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Lo habían entrenado para robar. Por eso sabía cómo meter su pequeña mano en cualquier agujero para agarrar billetes o cosas de valor. Un día, un machetazo le cortó la mano antes de llevarle el botín a su dueño y la Policía logró decomisarlo. Hace dos años, este mono maicero llegó al Centro de Atención y Valoración de Fauna de la Secretaría Distrital de Ambiente, en Bogotá. Su dueño lo sentenció a que nunca regresara a su hábitat natural.
En el centro viven más de mil animales con casos similares: un águila de páramo que dejó de volar para convertirse en mascota y era alimentada con presas de pollo, un tigrillo al que le cortaron las garras para impedirle cazar o una guacamaya que vivió 17 años en una jaula encima de una nevera de una casa bogotana. La imagen delata el abuso: un ave encorvada que nunca pudo levantar el pico ni las alas, debido a que jamás le cambiaron la pequeña prisión que terminó deformando su cuerpo mientras crecía.
Aunque muchos de los animales decomisados en el país que son llevados a centros de paso recuperan su libertad, otros nunca lo logran y terminan sus días encerrados. La comercialización y tenencia de fauna silvestre está lejos de ser un problema menor: aunque no se conocen cifras consolidadas del país, en meses vacacionales, como diciembre o enero, cuando los viajeros regresan con animales a sus casas, al Centro de Atención de la Secretaría de Ambiente de Bogotá pueden llegar hasta 700 animales. Así, un lugar que tiene capacidad para 1.000 animales termina albergando hasta 1.800. Los más comunes son las loras, los pericos, las cotorras y los micos.
Estas cifras demuestran que, pese a las múltiples campañas y a que algunos creen que todo está dicho sobre este tema, muchos colombianos siguen capturando, vendiendo y encerrando en sus casas a animales silvestres, con un agravante adicional: según la serie Libros Rojos de las Especias Amenazadas de Colombia, 162 especies de aves, 127 de mamíferos, 55 anfibios y 35 reptiles, entre otras, están en peligro.
La Procuraduría General puso la lupa en el asunto: acaba de realizar un completo análisis del manejo que se está haciendo en el país de los animales decomisados. La resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamenta las medidas que deben seguirse luego de que cualquier animal silvestre es rescatado. El objetivo de la Procuraduría era comprobar qué tanto se están cumpliendo las normas. Estos son algunos de sus hallazgos:
Actualmente, en el país existen 14 centros de atención y valoración de fauna silvestre (CAV), 24 hogares de paso y dos centros de rehabilitación de fauna, a donde llegan tanto los animales decomisados como los que son entregados de manera voluntaria. Todos se encuentran en jurisdicción de 39 autoridades ambientales, la mayoría de ellas corporaciones autónomas regionales.
De acuerdo con el informe de la Procuraduría, sólo el 46% de las autoridades tiene presupuesto para la administración de los centros de paso, y en cuanto a la reubicación de los animales, apenas el 41% señala tener los recursos. Para el mantenimiento de las áreas y rutas de acceso de los centros, el 62% tampoco cuenta con presupuesto. Este tema resulta crucial: sólo en el CAV de Bogotá se gastan $3 millones semanales en alimentación, sin contar con los insumos veterinarios.
Sumado a esto, nueve autoridades ambientales, ubicadas en la costa Caribe y Santander, no han construido sus centros de atención de fauna silvestre y siete corporaciones ambientales más, entre las que están Cortolima, Corpoboyacá y Corantioquia, tienen sus centros en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos, por lo que tendrían que ser reubicadas.
Por otro lado, se logró establecer que aunque el 80% de las autoridades aseguró hacer manejo biológico para disminuir el estrés de los animales, durante las visitas se comprobó que son pocos los lugares en los que los animales no tienen problemas nutricionales y de comportamiento.
A pesar de que en estos centros hay 360 especies amenazadas, según los Libros Rojos, varias autoridades reconocieron que no han hecho trabajos para su mantenimiento o conservación.
Apenas 12 autoridades ambientales han implementado programas de investigación sobre especies afectadas por el tráfico ilegal de fauna. Según el ente de control, sólo en 2010, más de 80.000 animales que estaban en centros de paso fueron liberados, pero 8.280 tuvieron que seguir en decomiso definitivo. En el mismo año, 22.938 fueron restituidos a lugares como zoológicos o ecoparques y 391 recibieron la eutanasia (ver cuadro).
En conclusión, según el informe, “la totalidad de autoridades ambientales está incumpliendo de una u otra forma las exigencias establecidas sobre las medidas posteriores al decomiso de especies silvestres”. Un resumen preocupante, justo cuando empieza de nuevo la temporada vacacional, la peor época para los animales silvestres en Colombia.