Juana Yolanda Bazán

El baldío de la nueva superintendente de Notariado

En 1981, la nueva funcionaria del gabinete Santos compró y vendió en un mismo día un predio que la Nación le otorgó a un supuesto campesino en Santander. Un antecedente que la pone en una situación incómoda. Ella dice que no recuerda ese negocio. El Espectador revela la historia.

La excongresista Juana Yolanda Bazán Achury. / Vanguardia Liberal

Tras siete años de mandato y ya con el sol a sus espaldas, el presidente Juan Manuel Santos designó el pasado 1° de agosto a tres nuevos ministros y a ocho altos funcionarios con el objetivo de que lo acompañaran en la recta final de su gobierno. Y no había terminado su anuncio en Palacio cuando los “peros” por esos nombramientos empezaron rodar. El tsunami de críticas al expresidente de Millonarios Juan Carlos López, nueva cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hizo que este renunciara al día siguiente. Y el exconsejero para las regiones Carlos Correa no se ha podido posesionar como director de Findeter porque la junta directiva considera inconveniente que esté imputado por la Fiscalía por hechos de corrupción en Córdoba. Ahora, documentos en poder de El Espectador revelan que la nueva superintendente de Notariado y Registro, Juana Yolanda Bazán Achury, también tiene fantasmas en su pasado.

Según su hoja de vida, Juana Yolanda Bazán Achury es abogada especializada en derecho comercial, derecho público, alta gerencia y derecho constitucional. Entre 1995 y 1997 ofició como diputada de Santander y un año más tarde fue elegida como representante a la Cámara, cargo en el que estuvo hasta agosto de 2002. El 2 de enero de 2004, Bazán Achury se posesionó como secretaria general de la Gobernación de Santander, en cabeza entonces del coronel en retiro Hugo Aguilar, condenado años después por parapolítica. En 2010, fue nombrada por Alejandro Ordóñez Maldonado como procuradora delegada para asuntos de familia y en ese puesto permaneció hasta octubre de 2016. Su nombre volvió a la palestra el pasado 1° de agosto tras la designación que le hizo el presidente Santos. Pero, ¿qué negocio hizo la abogada Juana Yolanda Bazán Achury y por qué podría ponerla en apuros en la actualidad?

Los líos de un predio

Los enredos de la nueva funcionaria tienen que ver, ni más ni menos, con negocios de terrenos baldíos de la Nación, destinados por ley para los campesinos de más bajos recursos. Una paradoja, si se tiene en cuenta que la Superintendencia de Notariado es una de las entidades que han venido trabajando por la recuperación de baldíos ocupados por particulares que terminaron enriqueciéndose los bolsillos. De hecho, en su momento el entonces superintendente Jorge Enrique Vélez –hoy presidente del partido Cambio Radical– emprendió una cruzada para arrebatarles estos predios a poderosos terratenientes o empresas agroindustriales que nada tenían de labriegos necesitados. Colombia tiene 1,2 millones de hectáreas de terrenos baldíos y una deuda histórica con el campesinado, que espera, en tiempos de posconflicto, ahora sí, obtener lo que la guerra le ha quitado a punta de balas, fusiles y testaferros.

Esta historia se remonta al 30 de junio de 1980. Ese día, a través de la resolución 525, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó a un hombre identificado como Enrique Pérez Barrera el predio El Descanso, ubicado en el paraje Las Pampas del municipio de Puerto Wilches, en Santander. Se trataba de un terreno baldío (es decir, de propiedad de la Nación) con un área de 35 hectáreas. En teoría, Pérez Barrera debía ser un campesino para gozar de este beneficio. Pero, una revisión a su historial catastral revela que actuaba más como un avezado comerciante de tierras que como un labriego desprotegido. Sobre él volveremos más tarde. Lo interesante vendría después. El 7 de abril de 1981, nueve meses después de habérsele entregado el predio, Enrique Pérez Barrera se lo vendió por $250 mil a Juana Yolanda Bazán Achury. La transacción se formalizó en la Notaría Segunda de Bucaramanga a través de la escritura 3140.

Según los documentos, ese mismo 7 de abril de 1981, a través de la escritura 3141, Juana Yolanda Bazán Achury vendió ese mismo predio por $648 mil a la empresa Bosques de Santander S.A. Es decir, en cuestión de horas se ganó $398 mil. Un negocio redondo. Pero hay más particularidades. Documentos internos de Bosques de Santander demuestran que esos baldíos se habían negociado antes de que le fueran adjudicados al supuesto campesino Enrique Pérez Barrera. El acta del 18 de junio de 1980 de la junta directiva de la compañía revela que la empresa Bosques de Santander estaba interesada en la compra del predio El Descanso y que para ello estaban adelantando los trámites de titulación en el Incora. Doce días más tarde, el 30 de junio de 1980, el Incora le entregó el inmueble a Pérez Barrera. ¿Fue este hombre utilizado como fachada? ¿Por qué le vendió al año siguiente a Juana Bazán Achury? ¿Qué conexión había entre ellos y la firma Bosques de Santander?

De acuerdo con la Oficina de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, hoy el predio El Descanso le pertenece a la Sociedad Agrícola de Palmeros (Agropalma S.A.). Treinta y seis años después de que el Incora le entregara este inmueble a un supuesto campesino, su dueña es una empresa particular. Y en la mitad de ese negocio de un baldío estuvo la hoy designada auperintendente de Notariado y Registro. El Espectador revisó si el supuesto labriego Enrique Pérez Barrera fue beneficiario de otros terrenos baldíos en Puerto Wilches y encontró varias perlas. En 1978 este sujeto logró que le adjudicaran dos predios. Uno denominado Buena Suerte, de 78 hectáreas, y otro llamado El Toronjo, de 25 hectáreas. Y en 1980 el Incora le otorgó el inmueble San Martín, con un área de 79 hectáreas. Algunos de esos baldíos, después los vendió. Es decir, se benefició económicamente de terrenos que debían, en teoría, acortar la brecha social con los campesinos.

Pero, además, según la ley 135 de 1961, Pérez Barrera no podía ser beneficiario de otros baldíos si ya le habían otorgado un predio rural. Consultamos a expertos en la materia, quienes evaluaron los documentos en poder de El Espectador. Según ellos, los terrenos baldíos están destinados para los campesinos con el fin de promover una reforma agraria y “no son para hacer negocios ni sacar provecho personal, como lo hizo la señora Juana Yolanda Bazán”. Otra fuente consultada, que pidió el anonimato, fue más contundente: “La nueva superintendente ha tenido conductas contrarias al cargo al que llega. Participó en la venta de un baldío de la Nación para sacar provecho de éste sin que hubiera sido sujeto de una reforma agraria. Pero, además, todo indica que ella estuvo detrás de ese negocio incluso días antes de que el predio El Descanso le hubiera sido adjudicado a este supuesto campesino. ¿Sabrá el presidente Santos de este antecedente?”.

Este diario consultó a la designada superintendente Juana Bazán Achury, quien tomará posesión de su cargo este lunes 14 de agosto. Según ella, apenas ahora vino a enterarse de este negocio. “No tengo recuerdos de esa transacción. Si se analiza el folio de matrícula inmobiliaria, se observa que ese señor Pérez supuestamente me vendió el predio El Descanso y ese mismo día yo se lo vendí a Bosques de Santander. No tiene sentido. Pero, además, yo conscientemente no recuerdo ni haber poseído la tierra, mucho menos haber tramitado o hecho diligencia alguna ante una entidad pública que manejara tierras como el Incora”. Bazán Achury añadió: “Nunca he trabajado en el sector agropecuario, no sé dónde queda ese inmueble y dicho negocio ocurrió hace 36 años, cuando yo era una estudiante de derecho que no poseía ningún bien. Voy a investigar y a poner en conocimiento de las autoridades este tema”.

Al ser preguntada si conocía al señor Enrique Pérez Barrera o a la empresa Bosques de Santander, la nueva superintendente indicó: “No los conozco. Nunca supe que tuve un bien por un día. Y en todo caso esa adjudicación no me la hicieron a mí”. Mientras Bazán Achury resuelve este fantasma del pasado, su entidad y la propia Agencia Nacional de Tierras deberán revisar qué pasó con el predio El Descanso.