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Las políticas para enfrentar la producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilegales han sido parte de la agenda social y política del conflicto colombiano. Los políticos, líderes de opinión y expertos desde el derecho, la sociología, la medicina y la psicología, entre otros, son consultados para generar opinión y, más aún, políticas. Sin embargo, lo que la gente piensa no se conoce.
Los expertos han señalado los costos de criminalizar la cadena que va de la producción, la comercialización y el consumo, sin dar prioridad a alguno en particular. En palabras de Thoumi, la denominada guerra contra las drogas se ha configurado como una “tragedia social” que ha traído como consecuencia la corrupción del Estado, en especial de las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia y el mundo de la política, y en contextos más débiles en su institucionalidad, como lo ha estudiado exhaustivamente Garay, también ha desencadenado la cooptación del Estado por múltiples fuerzas para ganar de la tragedia, con implicaciones que incrementan la exclusión, la inequidad, la pobreza y la miseria, en toda la sociedad.
La guerra contra las drogas también ha fortalecido estructuras criminales, las ha hecho más eficientes en los procesos de producción y comercialización, en los sistemas de seguridades legales e ilegales (autodefensas, guerrillas, cooperativas de seguridad, entre otros) para proteger el negocio. Esto ha contribuido al escalamiento de la guerra y la violencia que parece perpetuarse. Al mundo criminal le funciona la guerra asociada a las drogas y no la paz.
Lo sorprendente es que sean tan poco investigados los juicios y las opiniones de la gente, más aún cuando los políticos tienen la obligación de diseñar la política pública a partir de lo que la gente que los elige desea, opina y necesita.
En esta dirección, en el Departamento de Psicología de la Universidad Javeriana decidimos investigar junto con el Laboratorio de Ética del Institute of Advanced Studies (EPHE) de Francia, a través de un trabajo en cooperación para entender la mirada de la gente de la calle sobre problemáticas asociadas al conflicto colombiano. Los resultados finales de la investigación sobre esta problemática están en proceso de publicación.
De manera preliminar, es necesario señalar que en el mundo se han identificado diversas posturas en torno al manejo que debe darse al problema de las drogas. Goode (1998) ha señalado cinco perspectivas. A la primera de ellas, que se ha legitimado con sangre y guerra, la ha llamado postura prohibicionista de tipo conservador. Los defensores de esta perspectiva asumen un punto de vista moralista que juzga el consumo como una debilidad personal; para los prohibicionistas, toda droga que no forme parte de la tradición cultural dominante debe ser prohibida y penalizada, por tanto consumir drogas tradicionales (vino, tabaco) es un acto legal, así tenga consecuencias dañinas, pero el consumo de drogas de bajo impacto que son ilegales debe ser perseguido y considerado un delito. Para esta perspectiva, la liberación de drogas trae consigo la destrucción de la sociedad; no acepta las evidencias que prueban los terribles efectos de las drogas legales e ignora los impactos funestos que tiene para la sociedad en las otras violencias que generan las mafias y todos los actores económicos que se benefician del negocio. Su mirada es ideológica y desconoce la evidencia.
En el otro extremo encontramos los liberalización total que defiende la idea del libre mercado. Esta perspectiva prolegalización se orienta por una ideología liberal en el sentido económico: asume que el mercado debe ser libre y cualquier limitación va contra la autonomía personal; el mercado, la gente, debe tener libertad para escoger lo que quiera consumir. Por tanto, el consumidor es quien elige lo que considera mejor para sí mismo y desecha lo peor. Sin embargo, esta postura ignora la evidencia científica que muestra que en general la gente no toma decisiones racionales (si es que éstas existen) y que las condiciones de completa información y “libertad” son sólo un ideal y, como sabemos, que las adicciones no permiten identificar los riesgos que el consumo genera para la salud. También ignoran cómo la liberalización total en el pasado desató epidemias de salud.
Un tercer grupo, identificado como con tendencia a la liberalización, señala los problemas que tiene para la sociedad el prohibicionismo en términos de los costos en seguridad, justicia, salud, además de los innumerables costos sociales que conocemos suficientemente. Muestran la inconveniencia de coartar las libertades individuales; para ellos la salida es despenalizar el consumo de todas las drogas y lo que se debe hacer es controlar, sin penalizar las fuentes de producción y comercialización. Estas medidas deben ser acompañadas de campañas de información a niños y adolescentes, de publicidad sobre la toxicidad de estos productos y que busquen que los adictos sigan programas que cuenten con evidencia de su efectividad, e incluso debe promoverse investigación para el desarrollo de sustancias placenteras pero menos peligrosas y como en nuevas terapias. Por otro lado, si el mercado es regulado, los precios se reducirían y las ganancias del narcotráfico dejarían de ser atractivas para el mundo de la criminalidad, que está asociado directa e indirectamente al negocio.
Las dos últimas posturas son la de los que tienen tendencia a la prohibición y la de los denominados constructivistas radicales, que se explican en el recuadro adjunto.
En las escasas investigaciones en el contexto internacional que indagan sobre lo que la gente de la calle respecto al tema, sistemáticamente se ha encontrado que las personas asumen que la política prohibicionista es un fracaso. En una investigación recientemente publicada, en la población francesa se identificaron claramente tres de las perspectivas descritas por Goode y mencionadas antes, así: un 26% con tendencia prohibicionista, un 42% con tendencias a la liberalizacion y un 32% de constructivistas radicales.
Ante todas estas posturas decidimos investigar (López López, Pineda Marín y Mullet, 2012-2013) desde metodologías orientadas por la teoría de la integración de la información lo que piensa la gente de la calle sobre la problemática de las drogas (indagamos en una muestra de 400 personas de todos los estratos en la ciudad de Bogotá bajo todos los controles estadísticos y técnicos de rigor).
Encontramos, en primer lugar, un grupo (26%) con una postura que se puede vincular con los puntos de vista de tendencia a la liberalización. Estos, como se anotó anteriormente, proponen regulación de drogas duras, liberar drogas blandas y usar campañas de educación. Un segundo grupo (25%) asume una postura constructivista radical: el problema para ellos está asociado a la demanda. Un tercer grupo (22%) está dentro de la tendencia a la prohibición, para la cual deben prohibirse las drogas duras y regularse las blandas y es importante el uso de campañas de información. Un cuarto grupo (11%) mostró un perfil de liberalización total. Un quinto grupo (10%) fue el de los participantes indecisos y un sexto grupo, con apenas el (6%), se mostró a favor de la prohibición de todas las drogas.
La principal conclusión de este estudio es que la perspectiva prohibicionista es una minoría, por tanto, esto mostraría que estamos listos para salidas distintas a la que hoy asumimos. También hay una mayoría que cree en la inversión en campañas de prevención e información, que piensa que este no es un problema de prioridad nacional sino que buena parte de la responsabilidad es la demanda que se origina en los países con dinero que sostienen el negocio. Como era de esperarse, la minoría de prohibicionistas cree poco en las campañas de prevención y en los programas de atención y sólo ve una salida: continuar la guerra contra las drogas como se ha venido haciendo.
Para terminar, queda claro, como lo han señalado los estudiosos de la paz, que “la paz no se puede construir sin la voz de la gente de la calle”. Esta no es la voz de los expertos, la voz de los que dicen representar la política y que suelen ignorar a sus votantes, ni la voz de las entidades no gubernamentales o la que desde el Estado surge para mantener el poder y la gobernabilidad, y que prefiere, frecuentemente, salidas fáciles, ceder a presiones de grupos de poder, y no siempre escucha a la gente de la calle y tampoco a la evidencia científica.
* Profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, líder del grupo de investigación Lazos Sociales y Culturas de Paz. Editor de la revista Universitas Psychologica. Correo electrónico: lopezw@javeriana.edu.co. Twitter: @WilsonLpez9