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Foto: Jhonatan Ramos
Durante muchos años, uno de los principales anhelos de la política colombiana fue la elección popular de alcaldes. Ese objetivo democrático se concretó a través de una reforma a la constitución en 1986. Sin embargo, la iniciativa quedó sujeta a la presentación de un proyecto de reglamentación que finalmente fue formalizado el 15 de septiembre. El proyecto llegó acompañado del compromiso del gobierno y las autoridades de rodear de garantías al nuevo invitado de la democracia colombiana: la Unión Patriótica.
La reglamentación de la elección popular de alcaldes que quedó supeditada para 1988, se convirtió en otro tema crucial de discusión en el Congreso de la República. Como las relaciones políticas entre los partidos tradicionales andaban revueltas, el asunto sumó en el listado de controversias pendientes. En medio de la pugna, el conservatismo demandó garantías para que la elección popular de alcaldes y con ella la formalización del poder local, se convirtiera en un camino de garantías ciudadanas.
En el ámbito judicial, la tercera semana de septiembre de 1986 arrancó con tres noticias de primera plana: una nueva masacre en la zona esmeraldífera de Boyacá que se había convertido en un desafío de seguridad nacional. También se supo del aumento de pena de prisión a la denominada reina de la cocaína, Verónica Rivera de Vargas. Finalmente, la noticia extraña fue la indagatoria al primer extraditado de Estados Unidos a Colombia, un tal John Lincoln Tamboer, del que poco se supo tiempo después.
Por Redacción El Espectador
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