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Nacional 10 Jun 2013 - 12:21 pm

El fallo de los raizales (II)

La historia del movimiento de rebelión de los sanandresanos contra Colombia, las batallas jurídicas que ha ganado y el impacto del fallo de la haya sobre el mar caribe.

Por: Alfredo Molano Bravo
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Una postal de San Andrés, tierra de centenarias luchas independistas. Foto: Luis Ángel

El reconocimiento constitucional por parte de Colombia del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia es una de las consecuencias más claras de una larga y accidentada lucha llevada a cabo principalmente por movimientos como The Sons of the Soil (SOS), más tarde la Ketlenan National Association (Ketna), luego el San Andrés Island Solutions, y por último el movimiento Archipiélago Movement for Ethnic Native Self-Determination (Amen-SD).

En 1912, antes de ser declarado el archipiélago intendencia nacional, Francis Newball, líder nativo, escribió refiriéndose a las responsabilidades del Congreso: “No hay duda que el Congreso obrará prudentemente si accede a la solicitud de los isleños, creando la intendencia, porque si las islas han de continuar bajo el régimen departamental (de Bolívar), puede ocurrir, cuando menos se piense, una catástrofe, estando como están los isleños resueltos a poner término a las imposiciones. Declarado intendencia nacional, los nativos reclamaron que el gobierno de la isla fuera ejercido por nacidos en el archipiélago. El Gobierno ni oyó la propuesta. El Estado estaba empeñado en la nacionalización de esas tierras lejanas y ajenas a su cultura, imponiendo el castellano en las escuelas y en la administración pública y dándoles a los capuchinos la facultad de evangelizar a la población nativa en su gran mayoría protestante”.

La existencia de un movimiento de rebelión contra Colombia se dio durante el gobierno de Guillermo León Valencia: la United Press International informó haber recibido una llamada anónima que proclamaba la independencia de San Andrés y Providencia de Colombia y su anexión a EE.UU. La voz no volvió a llamar, pero el hecho despertó sospechas y susceptibilidades que el Gobierno decidió enfrentar represivamente, reforzando la presencia militar en la isla. A fines de los sesenta fue presentado un manifiesto separatista presentado a la Oficina de Refugiados de la ONU, respaldado por 10.000 firmas. Unos días después nació en Bogotá el Club Archipiélago Unido, bajo el lema “La isla para los isleños”. La respuesta a estas posturas de independencia fue el cambio de formato administrativo: en 1972 el Congreso convirtió las islas en intendencia especial y le dio a San Andrés, mediante reforma constitucional, dos curules, pero suprimió la Alcaldía y por tanto la posibilidad de que los raizales llegaran al poder local. En 1977 el separatismo reapareció con la consigna “Pueblo: cuándo adquiriréis conciencia”. De esa época data el termino “raizal” que sustituiría a los de “nativo” e “isleño”, inspirado por una organización nueva, Sons of the Soils (SOS), que jugaría un papel determinante en la creación de conciencia independentista: “Justice, respect, prosperity and self-determination”.

En el plano de rebeldía, los movimientos nombrados cumplieron un papel sobresaliente. Las protestas se iniciaron en 1989 como una expresión contra la decisión del Gobierno de construir un barrio en el sector de San Luis, un lugar emblemático de los raizales. Las luchas por la autonomía condujeron a SOS a plantear la necesidad de reformar la Constitución de 1886 para darle espacio a la cultura raizal, tal como fue en efecto reconocida por la Constitución del 91. Otro movimiento surgido en la loma, Amen-SD, definió el término raizal nacido de los sustantivos “raíz”, o “root“ en inglés. La nueva categoría fue el puente para formular como exigencia de reconocimiento el Estatuto Raizal, que define al raizal como la “etnia angloafricana tradicionalmente asentada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con lengua, cultura, historia y ancestros propios”.

La Constitución del 91 acabó con el régimen de las intendencias y comisarías dándoles a todas ellas el carácter de departamento y por tanto la autonomía administrativa y la elección de gobernador. Particularmente significativa fue la sentencia de la Corte Constitucional C-530 de 1993: “La cultura de las personas raizales de las islas es diferente de la cultura del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, religión y costumbres, que le confieren al raizal una cierta identidad. Tal diversidad es reconocida y protegida por el Estado y tiene la calidad de riqueza de la Nación. El incremento de la emigración hacia las islas, tanto por parte de colombianos no residentes como de extranjeros, ha venido atentando contra la identidad cultural de los raizales, en la medida en que por ejemplo en San Andrés ellos no son ya la población mayoritaria, viéndose así comprometida la conservación del patrimonio cultural nativo, que es también patrimonio de toda la Nación”.

En el año 1998 comenzaron a poner obstáculos constitucionales a la autodeterminación, argumentando que la diversidad étnica y cultural no puede ir contra el concepto unitario de la Nación. Más tarde, en 2009, estableció: “la autonomía indígena que se desprende del principio de diversidad étnica y cultural encuentra, a su vez, límites en otros principios constitucionales de igual categoría, como la dignidad humana, el pluralismo y la igualdad, y en todo aquello que resulte intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre y su dignidad”.

Al ritmo de los avances jurídicos del pueblo raizal, tuvieron lugar protestas cívicas que contribuyeron a la agitación de la autodeterminación, cada vez más radical. En julio de 1999 un paro cívico bloqueó la entrada al aeropuerto exigiendo la reubicación de recién llegados a San Andrés que fueron ubicados en tierras ancestrales. Se adicionó la demanda de emergencia sanitaria dado el deterioro ambiental de la isla debido al poblamiento de pañas. En 2001, y teniendo en cuenta que los acuerdos logrados en el 99 no fueron cumplidos, un paro cívico paralizó con barricadas las vías de acceso a la Texas, que distribuye el combustible en la región. Se paralizaba así el transporte terrestre y marítimo y se suspendía la energía eléctrica. Los comerciantes se unieron clamorosamente al movimiento al verse perjudicados y afinando su sentido de pescar en río revuelto. La cuestión se complicó cuando el gobierno nacional enfrentó con fuerzas antimotines la protesta y una granada estalló a la salida de un oficio religioso del más importante templo protestante, La Loma, dejando heridos a 22 feligreses. Este hecho creó una gran indignación entre los raizales, que lo interpretaron como un atentado de carácter religioso. En 2002, la situación de contaminación ambiental originada en el criminal tratamiento de las basuras llevó a la gente, encabezada por el entonces gobernador raizal, Ralph Newball, a impedir la entrada de camiones al basurero, lo que creó una verdadera emergencia sanitaria. El gobernador fue despedido de su cargo y el gobierno nacional convocó nuevas elecciones. El día de la elección volvió a organizarse una protesta en la gobernación que terminó en violentos enfrentamientos entre manifestantes, que usaron bombas molotov, y la policía, que apeló a los gases lacrimógenos y las balas de caucho. Como cosa extraña, las protestas cívicas frente al fallo de La Haya se redujeron a un grupito de manifestantes que desplegaron una bandera colombiana frente al hotel donde se alojaba el presidente Santos, en la visita que hizo para solidarizarse con la población de San Andrés después del veredicto.

El fallo de La Haya sobre los límites con Nicaragua ha sido recibido por los raizales como una nueva traición de Colombia, porque el Estado los ignoró en la disputa y además los invisibilizó como pueblo de las islas. Un dirigente  conocido y responsable dice que ninguna de las organizaciones raizales fue consultada por el Gobierno sobre la estrategia adoptada para defender los derechos de Colombia. El Consejo de Estado criticó el hecho de que el Gobierno no hubiera hecho consulta a las comunidades raizales de San Andrés antes de ir al tribunal de La Haya. ¿Podía el Gobierno llevar a cabo una consulta sobre el tema o estaba impedido de hacerlo? ¿Qué resultados hubiera tenido? ¿Qué consecuencias, si el resultado no hubiera sido de respaldo unánime al país? El gobierno de Santos respondió que los raizales sí habían sido consultados: “Mediante el memorando DM-38113, la señora canciller Carolina Barco informó a Kent Francis y Ricardo Vargas Taylor que habían sido designados para colaborar en la preparación de la defensa de Colombia”. Jairo Rodríguez, un carismático dirigente raizal protestante, declaró: “Colombia no nos mencionó en el pleito, no nos acreditó como población aborigen. Esta es una política de Estado permanente, nos desconoce y no nos acredita para que nosotros no podamos ser reconocidos como colonia. Tiene miedo de que apelemos al estatuto de descolonización de Naciones Unidas”.

En resumen, el fallo de La Haya ha revuelto el avispero y reavivó los sentimientos independentistas que han venido cocinándose desde 1912, cuando el archipiélago fue erigido como intendencia nacional, dependiente del departamento de Bolívar, y ha fortalecido movimientos que de la autodeterminación se han vuelto abiertamente partidarios de la independencia del archipiélago para formar una nación que en el mejor de los casos firme un tratado similar al que Inglaterra firmó con sus colonias, conocido como Commonwealth. Los movimientos cívicos por su parte han ido creando climas separatistas. Las organizaciones SOS y Amen-SD han convocado un referendo de raizales en 2015 que decida qué tipo de relación deben tener las islas con Colombia: independencia total, Estado asociado o integración. Como es razonable concluir, el fallo de La Haya hará mas grave la situación del Estado colombiano, que tendrá que avenirse a una solución negociada de carácter separatista o a la represión de las tendencias independentistas envalentonadas por el fallo. Corine Duffis Steel, miembro de la junta directiva del movimiento Amen-SD declaró hace pocos días: “Estamos trabajando en el referendo para que la comunidad decida cuál es la forma de autonomía que quiere y pues en ese referendo se va a decidir eso, nosotros no podemos decidir por el pueblo, que sea independencia, adherirnos a otra nación o si el pueblo quiere seguir adhiriéndose a Colombia o si la comunidad quiere salir independiente”.

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