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Es más difícil alcanzar la paz que seguir en la guerra. Esa es la evidencia que dejan los últimos hechos alrededor de la mesa de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, donde se advierte que a la hora de la verdad, de cara a la eventualidad de un acuerdo para ponerle fin al conflicto armado de cinco décadas, se erige un laberinto jurídico con múltiples caminos pero ninguna salida clara. Una carrera contra el reloj en la que se barajan al menos diez escenarios políticos distintos, todos inmersos en la incertidumbre.
Esta semana, como estaba cantado, la Corte Constitucional aprobó el Marco para la Paz, a través del cual, Gobierno y Congreso reformaron la Constitución para forjar una senda jurídica hacia la terminación del conflicto dentro de los cánones del Estado de Derecho colombiano. “Es un paso importantísimo en el anhelo de dejarles a nuestros hijos un país en paz”, fue el comentario del presidente Santos al conocer la sentencia. Una observación enmarcada en el contexto de quien sabe perfectamente que en un país de abogados esa es la ruta.
No obstante, al otro lado de la mesa, las Farc mostraron su malestar con ese marco jurídico, que calificaron como “fuera de contexto”, “inconsulto” o “inane para el desenvolvimiento del proceso”. No les gusta porque saben que constituye la estructura sobre la que Gobierno y Congreso pretenden edificar el modelo de justicia transicional que permita el tránsito de la guerrilla hacia la paz, pero acatando mínimos deberes en materia de verdad, justicia y reparación. Es decir, dándoles la cara a las víctimas y aceptando sus excesos.
Las Farc prefieren que tanto el Estado como la insurgencia asuman responsabilidades como victimarios, e incluso insisten en la creación de una comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano, que vaya más allá de las conclusiones del Grupo de Memoria Histórica. En otras palabras, un escenario de reflexión y rastreo de archivos que justifique su alzamiento en armas y de paso le otorgue razón a su reiterado discurso de que también son víctimas de un Estado que no los puede juzgar.
Por eso, a regañadientes contra un fallo de la Corte Constitucional que dejó claro que no puede haber impunidad frente a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos, ya se empiezan a conocer extraoficialmente sus propuestas para negociar lo que se viene. Que puedan hacer parte de la discusión de las leyes estatutarias previstas para reglamentar el Marco para la Paz; o que se pacte una tregua bilateral mientras se aprueban esas normas y se define el proceso electoral de 2014.
Un abanico de fórmulas tan inciertas como el pulso aparte que ya libran Gobierno y Farc frente a cuál debe ser el escenario idóneo para refrendar los acuerdos que puedan llegar a alcanzarse en la mesa de negociación. Es claro que la insurgencia prefiere una asamblea nacional constituyente sin demasiadas ataduras legales. En sus propias palabras, “el camino para alcanzar un verdadero tratado de paz, justo y vinculante, que funde nuestra reconciliación, rija el destino de la Nación y la encauce hacia las cumbres de la democracia real”.
No obstante, el gobierno Santos ya lanzó su as en esta materia y propuso el referendo como mecanismo de refrendación de los acuerdos. Desde su óptica jurídica y con las advertencias de la Corte Penal Internacional rondando la negociación, un camino por ahora más seguro que el salto al vacío de la constituyente. Por obvias razones, a las Farc no les gustó el anuncio y han advertido que no es el mecanismo para solidificar los acuerdos, porque el referendo está limitado frente a la exigencia de una mayor participación social y popular.
En medio de la discusión, en la voz del jefe guerrillero Timochenko surgió otra idea: un congreso transitorio encargado de desarrollar los acuerdos firmados en La Habana. Es decir, emular el “Congresito” que, ante el poder legislativo revocado, operó entre julio y noviembre de 1991 para reglamentar las principales disposiciones aprobadas en la Carta Política. Una propuesta que deja ver que las Farc no quieren que Gobierno y Congreso definan su suerte jurídica y que puedan intervenir en el diseño de un modelo de transición a la paz.
En síntesis, en los terrenos de la política todo está por verse, pero las intenciones de las Farc son claras. No quieren saber nada de elecciones y mucho menos pensar en dejar las armas. Si acaso silenciarlas en una tregua bilateral de fuegos vigilada por organismos internacionales latinoamericanos. Otro escenario tan incierto como las dudas que hoy subsisten frente a 2014. Lo único claro es que la primera cuenta regresiva concluye en tres meses, cuando el presidente Santos deba decirle al país si va por la reelección. Tampoco se sabe.
El referendo para refrendar la paz
El pasado jueves 22 de agosto sorprendió el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de radicar un proyecto de ley ante el Congreso que, palabras más palabras menos, permita que en las elecciones a Congreso o Presidencia se introduzca un tarjetón de referendo o consulta popular con la finalidad de refrendar los acuerdos a que se llegue con las Farc en La Habana.
La iniciativa desató una tensión en la mesa de negociaciones. La guerrilla pidió una pausa en el ciclo de diálogos y criticó al Gobierno por el proyecto. Además, insistió en la idea de que la Asamblea Nacional Constituyente debía ser el recurso para refrendar cualquier acuerdo. Finalmente, la mesa se reactivó sin ahondar en la diferencia. Esta semana comenzará el trámite de la iniciativa en el Congreso. Mañana con una audiencia pública y el martes se empezará la discusión en comisiones primeras conjuntas.