El despilfarro del agua que causa la minería ilegal

La Defensoría advierte además que podrían presentarse graves emergencias asociadas a la remoción de enormes volúmenes de tierra y a la deforestación de bosques naturales a raíz de la sequía.

Redacción Nacional
08 de febrero de 2016 - 12:12 p. m.

En una inspección a seis departamentos del país, la Defensoría del Pueblo evidenció el grave impacto que la minería ilegal está ocasionando y hace una llamado para que las autoridades hagan un seguimiento más profundo. Los hallazgos fueron en zonas rurales de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar, en donde, a pesar de la intervención del Ministerios de Defensa, que asegura que ha intervenido 2.000 complejos ilegales en 2015, todavía persisten

En la investigación de la Defensoría, los delegados discriminaron en siete los elementos más preocupantes. El primero, hace referencia al despilfarro de recursos hídricos, que se hace aún peor en temporada de sequía, y que está asociado al uso indiscriminado de 13 millones de metros cúbicos de agua al año, los cuales son devueltos en condiciones de alta toxicidad por el vertimiento de sustancias como el mercurio y el cianuro.

El segundo, es el derrame de combustibles como la gasolina, el Acpm y la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de hidrocarburos, los dos primeros utilizados para el funcionamiento de dragas y retroexcavadoras. Es también preocupante, según la Defensoría, la deforestación de bosques naturales y demás ecosistemas que, en promedio es de 16.700 hectáreas al año, por el impulso de las minas que afecta además afecta directamente actividades básicas como la pesca y la agricultura.

Por otra parte, la carencia de medidas de higiene y de seguridad en el uso de explosivos y excavación técnica, así como la falta de afiliación al sistema general de seguridad social, pensiones y riesgos laborable, llamó la atención de la Defensoría que encontró a varias personas hospitalizadas por la intoxicación con los químicos utilizados

“Injerencia de los grupos armados ilegales, quienes generan extorsiones mediante el cobro de tarifas por el volumen de producción y el uso de la maquinaria, sin contar aquellos casos donde las mismas organizaciones criminales patrocinan la explotación para financiar sus acciones delincuenciales”, fue el sexto hallazgo que mostró la Defensoría en la mañana de este lunes 8 de febrero.

El último punto, se refiere a los 7.350 títulos que, a pesar de haber sido fiscalizados por la Agencia Nacional Minera, no cuentan con licencia ambiental “En medio de este panorama, agravado por las actuales circunstancias en materia de cambio climático y sequía, son alentadores los anuncios del Gobierno respecto a un plan de formalización con plazo a 2 años, a fin de que esta actividad entre en cintura y exista un monitoreo estricto a los complejos de extracción, para que se respeten y garanticen los derechos fundamentales a la salud, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad pública de los colombianos”, explicó la Defensoría.

 

Por Redacción Nacional

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