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De manos cruzadas, así quedó Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social, y los secretarios de salud del país frente a la decisión de la Presidencia de la República de devolver al Ministerio de Salud un decreto que le permitiría a los entes territoriales manejar el régimen subsidiado en los municipios y departamentos. La iniciativa, impulsada desde el Distrito por Guillermo Jaramillo, secretario de Salud, plantea la salida del multimillonario negocio del aseguramiento a las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS-S).
Según una fuente de la cartera de salud, la secretaria jurídica de presidencia, Cristina Pardo, no aceptó el decreto por considerarlo inconstitucional. Este diario trató de comunicarse con Pardo y Gaviria, sin embargo no se pudo establecer comunicación con los funcionarios.
La historia es la siguiente. Debido a los múltiples incumplimientos de la EPS-S, comprobados por una serie de auditorías realizadas por la Secretaría de Salud del Distrito, y la insatisfacción de los habitantes de Bogotá por el mal servicio y el trato indigno que reciben al momento de exigir su derecho a la salud, con el apoyo del alcalde Gustavo Petro, Jaramillo empezó una guerra frontal contra lo que él ha llamado en múltiples ocasiones "el cáncer del sistema", las EPS.
Fue tal la acogida que tuvo la propuesta del secretario de Salud de Bogotá que la mayoría de los secretarios de esa cartera del país se unieron a la iniciativa. Incluso se conformó una mesa de trabajo entre el Distrito y el Ministerio de Salud con el fin de elaborar en conjunto un decreto presidencial de carácter excepcional y transitorio que permitiera a los entes territoriales manejar los recursos que son girados por el gobierno nacional a las EPS para la atención médica a la población adscrita al régimen subsidiado.
Era una batalla prácticamente ganada. El Distrito, a través del Fondo Distrital de Salud, administraría los recursos y saldrían las EPS-S. Pero hasta la semana pasada, como lo reveló este diario, las pretensiones de la secretaría de Salud se cumplirían a medias. Pues de acuerdo con el decreto que el ministro Gaviria tenía listo para su firma, no serían las secretarías las encargadas de administrar los dineros, pero tampoco lo harían las EPS-S. Sería el gobierno el que girara directamente el dinero a las clínicas y hospitales que las secretarías identifiquen como óptimos prestadores del servicio. La Secretaría de Salud conoció el contenido del decreto y le pidió al ministro que escuchara los reparos que el Distrito tenía frente al mismo. El ministro accedió.
El subsecretario de Salud de Bogotá, Aldo Cadena, envió a Gaviria, vía correo electrónico, los reparos y diferencias sobre el decreto que estaba próximo a firmarse. La Secretaría de salud no puede establecer si el Ministerio incluyó sus observaciones en el decreto que fue enviado, con la firma de Alejandro Gaviria, ministro de Salud, a Presidencia para que Juan Manuel Santos lo aprobara y se convirtiera en un decreto nacional.
El caso es que el decreto fue tumbado en presidencia, como así lo confirmó una fuente cercana al proceso. Al parecer, por ahora, las EPS-S se seguirán en el multimillonario negocio como intermediarios de los servicios de salud de todos los colombianos afiliados al régimen subsidiado en todo el país. Mañana, la Secretaría de Salud de Bogotá espera que miles de personas salgan a marchar en todo el país a exigirle al gobierno nacional que dé soluciones de fondo sobre la crisis del sistema. En Bogotá, la marcha por "una salud sin EP" saldrá desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.