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“Zuluaga es el presidente que los colombianos necesitan”, fue lo que dijo el concejal de Medellín Nicolás Duque, elegido por el Partido de la U, al hacer público su respaldo al candidato del Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales. Conociendo las consecuencias que esa decisión podría tener, argumentó que por encima de todo estaban los principios e intereses superiores de la Nación.
Las consecuencias no se hicieron esperar: la U le abrió un proceso por doble militancia que terminó en una drástica sanción: fue expulsado del partido, se le quitó el derecho al voto en el Concejo de Medellín y se instó a las directivas se esa corporación a que declaren la vacancia absoluta de la curul, lo que implica que en su reemplazo llegue la siguiente en la lista de la colectividad, Lina Marcela García.
Hasta ahí bien podría considerarse una disputa política local. Pero resulta que el hecho de que Duque no tenga hoy derecho al voto pero haga presencia en el cabildo de la capital antioqueña ha planteado un inusual dilema: en total hay 21 concejales y sin su voto quedan habilitados 20, lo que podría ser un problema en caso de darse un empate. Nadie sabe cómo resolver este entuerto.
De hecho, recientemente, en la Comisión Primera del Concejo se debatió un proyecto de acuerdo que buscaba autorizar a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) a desinvertir el 13,14% de las acciones que tiene en Isagén, pero la decisión tuvo que postergarse porque la célula está integrada por siete concejales —entre ellos Nicolás Duque— y como él no puede votar podría presentarse un empate.
La iniciativa tenía asegurados dos votos a favor, uno en contra y tres indecisos. Como se sabe, el Gobierno decidió que la venta de Isagén se hará a través del mecanismo de la subasta el próximo 22 de agosto. De ahí la urgencia de autorizar a EPM la desinversión. Según el presidente del Concejo de Medellín, Jaime Roberto Cuartas, “es un asunto sin precedentes”, pues no se puede declarar la vacancia absoluta del concejal. “Sólo procederé cuando un juez me lo ordene”, señaló.
El meollo del asunto es que luego de la decisión del Partido de la U, la mesa directiva de la corporación acató la decisión de quitarle el derecho al voto, pero dijo que las partes implicadas deben acudir a las instancias superiores para definir si el cabildante pierde o no la curul. Y todavía no está claro quién dirimiría el conflicto, aunque podría intervenir el Consejo de Estado y no se descarta la instauración de una acción de tutela.
“Lo que estamos haciendo es estudiar la ley. Hemos sido rigurosos y cuidadosos para no cometer una irregularidad. Pero yo no puedo declarar la vacancia absoluta de la curul debido a que eso sería extralimitarme en mis funciones. La declaración la debe hacer una corte. Si un tribunal me lo ordena, lo haré. Lo que por ahora puedo hacer es notificarle la sanción que le profirió el partido”, agregó Cuartas.
Una postura con la que no está de acuerdo Robert Bohórquez, de Cambio Radical y segundo vicepresidente del Concejo, pues cree que se podría haber incurrido en prevaricato por no acatar la decisión del Partido de la U. “Respetando la decisión de la colectividad y conociendo que la curul pertenece a un partido político, respeto la decisión de la mesa directiva, pero no firmo porque se está quitando el derecho al voto y la U solicita vacancia absoluta de la curul”, argumentó.
Entre las restricciones impuestas a Duque está el no poder presentar proposiciones. También se le pidió la renuncia a la vicepresidencia de la Comisión Primera. El concejal, que ya no tiene partido, dice que luchará por mantenerse en la curul, pues en ningún momento ha estado incurso en vacancia o pérdida de investidura. Y recordó que el pasado 17 de enero, el Consejo de Estado, durante el proceso por doble militancia contra el representante a la Cámara Luis Enrique Dussán, del Partido Liberal, dejó claro que en esos casos no procede la pérdida de investidura.
Sin embargo, Lina Marcela García, la siguiente en votación en la lista del Partido de la U al Concejo de Medellín, asegura que, de acuerdo con una nueva disposición de la Corte Constitucional, “los partidos políticos son dueños de las curules y el requisito sustancial para que alguien ejerza como concejal es su militancia”.
En una carta, conocida por El Espectador, García afirma que a la corporación se le ha causado un “daño grave al permitir la presencia de un doble militante, sin sus atribuciones legales dentro de la corporación. Lo anterior sin tener en cuenta el pago de honorarios con los impuestos de todos, simplemente por ir a calentar silla”.
De hecho, la Ley 1475 prohíbe la doble militancia de manera expresa y dice que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político (...) quienes hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados”.
Por ahora, el caso está en manos de la justicia y el concejal Duque hace presencia en el Concejo de Medellín, aunque sin derecho al voto. Pero en temas como la desinversión de las acciones que tiene EPM en Isagén, el asunto se ha convertido en un lío jurídico. El cabildante insiste en que luchará por permanecer en su cargo y configurar, como único miembro, la bancada del Centro Democrático en el cabildo de la capital antioqueña.
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@raskolnikov1072