Las expectativas de los montemarianos con la paz

El interés que genera entre los pobladores de los 16 municipios de Bolívar y Sucre que componen la región lo acordado hasta ahora en La Habana, se combina con el escepticismo frente a los impactos que esto pueda tener en su vida cotidiana.

Camilo Segura Álvarez
09 de septiembre de 2014 - 03:53 a. m.
Las bandas criminales han buscado apoderarse de las rutas que tenían las AUC en el Golfo de Morrosquillo.  / Archivo - El Espectador
Las bandas criminales han buscado apoderarse de las rutas que tenían las AUC en el Golfo de Morrosquillo. / Archivo - El Espectador
Foto: bogota

Pocas regiones han sufrido la saña del conflicto armado con la contundencia que lo hicieron —y lo hacen— los Montes de María. Masacres, despojo, desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, estigmatización, pobreza extrema y un sinfín de padecimientos constituyen la memoria y, a la vez, la fuerza de las organizaciones sociales que, sin haberse firmado el fin del conflicto con las Farc, ya cifran sus expectativas y esperanzas en un concepto muy cacareado del que el país todavía no entiende mucho: la paz territorial.

Así quedó en evidencia en el Encuentro Regional para la Paz que se celebró en Sincelejo los pasados 27 y 28 de agosto. Allí, líderes sociales de los 16 municipios sucreños y bolivarenses que componen la región de los Montes de María interpelaron al alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y a su equipo de trabajo, quienes fueron a explicar los alcances de los acuerdos alcanzados hasta ahora con las Farc en La Habana (Cuba) y cómo estos pueden influir en el futuro de la región.

Por ejemplo, cuando los funcionarios del Gobierno explicaron el concepto de circunscripciones electorales especiales (eso sí, sin comprometerse con que en los Montes habría una), los asistentes hicieron notar sus expectativas. ¿Cómo podrán organizarse las redes de víctimas y de defensores de derechos humanos para formar coaliciones electorales sin ser permeadas por los grandes barones de los votos? ¿Cómo hacerlo si, como ellos reconocen, el dinero de la cooperación internacional y del asistencialismo estatal ha generado una profunda división en la sociedad civil?

Pero la integración política no es lo único que causó expectativas. La posibilidad de que la paz territorial se traduzca en la participación activa de la sociedad en la construcción de planes de desarrollo y de presupuestos municipales y departamentales, también fue un aliciente para prestarle atención a la exposición del Ejecutivo. El problema, y así lo hicieron saber varios habitantes de municipios como El Carmen de Bolívar, es que eso será discrecional de los mandatarios locales y ya hay varios sectores políticos que hacen campaña para las elecciones de 2015, entre ellos el Centro Democrático, que se oponen a esa visión de la paz.

También, algunos campesinos aprovecharon para denunciar la situación que atraviesan las comunidades respecto a la tenencia de la tierra. Por ejemplo, José Macareno, miembro del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de los Montes de María, dice que sus expectativas respecto al acuerdo pasan por la constitución de la ZRC, que está engavetada desde hace más de un año en el Incoder. Pero también reconoce que “constituir una ZRC en una región donde el índice de concentración de la tierra es cercano al 0,9%, es contradictorio. No hay tierra para proteger, pero nosotros no tenemos más protección que esa figura. Ojalá de la paz se desprenda una reforma agraria para esta región”.

El problema de la tierra es tal que, por ejemplo, de las 42 familias de María la Baja, del corregimiento de Mampuján, que fueron desplazadas en marzo de 2000 por los paramilitares de Rodrigo Mercado, alias Cadena, solo el 10% han sido beneficiarios de restitución de tierras. El resto, como eran arrendatarios y mientras tramitan una reparación económica, debieron dejar su vida campesina y trasladarse a cascos urbanos a buscar otros quehaceres. Hoy, los predios en los que trabajaban están en poder de grandes empresas que, según la ley, son propietarios de buena fe, toda vez que compraron la tierra sin conocer del hecho violento que la había deshabitado.

Pero si el problema de la tierra, que se supone es el centro de la guerra que atraviesa el país, no da tregua a las comunidades campesinas, tampoco la situación de orden público. Con la desmovilización paramilitar llegaron las bandas criminales, que hoy la gente no sabe cómo nombrar. Se han apoderado de las antiguas rutas de narcotráfico de San Onofre, Tolú y Coveñas y, a lo largo de los 16 municipios han tejido una red de pandillas a su servicio. De fondo, dicen los pobladores, no deja de estar la pelea por la tierra que, con la salida de los condenados por Justicia y Paz, pondrá a estas bandas y pandillas al servicio de una nueva ola de despojo. Ojalá no tengan razón.

 

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

Por Camilo Segura Álvarez

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