la urgencia de contar con sistemas de información articulados e intersectoriales, situación que hoy dificulta la toma de decisiones.