El lío de los terrenos baldíos de Orika, Islas del Rosario

Después de que en 2012 la Corte ordenara al Incoder resolver la solicitud de titulación colectiva de los baldíos, el proceso aún no se ha registrado ante la oficina de Registro de Instrumentos públicos de Cartagena.

Luis Ángel - El EspectadorUno de los terrenos baldíos en la zona.
El pleito por la zona de Orika, ubicada en Islas del Rosario, comenzó en 1984 cuando el INCORA, a través de la resolución 04393 de 1986, declaró que las islas nunca habían salido del patrimonio nacional y por tanto eran baldíos reservados pertenecientes a la Nación. 15 años después, en 1999, la procuraduría delegada para Asuntos Agrarios inició una acción de cumplimiento contra el INCORA para que la entidad adelantara el proceso de desalojo y recuperación de dichos predios, que para esa fecha se encontraban ocupados por particulares. 
 
Fue entonces cuando la comunidad de la zona se organizó y creó el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Isla del Rosario – Caserío Orika. El 16 de febrero de 2006 el Consejo Comunitario presentó a consideración del Incoder una solicitud de titulación colectiva “del globo de terreno ocupado ancestralmente por la comunidad negra de las Islas del Rosario”. 
 
El caso fue estudiado por la Corte Constitucional que, a través de la sentencia T 680 de 2012 del magistrado Nilson Pinilla, le dio al Incoder un plazo de tres meses –a partir de la notificación de la providencia- para resolver la solicitud de titulación colectiva y suspender “la celebración de nuevos contratos de usufructo y arrendamiento”. 
Posteriormente, el 16 de julio de 2013, se emitió un concepto favorable a la solicitud de titulación colectiva del Consejo Comunitario en el que les otorgaba cien hectáreas con cinco mil setecientos sesenta metros cuadrados (100 HAS + 5.670 M2).
 
El Incoder hizo la tarea y  por medio de la resolución 3393 de 2014 otorgó el título colectivo a la comunidad negra de Orika. Sin embargo el tema se quedó en un simple anuncio. De acuerdo con el decreto 1745 de 1995, luego de otorgar un título el Incoder tiene un plazo de 10 días hábiles, después de que se publique en el diario oficial, para registrarlo en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, en este caso en la de Cartagena. Sin embargo, como lo asegura el representante legal del consejo comunitario Éver de la Rosa, hasta ahora el terreno no ha sido inscrito en la oficina de registros públicos.
 
Aunque el proceso parecía estancado la ilusión para la comunidad revivió el pasado sábado 9 de mayo, cuando se programó una reunión con el Superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, el Subgerente de Tierras Rurales del Incoder, Carlos Ignacio Carmona; los delegados de Parques Nacionales Naturales de la Alcaldía de Cartagena y los representantes de los arrendatarios de las Islas del Rosario.
 
La comunidad pidió la intervención del Superintendente para que registrara el título y se gestionara la firma para un convenio con el Incoder con el objetivo de fortalecer a las comunidades negras. La respuesta del Superintendente Vélez fue positiva y se planteó un nuevo tema: la inversión en salud, educación y seguridad para la Isla.  Una iniciativa positiva para la comunidad si se tiene en cuenta que no cuentan con una estación de policía, el colegio que hay tiene problemas de distribución -ahí mismo duermen los profesores- y el centro de salud funciona en una casa a la que la doctora solo va una o dos veces al mes. 
 
Sin embargo, la idea no caló por completo entre los asistentes. La delegada de la Alcaldía de Cartagena aseguró que “nada de eso se puede hacer si ellos no tiene la propiedad de la infraestructura donde se va a invertir”, según le contó a El Espectador uno de los asistentes. A eso se sumó lo expresado por uno de los delegados de la  Superintendencia quien aseguró que, aprovechando que el título no ha sido registrado, “puede volver al Incoder y luego se envía un topógrafo para que mida los lugares donde iría a quedar la escuela, el puesto de salud y el CAI y esas partes se la ceden a la Alcaldía”. 
 
Uno de los miembros de la comunidad, que pidió no ser identificado, aseguró que no entiende la posición del gobierno local. “Si en Colombia hay más de 6 millones de hectáreas tituladas y hay inversiones sin necesidad de extraer del título colectivo, ¿por qué acá lo quieren hacer diferente?”. Según relató a este diario, el lunes 11 de mayo, dos días después de la reunión en el hotel Majuaga, los funcionarios de la Alcaldía llegaron al terreno acompañados por topógrafos y una persona del Incoder para hacer las mediciones.  Al ser consultados por este diario, funcionarios de la oficina de prensa de la alcaldía de Cartagena, aseguraron no saber quiénes eran las personas encargadas del tema para dar declaraciones. 
 
Para la comunidad, por su parte, se trata de un proceso “ilógico” pues el actual colegio y centro de salud fueron creados por el mismo distrito hace mucho tiempo, cuando aún no había claridad sobre el territorio y eran terrenos baldíos. 
 
El Incoder responde
 
De acuerdo con el Incoder, la oficina de Subgerencia de Promoción remitió un oficio radicado con número 20142145051 del 13 de junio de 2014 mediante el cual solicitó la inscripción de la resolución número 3393 de fecha 08 de mayo de 2014, por la cual le adjudicaron al referido consejo comunitario el título colectivo sobre un área de cien hectáreas cinco mil setecientos sesenta metros cuadrados (100 has + 5760 M²) anexando a su vez, 2 copias autenticadas de la resolución y el plano respectivo.
 
Sin embargo, el 31 de octubre de 2014 la Oficina de Registro de Cartagena envió una nota devolutiva donde se establecía la falta de una constancia de ejecutoria del acto administrativo y dos copias del mismo.  Según el Incoder el 12 de diciembre de 2014, enviaron la constancia, el formato de calificación, las copias de la resolución autenticada, la copia del plano, la copia de notificación al representante legal, la copia de notificación al Procurador Ambiental y Agrario y la copia de la publicación en diario oficial. 
 
El pasado 12 de febrero la misma oficina de Cartagena les envió otra nota devolutiva en la que solicitaba nuevamente constancia ejecutoria y una copia autenticada de la resolución, por lo que el 24 de marzo de 2015, el Incoder remitió de nuevo  la constancia de ejecutoria y 3 copias autenticadas de la resolución de titulación, en 178 folios.
 
Para el Incoder no existe ninguna dilación en el trámite registral pues “a la fecha está cursando el procedimiento normal del mismo, en la ORIP de Cartagena, por lo que el documento está surtiendo el proceso respectivo”. Aseguran además que con la comunidad se llegó a un acuerdo de realizar unas mesas de trabajo que permitan la construcción y avance de la comunidad de Orika, mesas que comenzaron a operar el  pasado 20 de mayo de 2015, con el Sena.
 
Un caso para recordar 
 
Hoover Carabali, es el Representante Legal del Consejo Comunitario de La Plata Bahía Malaga, en el pacífico colombiano, se mostró en desacuerdo con la medida que se quiere tomar en las Islas del Rosario y en diálogo con El Espectador afirmó que ellos como comunidad en el Valle del Cauca nunca han tenido problemas con la Alcaldía de Buenaventura y que por el contrario, al interior de su territorio se han podido construir escuelas con recursos de la Alcaldía y el Incoder y que incluso han implantado proyectos de desarrollo social en siembra, agricultura, recuperación de cultivos. Y agrega que: “se ha demostrado que los recursos van para inversión y calidad de vida de la comunidad sin dificultad de que el territorio sea un título colectivo a nombre de la comunidad negra”.