26 familias anteriormente ubicadas en inmediaciones del Puente de Boyacá, fueron obligadas a vender sus viviendas y lotes, alrededor de 12 kilómetros, por lo que sería parte del proyecto de doble calzada Briseño-Tunja-Sogamoso, pero aunque desocuparon los predios hace cuatro años, no se les ha terminado de pagar la deuda, que estaría sumando más de 600 millones de pesos.
Aunque se dio la cancelación de la construcción de la doble calzada, las tierras aún tienen medidas cautelares por lo que los afectados no pueden hacer nada al respecto.
Una de las afectadas, identificada como Ana Aponte, habitante del sector Tenería en la vereda del Puente de Boyacá, en conversación con Caracol Radio afirmó que le hicieron derrumbar su casa y aún no le cancelan la totalidad de la deuda, y que por lo tanto ella, como los demás, solicita que se les pague por daños y prejuicios.
Las familias afectadas han decidido tomar cartas en el asunto y anunciar una protesta, ya que ni los gobiernos distrital y departamental, ni el consorcio Solarte y Solarte asumen la responsabilidad.