El camino hacia el altar igualitario

La salida de magistrados conservadores y la llegada de liberales permitió que la Corte Constitucional le diera el sí a la comunidad LGBT para casarse.

La historia parece producto del azar a los ojos de los hombres. Pero no. Nada se explica sin comprender qué tuvo que pasar, por ejemplo, para que seis magistrados le abrieran la puerta a la igualdad, que venía tocando insistente desde hace tiempo. Y por ello no es posible entender el fallo que le da luz verde al matrimonio igualitario en Colombia sin volver a 2011, cuando la Corte Constitucional reconoció, por fin, que había familias diversas, que no por ser distintas eran menos importantes.

Y tampoco se puede entender sin comprender cómo los astros, por así decirlo, se juntaron a favor de la igualdad. A mediados de 2011 la Corte estaba compuesta por cinco magistrados liberales, entre ellos tres magistrados que hoy siguen en la Corte: Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle, actual presidenta del alto tribunal. Los otros dos magistrados progresistas eran el hoy presidente de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, y el actual rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, quien, a la sazón, lideraba este bloque liberal.

El bloque conservador, por su parte, lo componían dos de los actuales magistrados de la Corte: Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Ignacio Pretelt, y el entonces magistrado Nilson Pinilla, reconocido por sus posiciones en contra de los homosexuales. “Son enfermos a quienes hay que prestarles atención sicológica”, dijo en 2008. Una muestra de sus posiciones conservadoras. En medio de los bloques estaba un magistrado que siempre se movió entre uno y otro bando y que posteriormente sería el que inclinaría la balanza: Mauricio González Cuervo.

En ese momento una de las controversias que se suscitaron fue si la Corte podía modificar el Código Civil y darle luz verde al matrimonio igualitario o si era el Congreso el que debía hacerlo. Al final, tras un acalorado debate, se impuso la idea de que debía ser el Legislativo el de la última palabra. Y por ello la Corte le dio al Congreso un plazo de dos años para que se pronunciara de fondo sobre los derechos de las parejas homosexuales a formalizar sus uniones.

Con un agregado que se iba a convertir luego en la manzana de la discordia. “Si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”, sostuvo la Corte. Y fue como si lo hubiera dicho todo y nada a la vez, debido a que la orden no era clara.

Cuatro magistrados (Henao, Calle, Vargas y Palacio) se mostraron en desacuerdo. Para ellos, la Corte podía, y debía, decidir sobre el matrimonio igualitario. Creían que la Corte se había quedado corta. Quien mejor representó esta posición fue Calle, al votar parcialmente en contra, según ella, no porque no compartiera lo dicho en el fallo, “sino, por el contrario, por lo que se dejó de decir”. La Corte había agitado el avispero pero, al final, había dejado más preguntas que respuestas.

Los siguientes dos años fueron de incertidumbre, como suspendidos en el tiempo y con tirios y troyanos preparándose para la guerra, que parecía inevitable. El Congreso, en vez de asumir la tarea que le había puesto la Corte, se dedicó a hundir aquellos proyectos de ley que intentaron darle paso al matrimonio igualitario y, además, reeligió como procurador a quien ya era, para ese momento, un protagonista del debate: Alejandro Ordóñez. Mientras la Corte Suprema de Justicia elegía a quien sería su némesis: el exfiscal general Eduardo Montealegre.

Durante estos dos años hubo muchas voces a favor y en contra del matrimonio gay, pero todo eran especulaciones. Faltaba que llegara el 20 de junio de 2013. Y llegó como una tromba. Decenas de parejas homosexuales salieron a hacer lo que los heterosexuales llevaban siglos haciendo sin problemas: casarse. Pero, prontamente se hizo evidente que el fallo de la Corte no había cerrado la discusión. Todo lo contrario: la lucha entre defensores y opositores del matrimonio igualitario apenas empezaba.

Hubo jueces y notarios que se negaron a formalizar estas uniones, algunos con base en sus principios religiosos, otros influidos por la omnímoda presencia del procurador Ordóñez, quien les hizo una advertencia, que pareció más una amenaza, a quienes casaran a los homosexuales. El entonces fiscal Montealegre salió en defensa del matrimonio igualitario. Ese fue, precisamente, uno de los primeros de tantos agarrones que se produjeron luego entre el jefe del Ministerio Público y el de la Fiscalía.

Pese a que otros derechos de la comunidad LGBT se encontraban en discusión, el matrimonio igualitario se había convertido, por así decirlo, en la punta de lanza. Y no era para menos: se trataba de modificar el Código Civil de 1887, de que la ley entendiera, tras casi 130 años, lo que ya era una realidad. No hubo quien no dijera algo al respecto. O, bueno, sí: la Corte Constitucional, que se mantuvo callada, como si estuviera viendo la corrida desde la barrera. Pero no por mucho tiempo.

Ante la negativa de los jueces y movidas por su amor, varias parejas acudieron a los jueces para que, mediante tutela, se les reconociera su derecho a formalizar su cariño, a que no se les persiguiera como si fueran criminales, a poder casarse con todas las de la ley, con bombos y platillos y no en pequeños municipios y casi en secreto. Pero ya la Corte no era la misma: Juan Carlos Henao se había ido al Externado y en su reemplazo el Congreso había elegido al abogado conservador Luis Guillermo Guerrero. A su vez, Sierra Porto se había ido para la Corte Interamericana y un abogado liberal, Alberto Rojas Ríos, ocupaba ahora su puesto.

La sociedad tampoco era la misma. En dos años, la movilización social a favor de la comunicad LGBT había crecido exponencialmente, las ciudades empezaban a vestirse, cada vez con más frecuencia, con la bandera multicolor del orgullo gay. Ya había homosexuales en importantes cargos públicos y el apoyo al matrimonio igualitario era creciente. Pero, curiosamente, era otra la lucha que avanzaba con mayor rapidez.

En 2014, con Juan Manuel Santos como presidente reelecto, el gobierno destapó sus cartas a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, en un concepto enviado por el Ministerio de Salud a la Corte Constitucional. Y el 28 de agosto de ese año, el alto tribunal le dio su visto bueno al proceso de adopción de los hijos biológicos de una mujer, Ana Léiderman, por parte de su pareja, Verónica Botero.

Pasaron cinco años entre la admisión de la tutela y el fallo a favor de Ana y Verónica, quienes, no obstante, siguen a la espera debido a que el proceso de adopción se encuentra detenido por culpa de un recurso promovido por la Procuraduría. Sin embargo, este fue un primer, aunque tímido, paso hacia la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
En febrero de 2015 la Corte dio otro paso, al avalar la adopción consentida por parte de parejas del mismo sexo. Es decir: cuando el padre o la madre biológica del menor consienten que su hijo sea adoptado por su compañero permanente del mismo sexo y que entre todos haya habido, por lo menos, dos años de convivencia. Era algo pero no suficiente. Lo dijo el entonces director de la ONG, Colombia Diversa, Mauricio Albarracín: “La Corte avanzó un paso pero dejó pendiente otro”.

Al igual que en 2011, en el momento de fallar, en febrero de 2015, la Corte se encontraba dividida. La elección del magistrado Alberto Rojas Ríos había sido anulada por el Consejo de Estado, debido a vicios de procedimiento. Por ello, la eterna secretaria de la Corte, la abogada conservadora Martha Sáchica, se encontraba reemplazándolo. Y el conservador Nilson Pinilla se había ido de la Corte a mediados de 2014, no sin antes agarrarse con dos de sus compañeros: el magistrado uribista Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas Ríos. Se dijeron de todo. Pinilla dijo, incluso, que había magistrados que deberían estar en el Congreso y no en la Corte.

La abogada liberal Gloria Stella Ortiz fue elegida en reemplazo de Pinilla. Ortiz no era cualquier abogada: antes de ingresar a la Corte se desempeñaba como la asesora en temas constitucionales del entonces fiscal Eduardo Montealegre, defensor del matrimonio igualitario y quien fue fundamental para que Ortiz fuera elegida por el Senado. Su ingreso fue una victoria para el exfiscal.

Con la salida de Rojas y Pinilla y la llegada de Sáchica y Ortiz las cargas estaban equilibradas. Cuatro magistrados por el lado liberal (Vargas, Calle, Palacio y Ortiz) y cuatro por el lado conservador (Sáchica, Guerrero, Mendoza y Pretelt). Y Mauricio González Cuervo, como siempre, a veces con unos, a veces con otros, o a veces impedido, como en el proceso para definir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. González se había declarado impedido por haber participado, como secretario jurídico de la Presidencia, durante el gobierno Uribe, en el debate sobre la Ley de Infancia y Adolescencia.

Como el bloque liberal y el conservador se encontraban empatados, la Corte tuvo que llamar a un conjuez para que reemplazara a González Cuervo y definiera a favor de unos u otros. Y entonces el azar hizo de las suyas. Fuentes consultadas por El Espectador señalan que la elección del conjuez fue, palabras más, palabras menos, así: un magistrado auxiliar, Andrés Mutis, había entrado a reemplazar como secretario de la Corte a Martha Sáchica, debido a que esta, a su vez, se encontraba reemplazando a Rojas Ríos.

A Mutis le tocó elegir al conjuez que iba a zanjar la discusión. Los magistrados le dijeron que sacara el nombre de una bolsa. La magistrada María Victoria Calle le dijo, en broma, que no fuera a sacar a uno de los conjueces propuestos por su exjefe. Se refería al exmagistrado Nilson Pinilla. Dicho y hecho. Como si Calle hubiera conjurado un hechizo, Mutis sacó a un conjuez conservador, como casi todos los propuestos por Pinilla: el expresidente de la Corte Suprema José Roberto Herrera.

Y al final Herrera fue clave para que la Corte decidiera avalar la adopción consentida pero se abstuviera de avalar la adopción gay en general. El abogado conservador fue el artífice de ese fallo salomónico de febrero de 2015. La igualdad parecía inevitable.

Pero la suerte no siempre le ha hecho mala cara a la comunidad LGBT. Si en un primer momento el conjuez elegido fue un conservador, luego, al estudiar otra demanda a favor de la adopción gay, la Corte escogió como conjuez al exmagistrado Jaime Córdoba Triviño para que reemplazara en el debate a González Cuervo. Córdoba era liberal y por ello su llamado llenó de ilusión a la comunidad LGBT. No obstante, al final Córdoba ni siquiera participó del debate, debido a un evento inesperado: en mayo de ese año, una sala del Consejo de Estado tumbó el fallo mediante el cual ese mismo tribunal había anulado la elección de Alberto Rojas Ríos y ordenó su reintegro.

Rojas Ríos, tan criticado por algunas ONG y sectores de la sociedad por presuntos actos de corrupción, regresó a la Corte y terminó, paradójicamente, siendo fundamental para que este debate se zanjara a favor de la comunidad LGBT y de esos mismos actores que tanto lo cuestionaban. Fue el aliado inesperado, debido a que su retorno puso las cargas a favor del bloque liberal. La Corte quedó con cinco magistrados liberales, tres conservadores y González Cuervo.

El regreso casi fortuito de Rojas Ríos se sumó a otro hecho que, al final, iba a decantar el debate a favor del bloque liberal: el caso Fidupetrol. En marzo de 2015, el entonces magistrado Mauricio González Cuervo denunció un presunto tráfico de influencias dentro de la Corte, que involucraba, supuestamente, al magistrado Jorge Pretelt con un intento de soborno para que la Corte fallara una tutela a favor de una firma, Fidupetrol. Supuestamente la empresa buscaba que se le eximiera de pagar $22.500 millones por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Pretelt, quien para ese momento era presidente de la Corte, fue suspendido de su cargo y se le inició un proceso que ya se encuentra en manos del Senado, que debe definir con prontitud si suspende a Pretelt o no. La debacle de Pretelt y el regreso de Rojas Ríos serían fundamentales para que, en noviembre de 2015, con cinco votos a favor y tres en contra, el alto tribunal le diera luz verde a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Fue un hecho histórico. Aunque en la comunidad LGBTI el sentimiento era que se había ganado la batalla pero no la guerra. Faltaba otro capítulo: el matrimonio igualitario.

Ese mismo mes ocurrió otro hecho que fortaleció el bloque liberal de la Corte. El 3 de noviembre el Senado eligió como magistrado, en reemplazo de Mauricio González Cuervo, al abogado Alejandro Linares Cantillo. Santos ya se había asegurado que el próximo magistrado iba a ser liberal, con una terna compuesta por Linares y las abogadas Catalina Botero y Magdalena Correa. Con la elección de este último tenía un socio en la Corte, debido a que era el candidato más cercano a su gobierno.

Un detalle de vital importancia si se tiene en cuenta que el Gobierno Santos se ha comprometido directamente con la defensa de los derechos LGBT, sobre todo, desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, cuyas cabezas, Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, han defendido en reiteradas ocasiones los derechos de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, en casos como el del joven Sergio Urrego, quien se suicidó en 2014 tras presiones en su contra por su orientación sexual.

Con la llegada de Linares el bloque liberal tenía por fin una mayoría con la que no contaba desde 2006, año en el que la Corte estaba compuesta por seis magistrados liberales (Manuel José Cepeda, Jaime Araújo, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas, Humberto Sierra Porto y Jaime Córdoba Triviño) y tres conservadores (Álvaro Tafur, Marco Gerardo Monroy y Rodrigo Escobar Gil).

Con tales números era inevitable que el matrimonio igualitario se aprobara tarde o temprano. La historia quiso, como si gozara de buen humor, que la ponencia que iba a guiar el debate quedara a cargo de su mayor contradictor: Jorge Ignacio Pretelt. La discusión fue aplazada varias veces y en reiteradas ocasiones los medios dieron como una noticia la aprobación del matrimonio. Sin embargo, esto no se hizo realidad sino este jueves 7 de abril, cuando esa mayoría de seis magistrados venció la ponencia de Pretelt. Ahora debe ser Rojas Ríos quien realice la ponencia definitiva.

Este paso histórico se debe al fortalecimiento del bloque liberal en la Corte Constitucional y, en paralelo, al debilitamiento del bloque conservador. Al final la conclusión parece ser que la igualdad, antes que imparable, estuvo detenida durante años pero era inevitable. Y eso es lo que acaba de ocurrir tras una partida de cinco años.