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Hace un año, el gobierno nacional celebró que Sopó, municipio de más de 25.700 habitantes, se convirtiera en el primero en el país en estar libre de pobreza extrema. Aunque actualmente la Alcaldía municipal reconoce que hay nuevas familias identificadas en este renglón, elementos del modelo de desarrollo de esta zona se quieren replicar en otros lugares del país, incluyendo algunas localidades de la capital colombiana, como lo anunció hace dos semanas la alta consejera para Bogotá, Gina Parody.
Sopó está lleno de tiendas con pancartas y avisos que advierten que “este es un punto alpinero”. En cada una de sus esquinas hay un local donde venden los productos de una de las fábricas icónicas ubicadas en este territorio: Alpina. Esto al menos en la parte urbana, porque aunque se trate de un municipio próspero que logró consolidarse el año pasado como una Zona Libre de Pobreza (Zolip), también hay veredas recónditas en las que el alimento diario no es un vaso de yogurt sino un pocillo de aguapanela. Algunas, incluso, donde no hay para el desayuno, como lo cuenta Gloria Stella Santis Rodríguez, que coordina la Fundación Centro Comunitario Sek y se dedica al trabajo con la población de escasos recursos del municipio.
Históricamente, Sopó ha tenido indicadores favorables que repercuten en bajos niveles de pobreza. Hay una zona industrial de 40 años, con fábricas como Cerámicas San Lorenzo, Alpina, Corona, entre otras, que han crecido a la par del municipio, lo que ha permitido tener una inversión importante en infraestructura y en cobertura de servicios sociales y básicos. “La sumatoria de esos elementos llevó al gobierno nacional a señalar que este es un lugar propicio para la superación de la pobreza extrema. Así que yo no diría que esto se debe esencialmente a la apuesta de una política pública”, anota el alcalde municipal, Jerónimo Valderrama.
Si bien la lucha por erradicar la pobreza extrema en este municipio no responde a un único factor, el hecho de que el Gobierno ponga sus ojos en ese territorio hace que las cosas funcionen mejor, como lo reconoce el alcalde Valderrama, con consecuencias como el aumento de la confianza en el sector privado.
Pero, ¿cómo se concentró el esfuerzo de la Nación en Sopó? El caso de este municipio es sólo uno de aquellos en los que trabaja la Red Unidos, a cargo de la actual Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), cuyo trabajo allí empezó en 2010 y 2011. “Se identificaron 45 familias en el municipio, 39 de ellas por el Departamento Nacional de Planeación, según el nivel más bajo del Sisbén, y seis familias que priorizó la administración municipal”, explica Óscar Rojas, secretario para la Gestión Integral. Con esta población se abordaron puntos de trabajo en diferentes dimensiones, como salud, identificación, habitabilidad, nutrición, educación, acceso a los servicios del Estado, entre otros.
“Esta estrategia, a diferencia de otras, como Más Familias en Acción, pone al Gobierno a trabajar en función de las familias identificadas, y ellas a su vez se reconocen como sujetos de derecho para avanzar de la mano de las entidades territoriales”, dice Rojas. Esto se traduce en la obtención de trabajos, nuevas fuentes de ingreso laboral y el desarrollo de alternativas como las huertas caseras para el autoconsumo.
La inclusión de la empresa privada fue clave en esta experiencia. “Sopó nos ayudó a visibilizar el tema de la pobreza extrema y vimos que este sector podía ser un dinamizador de los procesos”, cuenta Omaira Cortés, quien fue secretaria para la Gestión Integral hasta el año pasado y ahora hace parte del equipo de la Anspe, con la tarea de replicar elementos exitosos del modelo en otros puntos del país. “Hacia finales de 2010 vimos que Alpina se sentaba con Asocolflores y otros actores para plantear acciones frente a la pobreza”, cuenta. Así fue como el municipio pudo avanzar rápidamente, por ejemplo, en el mejoramiento de las viviendas de la población identificada.
Luego de un año y medio de intenso trabajo en torno a acciones en las diferentes dimensiones, 27 de las familias fueron promovidas, lo que significa que superaron la línea de la pobreza extrema y el municipio logró alcanzar el porcentaje cercano al 0% en este ámbito. Ahora sigue el acompañamiento por cinco años, con una cogestora de la Red Unidos que revisa cómo sigue el proceso de esta población: si han retrocedido o avanzado, porque con un cambio mínimo en sus ingresos son susceptibles a retroceder, resalta Rojas.
A pesar del buen balance del proyecto ejecutado en este municipio y de sus condiciones propicias para el desarrollo, Sopó no es ajeno a la pobreza, como lo dice su propio alcalde. Hay asentamientos que no tienen saneamiento básico ni obedecen a la norma de planeación.
“El año pasado, el alcalde anterior dijo que aquí no había pobreza, pero ahí está, vivimos con ella”, dice Plinio López, quien desde hace tres décadas vive en la vereda El Mirador, ubicada en la parte alta de Sopó. El año pasado, él y su familia resultaron afectados por la temporada de lluvias de diciembre. Un barranco detrás de su casa se vino abajo y tuvieron que evacuar e irse a vivir a la zona urbana, pero aun con el riesgo de que en cualquier momento se derrumbe la montaña nuevamente, López y los suyos regresaron. “O pagaba arriendo o nos quedábamos sin comer, porque el arriendo del apartamento allá era de $350.000 y no teníamos la huerta”. Quizá el suyo sea uno de los nuevos casos de pobreza extrema que se han encontrado en el municipio.
“La pobreza es dinámica. Si hoy no hay ningún desplazado en un determinado lugar, mañana puede llegar uno o varios”, indica Omaira Cortés. Lo dice a propósito de las nuevas familias en situación de pobreza extrema que se han identificado en el municipio. Este año cambió la metodología del Sisbén para determinar a esta población y por ello hay más afectados. “Ahora estamos en un plan de choque para revertir esos casos y que no avancen, teniendo en cuenta los logros que ha habido acá”, añade Cortés.
La idea de implementar una estrategia de este tipo en un escenario diferente no suena muy convincente para Rojas y el propio alcalde Valderrama, quienes insisten en que, además del esfuerzo nacional en los últimos dos años, las condiciones históricas y geográficas del municipio lo hacían propicio para ser una Zolip.
Con todo y esto, Cortés asegura que es un hecho que Bogotá tendrá Zolips. Hasta ahora se han revisado en posibles zonas para desarrollar el proyecto, pero tendrán que revisarse en el comité nacional. “Se ha pensado en Kennedy y Usme. Se trataría de un modelo en espiral porque la movilidad al interior de la ciudad es grandísima. Por eso nos concentraremos en un punto estratégico y alrededor de él se establecería la oferta en espiral, y sería en el corto plazo”. Según sus cálculos, en un año o año y medio la capital podría hablar de sus dos Zolips.