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En una entrevista dada a Caracol radio, el director del consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia, Wilson García, aseguró que en los últimos cinco años ha habido un aumento exponencial de las demandas por alimentos en el país.
En febrero pasado, el Ministerio de Justicia también reveló que una de las preguntas más comunes en la aplicación de la cartera, LegalApp, fue precisamente “¿Qué debo hacer si quiero acordar o fijar la cuota de alimentos de mi hijo?”.
García afirmó que los casos de abandono de las responsabilidades maternas o paternas se pueden encontrar en todos los estratos y que en su gran mayoría los reclamos se presentan cuando se trata de hijos extramatrimoniales.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recomienda a los padres que deseen interponer una demanda por alimentos que primero se acerquen al centro zonal de la entidad y presenten el caso a un defensor de familia. En caso de que el menor no sea reconocido por alguno de sus padres el funcionario citará al presunto padre o madre para que de manera voluntaria reconozca al niño. Si el progenitor no acude a la reunión, el tema pasa a manos de un juez de familia quien iniciará una investigación de paternidad o maternidad que, generalmente, se resuelve con una prueba de ADN.
El director del consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia también afirmó que en su estudio encontró varios casos en los que los papás asumieron el cuidado integral de sus hijos cuando la mamá los abandonó.
Las entidades sugieren que la regulación de la custodia de los menores sea acordada entre los padres en una instancia de conciliación en el ICBF. Sin embargo, cuando no se llega a ningún consenso, se puede recurrir a la vía judicial para resolver el conflicto. En ese caso se le recomienda a la madre o el padre reclamante que consulte con un abogado para iniciar el tramite ante un juez de familia quien decidirá los términos de la custodia, los alimentos y las visitas.
La inasistencia alimentaria sucede cuando se presenta un incumplimiento sin justa causa de las responsabilidades adquiridas en ese sentido por un padre o madre con sus hijos. El Código Penal indica la persona que infrinja este delito contra un menor de edad estará expuesto ser sometido a una pena entre 32 a 72 meses de prisión y a una multa que oscila entre los 20 a los 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.