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Nacional 15 Nov 2012 - 9:21 pm

La Gobernación supone un escenario de posconflicto, pero algunos hechos la controvierten

El "fin" de la guerra en Cundinamarca

Hace falta desarticular a la criminalidad para garantizar la paz.

Por: Camilo Segura Álvarez
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El Sumapaz es una de las regiones más conflictivas históricamente. Las autoridades dicen que no hay presencia de grupos armados ilegales. / Archivo

La disminución de las muertes violentas y el cese de la actividad de los grupos armados irregulares sustentan la idea que tiene la Gobernación de convertir al departamento en un laboratorio del posconflicto. Sin embargo, pese a los avances, las realidades de la guerra y el crimen persisten en muchas regiones.

De acuerdo con las cifras reveladas por el gobernador Álvaro Cruz, en 60 de los 116 municipios de Cundinamarca no se han presentado muertes violentas durante el año. Una cifra muy positiva en comparación con el año 2007, cuando sólo 25 poblaciones no habían sufrido asesinatos. La cifra actual dice que en el departamento se presentan nueve homicidios por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, según Adriana Ramírez, secretaria de Gobierno, en el departamento “no tenemos presencia de tropas guerrilleras ni paramilitares. En los últimos tres años no se han registrado masacres o asesinatos con móviles políticos. Además, desde 2008 tampoco hemos percibido ataques de estructuras ilegales contra la infraestructura o la población civil. Y no hay alcaldes amenazados o en riesgo, todos trabajan en sus despachos, cosa que muchos de ellos no podían hacer hace dos años”.

Esa información es corroborada por el general Gabriel Pinilla, comandante de la 13ª Brigada del Ejército, quien afirma que las estructuras de las Farc que han buscado establecer un corredor de movilidad entre Tolima, Meta y Cundinamarca y acechar a la capital de la República desde 2003, año en el que se desplegaron las operaciones Libertad I y II contra el Bloque Oriental en el Sumapaz, han sido destruidas por completo.

Según el comandante, ninguna estructura armada y uniformada se moviliza por el departamento, aunque “en varios municipios y en Bogotá se ha detectado la presencia de redes de apoyo. Y es un hecho que la red urbana Antonio Nariño mantiene a algunos de sus integrantes buscando el apoyo de la población civil y realizando extorsiones para el financiamiento de ese grupo criminal”.

El Espectador conoció que desde 2007 se ha instalado en Sibaté y los municipios aledaños una red de extorsión de esa guerrilla que se mantiene en funcionamiento, a pesar que su cabecilla Jairo Elver Fariña, alias Walter, fue capturado en abril de este año.

Otra de las cifras presentadas por la Gobernación para demostrar que el departamento se ha convertido en un territorio de paz tiene que ver con el secuestro extorsivo, que se ha reducido en un 75%.

“El último caso fue el plagio de una persona relacionada con un industrial en Agua de Dios, a mitad de año. Se le atribuyó a una banda de delincuencia común. Sin embargo, las Fuerzas Militares y las demás autoridades guardaron un hermetismo total”, sostuvo una fuente de la Gobernación que prefirió reservar su identidad.

El otro resultado que resalta la secretaria Ramírez es “Cundinamarca, un territorio libre de coca”. “Las zonas donde se cultivaba la hoja de coca eran lugares marginales de Caparrapí, Topaipí y Yacopí. Eso ya se acabó. Si quedan, sólo son unas cuantas fanegadas”, afirma.

Si bien los cultivos de uso ilícito pudieron erradicarse, diversos informes de Policía dan cuenta de la ampliación de redes de microtráfico en Facatativá, Soacha, Tabio y otros municipios cercanos a Bogotá.

Hoy, Cundinamarca recibe a población víctima de desplazamiento proveniente de todo el país. “Por eso, la Gobernación adelanta políticas de restitución de derechos y atención humanitaria enfocadas en adolescencia, niñez, tercera edad y mujer. Sin embargo, faltan recursos del orden nacional”, afirma la secretaria de Gobierno.

Además, el departamento es el que más organizaciones comunitarias tiene por número de habitantes. La idea de la Gobernación es fortalecerlas. Un total de 3.972 organizaciones comunitarias, con diferentes razones de ser, serán dotadas, junto a maestros y servidores públicos, con 5.200 equipos de comunicación.

Para Adriana Ramírez esas cifras son el resultado de una “sinergia intersectorial”, que se propuso hacer de Cundinamarca el modelo piloto para el fin del conflicto. “Un modelo que entiende la paz no como el silencio de los fusiles, sino como el bienestar de toda la población. Pero que, para cumplirlo, necesita más recursos”.

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