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El cuerpo de Luz Yohana López Vidal, líder de las trabajadoras sexuales de Manizales, fue encontrado en marzo de 2013 en el sector El Pulguero, a las afueras de la capital de Caldas, con un tiro en la cabeza, signos de tortura y múltiples hematomas. Según la información recogida por las autoridades, la última vez que la vieron con vida estaba con un cliente taxista que acostumbraba contactar a mujeres como ella. Este caso es solamente uno de los 238 que se presentaron entre 2004 y 2013, como lo muestra Medicina Legal en un reciente informe sobre los homicidios de mujeres en condición de prostitución durante una década.
Según los datos recogidos por la entidad, las regiones donde se concentraron los crímenes fueron Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Meta. En general, el 28% de los casos corresponde a mujeres entre los 20 y 24 años y el 9% a niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años. Otros de los datos recogidos en el documento señalan que el arma de fuego es el mecanismo más utilizado para cometer este delito (113 casos) y que el lugar más común es la vía pública, con 101 homicidios, seguido de lugares de esparcimiento, como bares, discotecas, cantinas o sitios de juego, con un total de 38 muertes. Pero una de las cifras más alarmantes del informe está en la categoría “circunstancias del hecho”: en 171 casos no existe información sobre lo ocurrido.
Esta situación, en palabras de Luz Amparo Jiménez, asesora de la Secretaría para la Mujer de Bogotá, “es el mensaje más nefasto, porque da pie a que este delito siga sucediendo, pues incide en que los procesos de investigación no den resultados y la gente piense que no se castiga”. Según la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá de la Fiscalía, lo más difícil de esclarecer estos crímenes es que los familiares, conocidos y amigos de las víctimas no aceptan colaborar por vergüenza. Jiménez agrega que esta problemática tiene que ver directamente con la estigmatización: “Les enseñamos a los niños que esas mujeres son dañinas y que los sitios que frecuentan son peligrosos. Pero la verdad es que son ciudadanas con los mismos derechos que cualquier otra persona”.
Alcanzar ese reconocimiento ha sido una de las peleas más fuertes de las trabajadoras sexuales. Una de las líderes de este movimiento es Fidelia Suárez, quien ha dedicado 20 años de su vida a esta práctica que considera tan normal como ser panadero, futbolista o secretaria. “A nosotras nos ven como un virus andante o como un peligro. Pero yo no estoy de acuerdo con que nos incluyan en un grupo de población vulnerable. Ahí es donde terminamos perdiendo nuestros derechos”, comenta Suárez, quien desde hace siete años está al frente de la coordinación de la Asociación Nacional de Mujeres Buscando Libertad (Asmubuli), adscrita a la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex). Aunque la realidad, dice Medicina Legal, es contundente: una prostituta corre un riesgo 40 veces mayor de ser asesinada.
La lucha de Fidelia Suárez y de las otras 600 mujeres que hacen parte de Asmubuli ha tenido pequeños triunfos, como su presencia en las mesas de discusión que se organizaron cuando el senador Armando Benedetti presentó el proyecto de ley 079 de 2013 para establecer un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, considerado en el país un fenómeno social regulado para proteger la salud pública y el orden social. La propuesta, que apenas lleva un debate en la Comisión Séptima del Senado, busca, por ejemplo, que reciban un trato diferencial de acuerdo con su condición de vulnerabilidad, que tengan oportunidades laborales diferentes y que el sistema de seguridad social les preste los servicios preventivos y asistenciales en relación con su seguridad física y mental.
La contraparte de esta discusión va por cuenta de quienes consideran que la regularización de la práctica no trae nada bueno. La Casa de la Mujer, una organización feminista de Bogotá, considera que la prostitución es una práctica en la que se le saca provecho a una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Natalie Sánchez, psicóloga del equipo profesional de este grupo, explica que “las más afectadas siempre son las mujeres en desigualdad social o víctimas de violencia. Termina siendo más un tema de necesidad y falta de oportunidades laborales que de otra cosa. Si las mujeres contaran con unas condiciones diferentes, donde sus derechos fueran garantizados, no optarían por la prostitución como una opción de vida”.