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El año pasado recibió el Nobel de Paz Malala Yousufzai, la estudiante paquistaní que sobrevivió a un atentado por parte de militantes talibán cuando iba en su ruta escolar en la localidad de Mingora, Pakistán. El mismo año fue considerado por Unicef el más dramático en cuanto a muertes de niños. Entre las causas de esas muertes están los ataques contra escuelas. Por lo menos mil instituciones educativas fueron destruidas por los conflictos armados en el mudo.
Entre los casos más dramáticos están los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, que destruyeron 243 centros educativos. También los atentados que Boko Haram realizó en 338 escuelas de Nigeria y el secuestro, por parte del mismo grupo, de 276 niñas de un colegio en la localidad de Chibok, en el estado de Borno.
Los bombardeos en Gaza, los ataques directos o el uso de niños suicidas en Paquistán o Afganistán, el secuestro masivo de estudiantes en Nigeria, parecen escenas muy lejanas a la situación colombiana. Aún así, Colombia figura entre los países donde mayor impacto tiene el conflicto armado en las escuelas: está entre los 26 estados donde se registra uso militar de instalaciones educativas entre 2005 y 2015, según la GCPEA (Global Coalition to Protect Education fron Attack). La ONU y otras organizaciones han documentado la presencia de las Farc y el Eln en instituciones educativas, en donde han realizado actividades de reclutamiento infantil. También la presencia del Ejército en el interior de estas instituciones ha planteado riesgos y en muchas ocasiones los estudiantes han quedado en medio del fuego cruzado.
Las escuelas son muy vulnerables cuando se ubican al lado de bases militares. Es el caso de la Institución Normal Superior La Inmaculada, la segunda institución educativa más grande del municipio de Guapi, Cauca. Al lado de La Normal fue construido el Batallón Fluvial de la Infantería de Marina, que hoy genera riesgos para estudiantes y maestros.
Miembros de la comunidad educativa dicen que es usual, sobre todo en horas de la tarde, encontrar la presencia de soldados en las instalaciones. Algunos militares pasan la noche dentro de la institución. “Una mañana encontramos un salón lleno de sangre. Los soldados limpiaron, dijeron que habían tenido un incidente, pero no dieron más explicaciones”, asegura una trabajadora de la escuela.
La Normal ya ha tenido que ser evacuada un par de veces por alarmas de bombas. Entrenamientos y actividades que los alumnos realizaban en la tarde han sido cancelados, debido a la alta presencia militar durante esas horas. “Uno vive con temor, porque acá para nadie es un secreto que hay mucha subversión. En cualquier momento atacan la base militar o colocan un artefacto explosivo y las víctimas son nuestros hijos”, dice un representante de los padres de familia. Las fuentes por este diario entrevistadas en Guapi prefieren mantener su anonimato, debido a la posible intimidación por parte de las fuerzas armadas oficiales.
El caso preocupa a las organizaciones civiles que trabajan en Guapi, un municipio históricamente golpeado por el conflicto armado y donde la violencia se ha exacerbado desde que las Farc levantaron el cese al fuego unilateral, como respuesta a una ofensiva militar del Ejército en una zona rural de ese municipio el 21 de mayo. Como parte del recrudecimiento de la violencia, hace poco más de una semana una granada fue lanzada a la estación de Policía, en pleno centro del casco urbano. El responsable corrió media cuadra y se metió en la Institución Educativa Manuel de Valverde, la más grande de Guapi, para usarla como escudo.
Las acciones en La Normal Superior hasta ahora van en contravía de las reclamaciones de la población y la normativa sobre el derecho a la educación consagrada en múltiples instrumentos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En vez de aislar la escuela, fue construido un puente que facilita el acceso de los militares. Esto incrementa los riesgos de que en cualquier momento ocurra una tragedia, como ya ha sucedido en otras zonas del departamento y del país. Las organizaciones, padres de familia y docentes coinciden en que es urgente que las autoridades nacionales, en especial los ministerios de Educación y Defensa, promuevan acciones para prevenir incidentes y proteger a los 1.500 estudiantes y maestros de esta institución.
La Normal no es el único centro educativo afectado desde el levantamiento del cese al fuego unilateral. También en el Cauca, en el municipio López de Micay, como consecuencia de las acciones armadas la institución educativa del municipio suspendió las clases por temor a verse afectada debido a su cercanía con la estación de Policía. Esto después de nueve días de hostigamientos entre el Ejército y las Farc en el sector.
En el departamento de Nariño, municipio El Charco, el 27 de mayo se produjo un hostigamiento a la estación de Policía en el casco urbano, atribuido a las Farc. La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen quedó en medio del fuego cruzado, por lo que se tuvieron que suspender las clases. Esto generó también desplazamiento intraurbano y la inasistencia de estudiantes a la escuela, por el temor de los padres a que quedaran, de nuevo, en medio de las balas.
En el municipio de Tumaco, Nariño, por la activación de artefactos explosivos en diferentes zonas, particularmente en las comunas 4 y 5 (donde hacen presencia las Farc), se reportó un alto nivel de inasistencia a las instituciones educativas, por el temor de los padres a que sus hijos se vieran afectados por los explosivos y por el asedio permanente a las escuelas por parte del grupo armado.
En Hacarí, Norte de Santander, el 8 de abril 30 estudiantes quedaron en el fuego cruzado entre el ejército y el Eln. La base militar del municipio está a 200 metros de la escuela y no es la primera vez que la institución corre riesgos cuando los militares son atacados desde las montañas. Entre los últimos incidentes reportados está la explosión de un artefacto explosivo cerca del colegio, que afectó a tres menores y tres adultos.
Todo esto ha sucedido en poco más de dos meses, en el marco de un conflicto que lleva más de 50 años. Por eso, la magnitud del impacto sobre la educación del conflicto colombiano se asocia con las tragedias de República Centroafricana, Pakistán, Sudán, Siria, Palestina y otros países.
“Las escuelas, sus estudiantes y quienes trabajan en ellas se están colocando innecesariamente en riesgo en algunas regiones del país y muchos niños y niñas no pueden asistir como consecuencia del conflicto. Las partes deben tomar medidas urgentes para respetar la inviolabilidad de las instituciones educativas”, dice Christian Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.
La misma normatividad colombiana dice que se considera una clara violación al principio de distinción y de precaución “el hecho de que un comandante ocupe, o permita la ocupación por parte de sus tropas, de (…) instituciones públicas como establecimientos educativos”. La presencia y acciones de los actores en conflicto en las escuelas pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad en tiempos de conflicto o de paz.
El año pasado la preocupación por el impacto que sufren las escuelas llegó al Consejo de Seguridad de la ONU, que emitió la resolución 2143, instando a todas las partes a dejar de usar tácticas que impidan el acceso de los niños a la educación y tomen medidas concretas para evitar ataques en escuelas. Más recientemente, el 29 de mayo en Oslo fue aprobada la Declaración de Escuelas Seguras, a través de la cual los firmantes expresaron su compromiso con implementar políticas orientadas hacia la protección y la continuidad de la educación durante el conflicto armado.
Hasta ahora 38 estados han firmado esa declaración. Colombia está en el grupo de los que no han firmado. Lo mismo Pakistán, un país donde las escuelas han sido objetivos directos de la violencia armada. Fue irónico que mientras se discutía la Declaración en Noruega, se anunciaba que las autoridades paquistaníes exoneraban a la mayoría de acusados por el ataque a Malala Yousafzai. Por esos mismos días, el Cauca y otros municipios del sur colombiano empezaron a vivir nuevamente el recrudecimiento de la violencia que afecta a la población civil en general y particularmente a los menores que se encuentran expuestos a un riesgo innecesario.