Una aclaración en relación con la sentencia en la que se condena a la empresa a pagar 915,6 millones de pesos por concepto de daño emergente y 173,6 millones de pesos por lucro cesante como consecuencia de un atentado perpetrado en 1991 por el grupo subversivo de las Farc contra uno de los tramos del poliducto Puerto Salgar-Mansilla en Albán (Cundinamarca), pidió al Consejo de Estado la estatal petrolera Ecopetrol.
Explica el informe de prensa de la compañía colombiana que dicha aclaración obedece a que mientras en unos numerales de la parte resolutiva de la sentencia se hace responsable a Ecopetrol y se le condena al pago de los perjuicios, en otros numerales de la parte considerativa del texto se hace referencia a la responsabilidad del Estado colombiano o de la administración de los daños causados a terceros.
Los ministerios de Defensa, de Minas y Energía y la estatal Ecopetrol se opusieron a las pretensiones de la demanda al considerar que los hechos que causaron los perjuicios sufridos por el demandante fueron atribuibles exclusivamente a un tercero, y por ende las entidades no son responsables por actos terroristas, destaca el informe de prensa.
Dice el documento que en decisión de primera instancia, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y consideró que los hechos ocurridos fueron causados por actos terroristas por parte del frente 22 de las Farc, y que los demandados ejercieron una vigilancia adecuada de los riesgos asociados.
La solicitud de aclaración, la cual está pendiente de resolución, es necesaria para determinar el sentido de la condena y precisar si Ecopetrol es responsable en nombre y representación del Estado colombiano, pues cuando ocurrieron los hechos Ecopetrol era una empresa industrial y comercial del Estado, naturaleza jurídica diferente a la que tiene en la actualidad.
Una vez se resuelva la solicitud de aclaración, Ecopetrol decidirá si recurre a otros recursos para buscar la revocatoria de esta sentencia, indica el informe.