Abel Sepúlveda, médico y gerente de la IPS Emcosalud, que se encarga de prestar servicios médicos y asistenciales al magisterio en varias regiones del país, denunció que debido a las deudas que registra la Fiduprevisora no se han pagado 235 mil millones de pesos.
Los operadores de salud que prestan el servicio a más de 800 mil docentes del Magisterio Nacional aseguran que la entidad que administra los recursos de la salud adeuda dos años de pago. Por esto no les han pagado los tratamientos de alto costo a los maestros.
“Los contratistas de salud del Magisterio estamos solicitando que nos paguen la facturación que por alto costo, promoción prevención, salud ocupacional y por ajustes de bases de datos”, aclaró Sepúlveda frente a la situación que se registra en estos momentos.
Explicó que si no se se llega a un acuerdo pronto se presentaría el caso ante un Tribunal de Arbitramento para que defina la situación. Con esto se podía lograr el embargo del 100% de la duda que serían 470 mil millones de pesos, que pondrían en riesgo las cesantías y el pago de primas de los profesores.
Sepúlveda indicó que el retraso en la auditoría por parte de la Fiduprevisora superó los dos años lo cual afecta los proceso propios de cada uno contratistas por la falta de pago. En este sentido señaló que los contratistas no se oponen a las auditorías, sino que por el contrario se hagan en los términos estipulados en los pliegos y que si se hacen después, reconozcan los intereses de mora respectivos, de acuerdo a la asignación de riesgos del contrato.
“A la fecha, y desde 1 de mayo de 2012, se empezaron a acumular deudas. Desde entonces nos deben dinero por ajustes relacionados con las bases de datos. Por temas relacionados con casos de alto costo nos deben 14 meses de facturas, y en algunas regiones las deudas superan los 26 meses”, aseguró el vocero de la IPS.
Debido al incumplimento siguen creciendo en temas relacionados con la promoción, la prevención y salud ocupacional, respecto de los cuales ya la deuda llega a diciembre de 2015 y enero de 2016, y se agrava aún más debido a que a la fecha no se han auditado lo relacionado con los meses de febrero, marzo y abril.
Agregó que “la falta de pago de la Fiduprevisora está afectando el normal funcionamiento de las entidades contratistas, y aunque los riesgos se están manejando con las uñas, la ausencia de pago mostrará sus efectos en los próximos 30 días”.