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Durante el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Colombia, como es frecuente, ocupa un lugar importante. Son al menos cinco audiencias solicitadas por diversas organizaciones para hablar de situación de derechos humanos en la región del Pacífico colombiano, las denuncias sobre violencia contra personas LGBTI en el Caribe colombiano, el derecho a la participación efectiva de las mujeres en el proceso de paz y la justicia transicional en Colombia, las denuncias sobre desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo en el país. Una de estas, realizada ayer, estaba encaminada a tratar uno de los temas de mayor coyuntura: las víctimas y su derecho a una reparación integral.
Alejandra Vicente, vocera del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, una de las organizaciones solicitantes de la audiencia), asegura que la coyuntura actual de Colombia es muy interesante, porque en los últimos años ha habido un reconocimiento progresivo de parte del gobierno a los derechos de las víctimas. “Eso es una novedad, como también que el Estado ahora reconoce que hay un conflicto interno y está en un proceso de paz con la guerrilla. En este contexto, el gobierno ha ido aprobando una serie de leyes, como la Ley de Víctimas y otras, que hacen un reconocimiento del daño a las víctimas y los derechos de las víctimas. Eso es un paso muy importante”. No obstante, señala Vicente, puede tratarse también de un retroceso. Según la abogada, se han visto varios obstáculos en la implementación de esas leyes, que resultan en que las reparaciones no sean realmente efectivas, ni integrales, ni lleguen en muchas ocasiones a las víctimas.
La audiencia se concentró en dos temas principales: primero, el tema de justicia y verdad, en el cuál se analizó cuáles son los obstáculos para acceder a la justicia de las víctimas desde la aplicación del nuevo proceso penal acusatorio y la ley 906. “Bajo la ley anterior –dice Vicente- las víctimas tenían una serie de ventajas procesales, en el sentido de que eran parte en el proceso. A partir de la aplicación del proceso penal acusatorio, han pasado a tener un rol secundario, y eso tiene unas consecuencias muy negativas en la manera en que acceden a la justicia. No pueden presentar en muchos casos pruebas, no pueden entrevistar testigos. Tienen una participación que se limita sólo a la reparación patrimonial, pero no a confrontar y tratar de buscar la verdad. El resultado de esto es que no hay una reparación integral”.
Un segundo punto incluye los obstáculos que se han dado para las reparaciones con la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas. Si bien ambas se reconocen como pasos importantes, hay obstáculos sobre todo para la población desplazada. De acuerdo al registro oficial, en Colombia hay más de 5.7 millones de víctimas de desplazamiento forzado y se estima que más de 400 mil colombianos han tenido que abandonar sus bienes y sus territorios por una situación persistente de conflicto armado. Los niveles de impunidad respecto del delito de desplazamiento forzado llegan al 95%, reconocido tanto por la Fiscalía como por la Corte Constitucional. El hecho de que Colombia sea el primer país en número de desplazados en el mundo genera un reto muy grande para el gobierno en materia de reparación.
De acuerdo al gobierno nacional, en 2013 se indemnizó a un total de 8.981 víctimas de desplazamiento forzado, de esos 5.7 millones. Pero, dice Vicente, “dentro de esos números no se especifica qué tipo de reparación, cuáles fueron indemnizadas de manera individual y cuáles fueron indemnizadas en procesos colectivos, si ha habido enfoques diferenciales, cómo ha sido la indemnización administrativa”.
La abogada añade que “lo que vemos es que la Ley de Víctimas invisibiliza a los desplazados en relación con las leyes que se estaban aplicando antes y tampoco tiene en cuenta el daño que se deriva del desplazamiento forzado. Los montos que se están reconociendo a las víctimas de desplazamiento son muy bajos. Con el decreto 1290 de 2008, se reconocían hasta 27 sueldos mensuales por desplazamiento, eso ha bajado a 17 con la Ley de Víctimas. Se están dando unos retrocesos en ese sentido, sobre todo en relación a la población desplazada, que parecen muy graves”.
Un informe sobre Colombia publicado en agosto por la CIDH incluye los temas de reparaciones y desplazamiento. La Comisión reconoce que la situación de los desplazados sigue siendo una tragedia humanitaria. Añade Vicente que, aunque el Estado ha tomado pasos para otorgar ayudas y reparaciones, la situación sigue siendo un estado de cosas inconstitucional como ha reconocido la propia Corte Constitucional colombiana. Además, eso está agravado por la persistencia del conflicto armado, que sigue generando personas desplazadas.
El informe también analiza la Ley de Víctimas. Señala que presenta muchos retos para el gobierno: uno es que la ley misma crea toda una institucionalidad que hay que gestionar y el Estado tiene que cuidar que todos los diferentes organismos que ha creado para implementar la ley estén coordinados y hagan su trabajo. También la capacitación de los funcionarios que están trabajando en esto plantea un desafío. Finalmente, explica Vicente, señala un punto importante que es el de sostenibilidad fiscal: “la ley de víctimas está condicionada a que haya sostenibilidad fiscal del Estado colombiano y la Comisión dice que las reparaciones de las víctimas no pueden estar condicionadas a la sostenibilidad fiscal. El derecho a una reparación siempre va a existir independientemente de la sostenibilidad fiscal del Estado”.
El mensaje general de las organizaciones solicitantes es que es importante que el Estado colombiano rescate los estándares internacionales para la reparación de víctimas de manera que en cualquier proceso transicional que se diseñe, se tengan en cuenta esos estándares. Este llamado también va en sintonía con lo que dice el informe de la CIDH, en el cual señalaba que la obligación de Colombia de investigar las graves violaciones de derechos humanos es irrenunciable. El informe indica que “la Comisión observa con preocupación que el Marco Jurídico para la Paz contempla la posibilidad de renunciar a la investigación de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH que no sean seleccionados, circunstancia que llevaría a la impunidad. Tomando en consideración que el deber de investigar y juzgar casos de graves violaciones de derechos humanos es irrenunciable, la selección y ausencia de investigación de esos casos plantea incompatibilidades con las obligaciones internacionales del estado”.
El temor de la CIDH y otras organizaciones es que la manera cómo se apliquen los criterios de priorización y selectividad en el Marco Jurídico para la Paz pueden llevar a que se renuncie a investigar algunos crímenes. Según Vicente, puede haber una priorización en el sentido de que la Fiscalía tenga una política interna de investigar unos casos antes que otros, un tema de organización interna de la Fiscalía, pero siempre sin renunciar a la obligación estatal de investigar todas las graves violaciones.
La Comisión, en su informe, reconoce que se pueden morigerar las penas, pero siempre teniendo en cuenta tanto la cooperación real del acusado, que supone que la persona de manera individual ayude a esclarecer tanto las estructuras de poder como criminales, como el establecimiento de la verdad, que haya una contribución real, a diferencia de lo que ha pasado hasta ahora con el proceso de desmovilización y de Justicia y Paz. “Esa morigeración de la pena tiene que ser proporcional con la gravedad de los delitos y las violaciones. No puede ser que por uno de los crímenes más graves una persona tenga un número de años muy bajo. Debe ser siempre proporcional. Son temas rescatables del informe de la Comisión”, dice Vicente.
* Daniel Salgar Antolínez / @DanielSalgar1