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A pesar de que en Colombia el 63% de las 14.357 minas censadas no cuentan con título minero –lo que se traduce en que están realizando una actividad por fuera de la ley–, las acciones del Gobierno para cambiar esa realidad han sido insuficientes. Es más, el mismo Estado “ha contribuido a fomentar la informalidad y la ilegalidad”, concluye un estudio del economista Álvaro Pardo, que hace parte de una detallada investigación de la Contraloría General sobre la minería en el país. (Vea: Pueblos carboneros viven peor que los cocaleros)
“Durante décadas, las autoridades minera y ambiental no ejecutaron programas de control y fiscalización de los títulos mineros y apenas en el 2012 iniciaron trabajos de fiscalización tercerizada. Y los resultados están a la vista: el 85% de las unidades mineras visitadas tiene al menos cuatro hallazgos, es decir, cuatro infracciones a las normas vigentes para el sector”, señala el informe.
Una de las pocas estrategias del Estado para enfrentar este fenómeno fue el Convenio 0027 de 2007, en el que los ministerios de Ambiente y Minas, la Fiscalía y la Procuraduría “se comprometieron a aunar esfuerzos para erradicar la minería ilegal”. Sin embargo los resultados de este convenio no han sido contundentes: en 2010 sólo se detectaron 141 casos de minería ilegal, se cerraron 6 minas, se incautaron 49 retroexcavadoras y 27 volquetas.
Aunque entre 2011 y 2012 esos resultados mejoraron (287 casos de minería ilegal, 615 minas cerradas, 690 incautaciones de retroexcavadoras y 273 de volquetas), si se tiene en cuenta que existen 9.044 minas sin título la acción estatal sigue siendo muy pobre, como lo ha concluido Pardo.
En esta radiografía la minería criminal ha tenido un papel predominante. Pardo describe cómo en un principio los grupos armados ilegales buscaban financiarse presionando a las empresas del sector, luego pasaron al secuestro de trabajadores y a ataques contra la infraestructura de las compañías, y posteriormente mutaron “a formas más sofisticadas para presionar el pago de estas organizaciones empresariales”
Y continúa: “En los últimos años, los grupos armados ilegales incursionaron en el mundo de la minería ofreciendo campañas de limpieza social, facilitando el ingreso de grandes compañías en algunas zonas del país y brindando protección del personal e infraestructura. Uno de los casos más conocido fue la supuesta alianza entre la empresa Drummond y grupos paramilitares en el departamento del Cesar, con quienes habrían contratado la vigilancia de la línea férrea que desde este departamento transporta el carbón hasta el puerto de embarque en Ciénaga, Magdalena”, escribe Pardo, citando un estudio del investigador Mauricio Romero y el portal Verdad Abierta.
Otro capítulo importante de la historia de la minería en Colombia es el lavado de activos: según cálculos del Banco Mundial en el país el crimen organizado podría lavar anualmente hasta $36 billones, de los cuales $10 billones corresponderían a la minería ilegal.
La corrupción también ha tenido una presencia permanente: “no sería explicable dejar de mencionar en este punto la participación de algunos representantes de la Fuerza Pública en un negocio que maneja millones de dólares al año. Organizaciones de mineros del Nordeste Antioqueno han denunciado que ‘son objeto de extorsión por parte de la guerrilla, de las Bacrim y de las Águilas Verdes’, en clara alusión a algunos agentes del ejército y la policía que, en lugar de combatir la extracción irregular de minerales, se lucran del negocio”.
Según el geólogo Julio Fierro, quien también hace parte de este gran estudio de la Contraloría, la “minería no legal” (término que incluye minería ilegal, informal y criminal), es la más nociva. Destaca que genera mayores efectos sociales y ambientales que los proyectos legales, los cuales “tienen ciertas consideraciones para buscar prevenir, corregir, mitigar o compensar dichos efectos”.
Los casos más graves en el país, según el tipo de material, son la sal (sólo el 1% de las explotaciones tienen autorización ambiental) y el oro (3% con licencia). Fierro señala, además, que la minería no legal (exceptuando la artesanal) además de agravar los impactos sociales y para medio ambiente, “contribuye a debilitar y deslegitimar la acción del Estado, ya débil de por si en determinadas regiones del país”.