La Policía española detuvo al director de cine porno Pablo Lapiedra, que está acusado de prostituir y grabar a menores de edad colombianas en películas que después vendía a través de varias páginas de Internet, con las que obtenía importantes beneficios económicos.
Fuentes de la investigación informaron a EFE de que el detenido grababa películas pornográficas con las menores y diferentes actores masculinos en largas jornadas, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, por poco más de 700 euros (unos 990 dólares).
La investigación se inició a finales de 2008 cuando la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía española, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia e Interpol, detectó una red que se dedicaba a prostituir a adolescentes en el país latinoamericano.
La denuncia partió del rector de un instituto de Medellín después de que varios alumnos alertaran de que una compañera, de 16 años, aparecía protagonizando un vídeo pornográfico, en el que la chica era vejada por dos hombres, que también la insultaban junto a la persona que grababa la película.
Para conseguir la descarga del vídeo a través de un sitio Internet, se pagaban cantidades que oscilaban entre los 10 y los 75 euros con tarjeta de crédito.
Las primeras investigaciones permitieron averiguar que esta web estaba a nombre de la esposa de Lapiedra, la ciudadana colombiana Zuleydy Piedrahita.
Los expertos de la BIT analizaron los vídeos de las menores y observaron que, si bien los varones que mantienen relaciones sexuales con las chicas hablan con acento colombiano, el cámara es un nativo de España.
Según la Policía, el estudio de los vídeos ha permitido determinar que el cámara era el detenido Pablo Lapiedra, conocido productor español de cine pornográfico.
Tras ser detenidos los actores porno que participaron en la cinta y cerrar las páginas de Internet, Interpol dictó sendas órdenes internacionales de detención con código rojo contra Lapiedra y su esposa
Lapiedra fue detenido el pasado jueves y la Audiencia Nacional española, tribunal que tiene su sede en Madrid, debe decidir ahora sobre la solicitud de extradición cursadas por las autoridades colombianas.