El incómodo informe de la ONU sobre el Catatumbo

Un grupo de más de cien personas se concentra frente a la sede del Ministerio de Agricultura de Colombia. /EFE

Según expresó en un comunicado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la región del Catatumbo se ha dado una "grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales" de sus habitantes, donde, pese a su riqueza natural, se presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas: "La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno".

Hasta allí, un diagnóstico en el que coinciden Gobierno, analistas, dirigentes políticos y los mismos manifestantes de la zona, que ya completan un mes en un paro, con bloqueo de las vías de entrada y salida a la altura del municipio de Tibú. Una crisis que ha dejado cuatro campesinos muertos por balas –hecho que son materia de investigación por parte de la Fiscalía--, además de 42 miembros de la Fuerza Pública y más de 50 civiles heridos.

Sin embargo, en el comunicado del organismo internacional se advierte también que la Oficina, después de una misión de observación al Catatumbo la última semana de junio, pudo constatar "que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la Fuerza Pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios".

Un pronunciamiento que no cayó bien en el Gobierno y en la misma Fuerza Pública. Desde el Ministerio de Defensa hasta el alto consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón –pasando por el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño— salieron a la palestra pública a rechazar la declaración de las Naciones Unidas.

También en un comunicado, el Ministerio de Defensa calificó de "irresponsable y temeraria" hacer cualquier afirmación sobre la muerte de cuatro campesinos en el Catatumbo hasta tanto la Fiscalía determine las circunstancias en que esas personas perdieron la vida. Y añadió que además de pedirle a la Fiscalía que investigue las cuatro muertes, también averigüe y determine "los responsables" de causar heridas a 42 policías, pues la Fuerza Pública ha "sido víctimas del uso indiscriminado de armas de fuego, explosivos y otras armas letales".

Para Lucho Garzón, delegado del Gobierno en la mediación con los líderes campesinos del Catatumbo, el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puso más complejo el panorama de la negociación. "Yo no voy a validar o no el informe, pero nosotros hablamos el viernes con el Fiscal General con la presencia del presidente Santos y él solicitó adelantar investigaciones sobre todo. Pero imagínese usted que ese comunicado llega en un momento tan frágil, tan vulnerable y tan sensible en una mesa de negociaciones”, expresó.

Garzón señaló que le extraña que la información de las Naciones Unidas parta de la premisa de que ya hay investigación incluso forense, pues dice habla de las balas. "Nosotros le preguntamos al comandante de la Policía qué sabe de eso y nos dijo: no utilizamos balas, el calibre es 7,62 que es un fusil viejo, pero no hay informes de balística todavía. Y la Fiscalía dice que para eso enviamos al vicefiscal, a mirar los procesos de investigación. Realmente creo que el ambiente es muy tenso. Aun así, creo que el Estado no debería irrumpir con fuerza contra esos campesinos pero ellos también tienen que ayudar a distensionar esto porque 300 mil personas del Catatumbo se están viendo afectas por 10 mil personas, que legítimamente pueden protestar, pero el bloqueo ya ha generado una situación de crisis humanitaria, especialmente en el caso de Tibú", agregó.

A su vez, el director de la Policía, general León Riaño, también en respuesta a la ONU, defendió el papel de los uniformados en medio de la protesta social en esa zona del país: "Allí se pusieron todas las pruebas que indican que la actuación de la Policía fue de una manera profesional, con uso gradual de la fuerza y donde se evitó una arremetida violenta que iban a realizar para incendiar a Ocaña y a tomarse el aeropuerto", señaló.

Según él, todas las operaciones se dieron porque hubo necesidad de actuar "con contundencia y vehemencia para evitar males mayores para la población de Ocaña y Tibú, especialmente". Sin embargo, el oficial se mostró a la espera del pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre la muerte de cuatro campesinos.

Para alimentar aún más la polémica, el procurador general, Alejandro Ordóñez, entró a terciar en el asunto y tras reconocer, como lo dice las Naciones Unidas, que el Estado tiene una deuda histórica con el Catatumbo, se fue lanza en ristre contra el delegado para los Derechos Humanos del organismo en Colombia, indicando que "pretender que se definan horas después responsabilidades es un tanto apresurado e implicaría alguna inferencia que consideramos inoportuna. Aquí hay institucionalidad y actuaremos de una manera clara".

Pero además, el jefe del Ministerio Público añadió que dichos organismos internacionales deben tener tacto en este tipo de hechos, puesto que se debe respetar la institucionalidad de Colombia y a sus autoridades judiciales.
Un malestar generalizado del que se espera haya una respuesta de Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien rematando el comunicado de ayer dijo: "Los campesinos tienen quejas valederas con relación a la garantía de sus derechos. Es importante escucharlos y no estigmatizarlos, y que ellos y ellas se manifiesten con respeto en relación con los derechos de todas las personas. La Oficina lamenta la pérdida de la vida de los cuatro campesinos y llama a las partes a que continúen los diálogos y lleguen a acuerdos respetuosos de los derechos humanos".