El exterminio del pueblo wayuu

Los niños de la comunidad mueren de hambre. Los indígenas dicen que en los últimos cinco años han muerto más de 4.700 menores. Las autoridades locales y nacionales no tienen cifras consolidadas. El DANE sostiene que en 2012, de mil niños menores de cinco años nacidos vivos, falleció el 38,9%.

“Desde todo punto de vista nos están llevando al exterminio”: Javier Rojas Uriana, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipía Wayuu.

“Además de los altísimos índices de corrupción, el acceso a los derechos fundamentales mínimos no se cumple y se violan todos los derechos humanos”: Jorge Otálora, defensor del Pueblo.

“La Guajira es el escenario de inhumanidad y de injusticia más grande que he visto en este país”: Gonzalo Guillén, periodista y director del documental El río que se robaron.

Esas afirmaciones resumen lo que pasa en el departamento de La Guajira y demuestran que allí se vive una crisis humanitaria de la que todavía no hay cifras consolidadas y sobre la que menos hay conciencia desde el Estado y la sociedad. Esa crisis, la corrupción y la indolencia crónica son las responsables de que los menores de edad de la comunidad wayuu mueran por decenas y tiene como consecuencia que hoy ninguna entidad del Estado sepa realmente cuántos, cuándo y por qué han muerto. Aunque la respuesta salta a la vista visitándolos en sus rancherías: mueren por desnutrición.

En el departamento, el 68% de la población está constituido por personas en el ciclo de vida de primera infancia, adolescencia y juventud, razón por la cual los problemas asociados a la desnutrición afectan principalmente a los niños y niñas de cero a cinco años. Sobre esta base, la Defensoría del Pueblo presentó el 3 de febrero de este año el informe Crisis humanitaria en el departamento de La Guajira, en el que sostiene que allí “se vienen presentando muertes evitables de niños y niñas en su mayoría indígenas por desnutrición severa grado III Marasmo y Kwashiorkor, denotando un problema social, económico y ambiental”. Esa situación es más evidente en el Resguardo de Alta y Media Guajira, donde están los municipios de Uribia, Maicao y Manaure. Un total de nueve rancherías fueron visitadas en esos tres municipios y cerca de la capital del departamento para este reportaje.

A tres kilómetros de distancia de Riohacha está la comunidad Campo Verde. Allá, como a todas las rancherías, sólo es posible llegar con autorización de los líderes, con guía y traductor. Las casas son de barro y sus techos son en paja; algunas tienen tejas. Y hay tierra, mucha, y a todas horas, y los vientos soplan con tanta fuerza que toda la aspiran, con las consecuencias que eso tiene. En La Guajira no llueve desde noviembre del año pasado. Hay diversas clases de cactus y el resto de la vegetación está marchita. Y los pobladores se ven como los árboles, marchitos también.

El líder de Campo Verde, Sermida Arpuchana, dijo que es la primera vez que un medio de comunicación los visita y que eso le alegra porque ellos ya no son tenidos en cuenta por los gobernantes. Piden ayuda, dice, pero “el tiempo pasa y no sucede nada”. En esa comunidad hay cincuenta familias y ochenta niños, y lo que más necesitan es un sistema que les lleve agua y un molino. Arpuchana reconoce que han muerto niños por desnutrición, pero no tiene cifras.

“El año pasado vinieron con el programa De Cero a Siempre, que era una bolsa de leche y un pedazo de pan para cada niño, una vez a la semana. Pero eso no es suficiente, es más, a veces traen la leche pasada. Y muchas veces sucedió que esa leche y pan les produjo diarrea. Lo que pasa es que para un niño desnutrido ese no es un alimento apropiado”, cuenta el líder wayuu.

Un asunto que complica la situación es que las familias indígenas no reportan las muertes. Para Arpuchana, y en eso coinciden los demás líderes entrevistados para este informe, “reportarlos es perder el tiempo. A mí se me han muerto nietos en el hospital, pero es que se pudren allá porque no hay atención adecuada”.

En entrevista con El Espectador, el pediatra Edwin Almenares, de la clínica de Maicao, afirma que no tienen registros de los niños enfermos y de las muertes, “porque los indígenas, por su cultura, o no consultan a los médicos o no van a los hospitales”. Y recalca que “sí mueren niños por desnutrición. De pronto en los registros del DANE aparece por otra patología, pero la base es la desnutrición”.

Al doctor Almenares le preocupa que no hay políticas públicas de salud, ni buenos programas de control prenatal, ni atención a las madres en el embarazo. Además “hay una fractura entre lo que se plantea como ayuda para la alimentación de un niño wayuu y lo que ese niño está acostumbrado a comer. Hay que adaptarse al ambiente y a la cultura, hay que fortalecer la proteína que ellos conocen y enseñarles a complementarla en la comida, pero eso es cultural y es de mucha educación”.

A Ana María Ángel Correa, directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, El Espectador le preguntó si hay desnutrición en los niños de la comunidad wayuu y su respuesta fue la siguiente: “Yo no podría hacer esa aseveración porque nosotros, como ICBF, cada vez estamos llegando con más oferta institucional en la medida que hacemos búsqueda de la población y llegamos con servicios de primera infancia que son los más básicos, con un alimento de alto nivel nutricional que es la Bienestarina. Por eso, decir que hay ausencia total de alimentos es una aseveración muy fuerte”.

Una pregunta que no tiene respuesta concreta de parte de las entidades del Estado es cuál es el número de niños wayuus muertos por desnutrición. La directora de nutrición del ICBF dice que “hay muchas versiones frente a eso, hay información de las comunidades, de la Defensoría del Pueblo, pero procuramos responder a las estadísticas oficiales que nos presenta el DANE”.

¿Qué dice entonces el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE? La información que ha procesado es la siguiente: de cada mil menores de un año nacidos vivos en La Guajira en el año 2012, 31,6% murió. Y de cada mil niños menores de cinco años nacidos vivos ese mismo año, 38,9% falleció. La medición, sin embargo, no precisa cuál fue la causa de la muerte.

Lo cierto es que niños desnutridos sí hay y sí mueren por falta de agua y alimentos. En todas las comunidades visitadas es posible ver en ellos los síntomas evidentes de desnutrición: abdomen inflamado, pelo seco como paja, piel escamosa, ojos vidriosos y peso y altura que no corresponden a la edad. Y por falta de agua y otros recursos, las comunidades no pueden cultivar sus huertas con maíz, yuca o plátano, como en otros tiempos. De hecho, muchos indígenas tienen que caminar cinco y hasta diez kilómetros para llevar agua a sus rancherías.

El Espectador estuvo en el velorio de Rita, una pequeña de siete meses en una comunidad que está a 30 kilómetros de Manaure. El cuerpo de Rita estaba en una cajita de madera que hizo su papá y la estaban velando dentro de la choza, repleta de indígenas que rezaban por ella. Los wayuus son en su mayoría católicos y entierran sus muertos en los cementerios que hacen cerca a sus rancherías. Los papás de Rita ya habían perdido otra hija de dos años, también, según ellos, por desnutrición. No reportaron las dos muertes con el mismo argumento de que eso no sirve realmente para nada, pero además, y eso se entiende cuando se llega hasta allá, porque las posibilidades de transportarse hasta el municipio más cercano son casi nulas debido al difícil acceso a la zona y la falta de medios.

Según Javier Rojas Uriana, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipía Wayuu, en los últimos cinco años han fallecido 4.700 menores por desnutrición. “Eso representa sólo el 45% de las rancherías porque por falta de recursos no pudimos llegar a todas”, dice.

El Espectador consultó con Cristina Plazas, directora del ICBF, su opinión sobre esa cifra y ella señala que “independientemente de las cifras es inconcebible que mueran niños. Lo importante es la articulación con las autoridades indígenas, ya que el ICBF ha venido cumpliendo con los compromisos. Sin embargo, el ICBF no puede solo con el problema”. Afirma que el agua y la sequía del departamento son los mayores problemas de la población y cree que la mayor barrera para solucionarlos es que “el Estado es muy garantista y no les exige a las comunidades indígenas obligaciones para que también aporten soluciones. Los indígenas deben ser parte de la solución”.

Vuelve entonces el tema de la alimentación y la asistencia que el Estado les da a los indígenas de la región porque varios líderes de las comunidades, como lo dijo Arpuchana en la Comunidad Verde, insisten en que los operadores contratados por el ICBF le llevan una vez a la semana un pan y una bolsita de leche de 200 ml a cada niño. Según la directora de nutrición, Ana María Ángel, eso no es verdad, “esa modalidad no existe”. Y aclara que hay “un paquete que se entrega en la modalidad Entorno Familiar y es sólo para el niño, para las madres gestantes o en período de lactancia. La dificultad es que en ocasiones la familia lo consume, ya que no tiene otras opciones alimenticias. Y hay un problema cultural: el último en consumir el alimento en orden de jerarquía es el niño, porque el papá es al que primero se le sirve y en mayor porción”.

Pero Matilde López, líder wayuu, insiste: “Aquí hacen los contratos con los operadores sin consultar a las comunidades. Y una vez a la semana reparten una leche de 200 ml y un pan. ¿Sabe cuánto vale ese refrigerio? $4.100”. Basta con ir a una tienda de barrio para comprobar que esa leche vale $500 y el pan $100, es decir, hay un desfase de $3.500.

La prueba de que se hace ese tipo de entrega alimentaria a los niños la encontró El Espectador. La profesora de una ranchería que pidió que no citáramos su nombre por temor a represalias nos mostró la evidencia. “Mire, me quedaron cinco lechitas que no les quise dar a los niños porque les da dolor de barriga. Y este es el pancito”. En esa ranchería hay 50 niños, y entre gestantes y lactantes hay 10.

¿Cuántos años y gobiernos pasarán antes de que los ojos de la Nación se posen sobre La Guajira y le den solución a la crisis humanitaria? No hay respuesta. La líder Matilde López lo resuelve así: “Nuestros indígenas conocen el derecho de sus comunidades, pero no conocen los derechos constitucionales, son analfabetas y por ende no pueden reclamar nada. Los gobernantes han tenido la suerte de tener un pueblo wayuu pasivo. Pero esa pasividad de los indígenas va a llegar a un límite”.

“La Guajira tiene 930.000 habitantes y en los últimos tres años, por concepto de regalías del Cerrejón, ha recibido US$2.100 millones. Con ese dinero, distribuido entre esa población, el departamento debería parecerse a Suiza, no a lo peor de África”.

Los operadores

En La Guajira hay más de 3.000 operadores contratados por el ICBF, que se encargan de manejar los programas de asistencia alimentaria. El problema es que no hay auditorías que los controlen. La directora del ICBF afirma que “estamos sacando un decreto para que el aseguramiento de la calidad tenga más dientes y herramientas y para poder ejercer autoridad sobre los operadores que incumplen con sus responsabilidades”. Plazas explica que no hay auditorías porque “para ello es importante tener un buen sistema de información, del cual carece el ICBF en este momento”. Admite que hay corrupción y que “los operadores roban inflando las cifras de los niños que están atendiendo”. La directora dice que el ICBF adelanta un proceso “para ir despolitizando las seccionales” y que van a empezar a abrir nuevos concursos. Asimismo aumentarán a 75/100 el puntaje requerido para aprobar el examen de ingreso a trabajar en el ICBF, que era de 40/100.