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En Soledad (Atlántico) hay 267 familias desplazadas que, a pesar de tener subsidio de vivienda desde 2007, siguen sin casa por cuenta de la confusión que ha reinado entre los encargados de hacer realidad su sueño: la Gobernación, el Ministerio de Vivienda y las constructoras de las urbanizaciones. El primer tropiezo fue la demora en la entrega del subsidio, que tardó cuatro años, y luego, que la urbanización donde tenían que comprar no tenía casas para tanta gente.
Después de seis años, cuando el asunto parecía aclararse, aparecen elementos que complican la historia: el subsidio se venció el 31 de mayo y, para completar, estas familias descubrieron que una de las urbanizaciones la construirá la empresa de los padres del actual subsecretario de Vivienda de la Gobernación del Atlántico. Temen que, por una eventual violación a la ley, el proyecto se enrede de nuevo.
La historia de estas familias comenzó en 2007, cuando obtuvieron el subsidio tras una convocatoria del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda). En Soledad (Atlántico) fueron 267 familias beneficiadas, que luego esperaron cuatro años (octubre de 2011) la resolución que reconfirmó el subsidio. En esa oportunidad les dijeron que tenían $16 millones, pero que sólo podían adquirir casa en la urbanización La Candelaria, proyecto a cargo de la fundación Fundalipro.
La alegría rápidamente se transformó en desconcierto, cuando el constructor les dijo que sólo podría entregar 122 casas, con lo que 145 familias quedaron fuera del proyecto y empezaron a buscar soluciones. A través de derechos de petición dirigidos al Minvivienda y a la Gobernación, el año pasado les dieron una respuesta: la Gobernación gestionaría la construcción de dos nuevas urbanizaciones en Soledad para completar las casas faltantes y de seleccionar a los nuevos constructores.
Con las nuevas reglas, a finales del año pasado se estableció que Fundalipro construiría 122 viviendas y que las nuevas urbanizaciones serían Villa Jerusalén, con 94 casas, a cargo de la Fundación Proyectando Futuro, y Portal de San Antonio, con 51, a cargo de la sociedad Urbacusules. El pasado 29 de enero Minvivienda publicó una nueva resolución en la que reubicó a los beneficiarios. Sin embargo, han pasado cinco meses desde que se expidió y a la fecha, de las 267 casas para desplazados prometidas en 2007, Fundalipro sólo ha construido seis viviendas y las otras entidades apenas tramitan los anticipos para iniciar obras. Es decir, 261 familias siguen con sus casas en el aire.
En medio de este desorden, los beneficiarios de las viviendas que se construirán en el Portal de San Antonio están preocupados luego de conocer que Urbacusules, encargada de construir sus casas, es una sociedad de Jaime Dagoberto Martínez Villarreal y Judith del Socorro González de Martínez, padres de Jaime Martínez González, actual subsecretario de Vivienda de la Gobernación del Atlántico. Estas familias temen que por el parentesco se esté violando alguna norma de contratación y que esto repercuta en las obras.
Al cuestionar a Jaime Martínez por esta situación, el funcionario respondió que para la época en la que se seleccionaron los nuevos constructores él no era funcionario de la Gobernación. “Esos son convenios establecidos desde antes de que yo llegara al cargo”. El Espectador le solicitó a través de un derecho de petición los documentos para conocer el trámite de selección de las constructoras y a la fecha no se ha obtenido respuesta.
De acuerdo con un abogado experto en contratación, que prefirió omitir su nombre, en caso de que la selección hubiera estado sujeta a la Ley 80 (que es la regla general) y que hubiera sido la Subsecretaría de Vivienda la encargada del proceso, sería una evidente violación a la ley. “En este caso la inhabilidad se refiere a la persona jurídica para celebrar el contrato como tal, porque el subsecretario de Vivienda pertenece al nivel directivo de la entidad contratante”.
A pesar de que están las resoluciones, a la fecha parece que las obras siguen en veremos. Así lo demuestra la respuesta de Guillermo Piñeros, presidente de Fundalipro, quien al preguntarle por qué en casi dos años sólo ha construido seis casas, respondió que han tenido un “problemita de tipo contable con el Ministerio”. Y agregó: “con los $16 millones del subsidio no alcanza para construir las casas y tenemos un desfase de $5 millones por cada una”. Según Piñeros, actualmente hay casi $3 millones por cada casa para obras de infraestructura, por lo que no se pueden usar para la construcción de las viviendas. “Si la Gobernación nos libera esos recursos, podríamos avanzar”.
Frente a las nuevas urbanizaciones, el subsecretario de Vivienda del Atlántico dijo que el pasado 30 mayo se reunió con las constructoras y se hizo entrega de unas pólizas. Agregó que se gestiona una prórroga de los subsidios, que se vencieron el pasado 31 de mayo. Al consultarlo sobre la fecha en la que estas familias podrán tener casa, respondió: “El departamento tiene la intención de cumplir. Esperamos hacer entrega en diciembre, si Dios quiere”.