Demandas al Estado: lío billonario

La decisión de la justicia de rechazar la demanda contra la Nación por $600 billones, por la expropiación de unos predios en Antioquia en los años sesenta, le dio un gran respiro al Gobierno, ya que rebajó 60% del monto de las reclamaciones contra el Estado, que hasta hace una semana llegaban a los $1.106 billones.

Sin embargo, pese al optimismo, el panorama sigue siendo complejo. Actualmente siguen activas 230.558 demandas contra 60 entidades del Estado, las cuales suman $506 billones en pretensiones de indemnización, suma que equivale a tres veces el presupuesto que tuvo la Nación en 2012 ($164 billones) o cinco veces la deuda externa. Casos por tierras, el lío de las “pirámides”, errores judiciales, violaciones de derechos humanos, pensiones y salud, entre otros, hacen parte del menú de casos por los que los colombianos demandan.

Al analizar el listado de entidades demandadas, por cantidad de casos y costo de las reclamaciones, se encuentra que los líos por tierras son el mayor dolor de cabeza, al ser los de más altas pretensiones. El Ministerio de Agricultura concentra el 62% del costo de las demandas activas, al tener 2.330 procesos por casi $311 billones.

En el escalafón lo siguen la Superintendencia Financiera ($41 billones), el Ministerio de Hacienda ($17 billones), la Fiscalía General ($16 billones), el Ministerio de Defensa ($9,5 billones) y la Policía Nacional ($9,5 billones). La entidad con el mayor número de demandas es el Instituto de Seguros Sociales, con 98.000 procesos y pretensiones que suman $2,2 billones.

Frente a esta situación, Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, señaló que si bien el reciente fallo que rechazó la multibillonaria demanda fue un alivio, aún hay mucho por trabajar. “La defensa de la Nación era débil. Por eso tenemos que buscar la modernización de las oficinas jurídicas. Haremos un acompañamiento, un censo de oficinas jurídicas estatales, para adelantar un plan de choque y asumir una mejor defensa del Estado”.

Sobre los casos que son prioridad para la Agencia, Guillén mencionó el de tierras, el de las “pirámides” o captadoras ilegales y el de la Fiscalía. “Encontramos casos con pretensiones altísimas y por eso vamos a exigir a los abogados que sustenten bien sus reclamaciones so pena de que terminen condenados en costas al final del proceso”.

“En el caso de la Fiscalía vemos que muchas demandas son por privación injusta de la libertad. Estamos trabajando en un análisis de la aplicación de la medida de aseguramiento, para ver si es necesario proponer ajustes legales para evitar que sigan las demandas. Debemos buscar un uso racional de estas medidas. Además, en los casos donde vemos que efectivamente hubo un abuso vamos a tratar de conciliar, para tratar de rebajar el costo de esas demandas”.

“La agencia fue pensada para dar estrategias, protocolos y políticas para organizar el cuerpo de defensa del Estado. En esto trabajamos y la idea es que ya no sea tan fácil demandarlo”, puntualizó Guillén.