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Nacional 10 Feb 2013 - 9:00 pm

Marino que quedó en la ruina cumple 25 años de lucha jurídica

El naufragio de Policarpo Garrido

Capitanía del Puerto de Cartagena y justicia aduanera retuvieron cinco años su barco, en un juicio del que fue absuelto. Al no poder trabajar, perdió la nave. Demandó a la Nación, pero perdió en segunda instancia. Irá a la justicia internacional.

Por: Alexánder Marín Correa
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Policarpo Garrido, a sus 80 años, podría estar viviendo como empresario del transporte marítimo de mercancía y, tal vez, recorriendo el Caribe a bordo del Malente, barco de carga panameño que compró en los años 70 para asegurar su futuro en lo que hizo toda su vida: navegar. Sin embargo, sus planes naufragaron y hoy está en la ruina. Por dejar su barco en Cartagena más del tiempo permitido, la Capitanía del Puerto hizo de un caso administrativo, que se resolvía con una multa, un largo proceso penal, del que finalmente fue absuelto.

Por esta situación, su barco estuvo casi cinco años inmovilizado en la Heroica. Al no poder trabajar para pagar sus deudas, perdió el barco y su patrimonio. Desde entonces, Policarpo está sumergido en una lucha jurídica que cumple casi 25 años. Gran parte del tiempo peleando por una indemnización del Estado, ya que atribuye su quiebra a las malas decisiones de entes oficiales. No obstante, su reclamo no llegó a buen puerto en Colombia y por eso lo llevará a la justicia internacional.

La historia es insólita. Comenzó a mediados de los años 80, cuando quebró la empresa de carga panameña para la que trabajaba y en el acuerdo para su liquidación adquirió uno de los barcos, con la idea de transportar cemento desde Venezuela a las islas del Caribe. La embarcación, fabricada en Alemania en 1958 y con capacidad para 500 toneladas, necesitaba reparaciones, así que decidió traerla al astillero Conastil de Cartagena, por ser bueno y el más económico en el continente. Pero su decisión le salió cara.

Cada que un barco extranjero pretende llegar al país, se debe contratar a una agencia marítima nacional para que tramite los permisos. Para el caso del Malente contrataron a la agencia Carlos Ramón Torregrosa, que informó a la Dirección General Marítima y Portuaria de Cartagena que llegaba la embarcación. Con todo en regla, el capitán del Puerto autorizó su arribo en junio de 1987 y dio 15 días para los arreglos.

Todo estaba en orden, pero debido a la inestabilidad política que ese año vivió Panamá, al mando del polémico general Antonio Noriega, en el vecino país congelaron todas las cuentas bancarias. Policarpo, quien tenía allí su dinero, quedó sin recursos y no pagó a tiempo los arreglos a Conastil. Para completar, sufrió un infarto que lo incapacitó varios meses. Por estas razones no pudo retirar su barco a tiempo.

Cuando una embarcación incumple el tiempo de estadía en el país, es obligación del agente marítimo informar los motivos y pedir una prórroga. Pero en este caso la agencia no lo hizo, al considerar que la embarcación estaba inactiva y no transportaba mercancía. Sin embargo, con este descuido violaron las normas portuarias. Según las reglas que rigen en los puertos colombianos, estos casos deben ser investigados por la Capitanía del Puerto para establecer las razones y, de ser necesario, imponer multa.

Pero el capitán del Puerto en Cartagena, Gilberto Rengifo Barón, no abrió investigación alguna y puso la embarcación a disposición del juez de instrucción penal aduanera. A pesar de que él sabía que el Malente había llegado legalmente al astillero para reparación, solicitó que fuero investigado, porque presumía que estaba de contrabando y que no tenía agente marítimo. “Es decir, que no sabía cómo había llegado. Si hubiera sido contrabando, el capitán portuario hubiera sido cómplice, porque firmó el ingreso del barco”, dijo Policarpo Garrido.

La denuncia dio pie al proceso penal y a la inmovilización del barco, que quedó a disposición del Fondo Rotatorio de la Aduana. Tras varios meses de indagación preliminar, la justicia aduanera llevó a Policarpo a juicio por posesión y tenencia extemporánea de mercancías, cargo que Garrido calificó de ilógico, ya que el barco había llegado sin mercancía. “Llegó a reparación y así constaba en los documentos”, agregó.

Las evidencias a favor de Policarpo Garrido fueron tan claras que en agosto de 1991 el juez penal aduanero de Cartagena lo absolvió. En la sentencia señaló que no encontraba en el decreto de funciones del capitán del Puerto que éste pudiera poner a disposición de la justicia penal un barco por no haber prorrogado su permanencia y presumir por eso que estaba de contrabando. “El capitán del Puerto, no sabemos si por desconocimiento o por qué motivo, actuó de forma reprobable al no aplicar el procedimiento normal para una infracción a las normas del tráfico marítimo (…). Es censurable este actuar, que denota irresponsabilidad del oficial”.

Durante el proceso, la nave fue saqueada, se deterioró y se depreció, como lo demostraron los avalúos, que para el momento de su llegada (julio de 1987) indicaban que el barco costaba $820.000 dólares (casi $1.400 millones) y para finales de 1990, apenas $70.000 dólares (casi $120 millones). Policarpo ni siquiera la podía vender para recuperar algo de dinero. El 5 de julio de 1992 el capitán del Puerto dio al barco permiso de zarpar. El Malente, que para entonces ya se llamaba Notre Foix, regresó a Panamá, donde a los pocos años lo dieron de baja por mal estado.

Con la absolución y ante la responsabilidad de la Capitanía del Puerto, Garrido presentó una demanda de reparación directa contra el Estado. “El daño comenzó cuando la Capitanía omitió cumplir con sus obligaciones de investigar y puso el barco a disposición de la justicia penal”, dice la demanda. El expediente llegó al Tribunal Administrativo de Bolívar, donde los magistrados encontraron que el Estado sí le había causado un daño y en diciembre de 1999 condenaron a la Nación a indemnizarlo.

“El proceso penal que se adelantó contra Garrido fue un tremendo error, que no habría ocurrido si la motonave no hubiese sido puesta a órdenes de los jueces. Esto causó un daño patrimonial por falla en el servicio de la Capitanía del Puerto. Se necesitaron cuatro años para demostrar que no existía delito. La insolvencia de los dueños no era causal para procesarlos penalmente. El astillero tenía medios para exigir el pago”, dice la sentencia.

La decisión fue apelada y llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado. Policarpo estaba confiado en que el fallo le sería favorable. Sin embargo, hubo un episodio que lo intranquilizó. En 2008 lo contactó una señora de Santa Marta que le dijo que alguien lo podía ayudar para que su caso “saliera bien”. Debía revocar el poder a su abogado, firmar un poder en blanco y entregar parte de la indemnización.

Para concretar el asunto, lo citó en un apartamento donde iba a estar el supuesto funcionario del alto tribunal. Garrido no asistió. Curiosamente, por esos días la Fiscalía adelantaba una investigación contra funcionarios del Consejo de Estado que supuestamente integraban una red dedicada a manipular fallos.

En noviembre de 2009, casi 10 años después del fallo de primera instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció. En una decisión de 16 páginas, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, revocó la decisión del Tribunal de Bolívar. En un fallo que reconoce que entre los deberes de la Capitanía del Puerto estaban los de investigar y sancionar, señala que la decisión de poner el barco a disposición de la justicia penal no configura responsabilidad alguna.

“Si bien es cierto que el proceso penal absolvió al propietario, esto no significa que la actuación de la Capitanía no se enmarcó en la ley (…). Las capitanías son autoridades disciplinarias, que deben sancionar, previa investigación, infracciones o violaciones a las normas. En el caso de permanencia sin permiso de buques extranjeros en puertos colombianos genera multas, que debe imponer la Capitanía de Puerto (…) pero esto no significa que el Capitán no fuera competente para denunciar la embarcación ante la justicia penal, si consideraba que se estaba cometiendo un delito”.

Y agregó que si bien era cierto que el barco sufrió daños mientras estuvo retenido, éstos obedecieron a la investigación penal aduanera y su guarda estaba en cabeza del Fondo Rotatorio de Aduanas, división de Aduanas operativa del Ministerio de Hacienda. Por esta razón, la Capitanía del Puerto no era responsable del deterioro y averías de la embarcación mientras estuvo inmovilizada.

El demandante agotó su último recurso presentando tutelas con las que pidió a la Sala Plena del Consejo de Estado que revocara la sentencia de la Sección Tercera, por violación al debido proceso y a la correcta administración de justicia. El magistrado Enrique Gil Botero se opuso, diciendo que era imposible reabrir el caso porque el proceso había sido devuelto al Tribunal de Bolívar. Finalmente, la Sala Plena rechazó la tutela por ser improcedente ante decisiones de los altos tribunales.

Su esperanza estaba puesta en el Consejo de Estado. Sin embargo, las últimas decisiones significaron el naufragio para Policarpo Garrido, que quedó con las manos vacías y, a pesar de haber sido sometido a un injusto proceso penal que lo dejó en la ruina, no encontró en el país autoridad alguna que amparara sus derechos. Por eso su caso será uno más de los que inevitablemente llegarán a instancias internacionales, porque en Colombia la justicia no lo protegió. “Si hubiera sabido que la justicia opera así, seguro hubiera accedido al soborno, pero confié, y mire las consecuencias... me quedé sin nada. Por eso hay corrupción”, concluyó Garrido.

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