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Aunque en las encuestas el médico Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali, arrastra una alta imagen desfavorable, todo apunta a que su segundo mandato (ya había sido alcalde entre 1992 y 1994) pasará a la historia por la reorganización de las finanzas de la ciudad; tal como en Bogotá recuerdan a Jaime Castro, quien sentó las bases económicas para el éxito de los gobiernos que lo sucedieron. En los tres años que lleva dirigiendo los destinos de la “capital mundial de la salsa”, el alcalde y su equipo lograron incrementar los recursos propios de libre destinación (que es realmente la plata con que un municipio puede hacer inversión más allá de lo que le envía el Gobierno Nacional), pasando de $120.000 millones que encontró en 2012 a un total de $426.000 millones para este año.
“Cacaos” y demandas
Además, Guerrero espera dejar unos $530.000 millones para que el mandatario que sea elegido en octubre próximo y arranque a gobernar en 2016 no encuentre la olla raspada, como le ocurrió a él.
Si bien esta cifra es menos del 20% del total del presupuesto, que para 2015 fue aprobado por el Concejo en $2,5 billones, es una marca histórica para una urbe que tiene dos y medio millones de habitantes, según las proyecciones del DANE, y que viene de una década de malas administraciones, incluso con alcaldes destituidos, como fue el caso de Apolinar Salcedo.
El burgomaestre trazó una arriesgada pero sólida estrategia jurídica con la que logró ajustar o ponerle punto final a una serie de malos negocios que afectaban los ingresos del municipio y generaban dependencia del ente territorial frente a las empresas privadas que operaban ciertas rentas o recaudaban sus tributos.
Pero recuperar la soberanía sobre los ingresos del municipio no ha sido una tarea sencilla. Guerrero ha tenido que capotear la presión de algunos “cacaos”, como es el caso de William Vélez, dueño de la empresa que tiene a su cargo la concesión del alumbrado público en Cali, y defenderse de los múltiples procesos jurídicos con que las corporaciones afectadas por sus decisiones lo han intentado detener.
El caso que más polémica generó fue la terminación en 2012 del contrato para recaudar los impuestos de la ciudad, que estaba en manos de la Unión Temporal Sícali. Dicho negocio, que le costó la destitución al alcalde Apolinar Salcedo, quien lo suscribió en 2005, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en 2013 al considerar que su objeto era ilícito, por encontrar “que la fiscalización, la liquidación y la discusión de los tributos de los municipios son inherentes al Estado, por lo tanto, estas funciones son indelegables a los particulares”.
En su momento Guerrero fue muy criticado cuando se apartó de la posición de sus antecesores, especialmente de Jorge Iván Ospina, quien no sólo pidió que se mantuviera el contrato, según consta en los documentos del proceso, sino que aceptó ir a un tribunal de arbitramento para dirimir si el municipio le debía pagar $55.000 millones adicionales al recaudador privado por supuestos incumplimientos del contrato.
A ese valor adicional aspiraba el contratista sin contar los $120.000 millones que recibió en comisiones (ordinarias, 2,8%, y extraordinarias, 4,9%) como retribución por su gestión durante los siete años que estuvo al frente del recaudo.
Pero una vez se conoció la sentencia del Consejo de Estado, quienes acusaron de irresponsable al Alcalde tuvieron que darle la razón pues el municipio no sólo retomó el control del recaudo de sus tributos y dejó de pagar las altísimas comisiones, sino que además el laudo arbitral en el que Sícali reclamaba los $55.000 millones adicionales también salió a favor de la ciudad, exonerándola de pagar un peso más.
Luego de esas dos decisiones el caso dio un giro inesperado, pues la administración inició los trámites para demandar a Sícali y exigir “una indemnización de $1,2 billones dados los perjuicios ocasionados debido a la baja gestión de recaudo y al no haber realizado una actualización catastral”, según informó la Dirección Jurídica de la Alcaldía.
Sobre este caso, además, existe una denuncia penal en la Fiscalía contra Sícali “por no haber entregado en su totalidad las carpetas y los documentos con la información de los contribuyentes, especialmente los acuerdos de pagos y exenciones”, confirmó Andrés Felipe Uribe, secretario de Hacienda de Cali.
El otro negocio que está al rojo vivo es el del alumbrado público de la capital vallecaucana. Ese es un servicio que debe prestar el municipio y para el cual firmó en 1997 un convenio con Emcali por 30 años.
La empresa de servicios públicos, con el argumento de que no contaba con los $21.000 millones que costaba en esa época el cambio de 93.000 luminarias de mercurio a sodio, lo entregó en concesión desde el año 2000 y por 15 años a Mega Proyectos de Iluminaciones de Colombia S.A., cuyo accionista mayoritario en la actualidad es el empresario antioqueño William Vélez.
En su momento la adjudicación de ese contrato generó controversia, pues hasta el cambio de milenio los caleños no pagaban el alumbrado, como ocurre todavía en el 15% de los municipios del país, entre ellos Bogotá, donde aún no lo cobran.
Además, la concesión original fue prorrogada por otros 12 años, aduciendo que Mega Proyectos tendría que invertir $8.500 millones más de lo presupuestado en la iluminación de los carriles exclusivos del sistema de transporte masivo, Mío, y en la subterranización de las redes de energía.
Ante el escándalo y el debate ciudadano que ese nuevo plazo generó, Emcali revisó la medida y resolvió que la extensión apenas sería de dos años (hasta 2017), siempre y cuando Mega Proyectos realizara las inversiones adicionales.
La administración caleña solicitó hace dos meses a Emcali que certifique si el concesionario efectivamente invirtió los $8.500 millones, para confirmar la prórroga por dos años, pues de lo contrario sacará a licitación y adjudicará este negocio antes de finalizar 2015. La respuesta no ha llegado.
“En dicho proceso podrá participar Mega Proyectos, pero nos interesa mucho recibir pluralidad de ofertas para escoger la que mejor convenga a los intereses de los caleños”, afirmó Guerrero.
Otro de los fuertes cuestionamientos que hace el alcalde al contrato de alumbrado público, tiene relación con la administración de los recursos que por dicho servicio pagan los caleños. Emcali cobra este impuesto municipal en su factura y traslada los más de $80.000 millones anuales a una fiducia que no sólo está a nombre de Mega Proyectos, sino que es manejada a discreción por el concesionario, sin mayor injerencia del municipio.
Aunque existe una interventoría por parte de Emcali, en el municipio consideraron que no era suficiente y desde mediados del año pasado tomaron el control de las cuentas de la concesión. “Así que desde julio de 2014 Emcali y Mega Proyectos concilian sus gastos mensuales y es la alcaldía la que aprueba los pagos para ambas empresas, como siempre debió haber sido”, explicó León Darío Espinoza, director de Planeación de Cali.
La tripleta del alcalde Guerrero se completará a finales de 2015, cuando recupere el control de los contratos de aseo de la ciudad, ejecutado hoy por cuatro operadores seleccionados por la Superservicios, que intervino con fines de liquidación a Emsirva, la empresa pública de aseo.
A los operadores se les vencen los contratos en febrero de 2016, y como la ciudad no puede quedarse sin recolección y disposición de basuras, la administración de Guerrero deberá licitar y adjudicar los nuevos contratos en 2015, su último año.
“Estamos en conversaciones con la Superservicios porque queremos que los contratos incluyan la nueva normatividad, que en Colombia se permite desde 2013, como es que los operadores no sólo recojan los residuos sino que se encarguen de cuidar los parques, la poda de árboles y zonas verdes e, incluso, que instalen escombreras de transferencia, entre otras posibilidades”, confirmó Espinoza.
Sícali se defiende
El abogado Hernando Morales, apoderado de la Unión Temporal Sícali, habló con El Espectador y dijo que “desde hace dos años el Consejo de Estado admitió la solicitud para una extensión de jurisprudencia con que buscamos tumbar la terminación unilateral del contrato que realizó la Alcaldía de Cali por no haber respetado la cláusula compromisoria. Un acto administrativo que nos parece abiertamente ilegal”.
Según Morales, la extensión de jurisprudencia hace parte de los cambios que se introdujeron al Código Contencioso Administrativo y su espíritu es que la jurisprudencia debe ser tenida en cuenta y respetada por los funcionarios del Estado.
Morales agrega, basado en el decreto 1818 de 1998, que, pese a haber declarado nulo el contrato, se debió respetar la cláusula compromisoria y solicitar un tribunal de arbitramento para dirimir los desacuerdos, “pues esta es la única condición que sobrevive luego de la declaración de nulidad”.
El abogado cree que Sícali podría cobrar los millonarios perjuicios que se le causaron, así como las utilidades dejadas de percibir y demás cargos, desde que el municipio terminó unilateralmente el contrato hasta la fecha en que el Consejo de Estado lo declaró nulo.