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Un fiscal llamó a juicio a la exgobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie y al gobernador suspendido Ronald Housni para responder ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la licitación de contratos que superan los $120.000 millones. Los exfuncionarios fueron citados a la audiencia de juicio oral para responder inicialmente por tres delitos.
El 8 de octubre de 2018, la Fiscalía los capturó y se les imputaron cargos por concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos.
Ambos negaron los delitos durante la audiencia de imputación, a pesar de que el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho, aseguró que tenía evidencias que comprobarían que Guerrero y Housni recibieron apoyo financiero en su campaña a la Gobernación de San Andrés a cambio de contratos millonarios.
Ese día la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para los funcionarios. El gobernador fue recluido en La Picota y la exgobernadora en el Buen Pastor, ambos centros de reclusión ubicados en Bogotá.
De acuerdo con el ente acusador, los funcionarios habrían recibido coimas por alrededor de $11.000 millones. Los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y otros socios habrían pagado hasta un 10% del valor de los contratos para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, pero muchas de las obras quedaron inconclusas.
Housni también tiene un proceso en la Procuraduría por una suspensión disciplinaria que provocó su salida del cargo por 10 meses, debido a irregularidades en la prestación del servicio por parte del hospital Clarence Lynd Newbal Memorial.
Para principio de marzo, 58 bienes pertenecientes al exrepresentante a la Cámara Jack Housni y su hermano Ronald Housni, pasaron a procesos de extinción de dominio. El exparlamentario, quien introdujo a su hermano a la política, es señalado por su presunta participación en el esquema de corrupción, por eso el ente envió copias de los bienes a la Corte para continuar con la investigación en su contra. El precio de los predios incautados por la Fiscalía es de $150.000 millones.
Los hallazgos
Uno de los primeros hechos que se le cuestionaron a Housni fue el convenio administrativo del 22 de agosto de 2016 que se suscribió con la Empresa de Desarrollo Urbano del municipio de Armenia (EDUA).
El convenio recibió críticas desde muchos sectores, pues no se vio con buenos ojos que los ingresos recaudados en el departamento de San Andrés se entregaran a un operador urbano de Quindío.
Housni presentó el proyecto convertido en la ordenanza n.° 12 del 1 de agosto de 2016 a la Asamblea Departamental, y se le autorizó tomar decisiones futuras que comprometerían los sectores de desarrollo turístico y vivienda. De tal forma que estos recursos serían el medio para la licitación de todos los contratos de las secretarías departamentales.
La Gobernación de San Andrés le adjudicó la interventoría del contrato de construcción y dotación del megacolegio CEMED a la empresa Opción, Diseño y Construcción. Como beneficiario de este proyecto aparece la Unión Temporal Mega 2014, de Hernán Moreno Pérez, quien según la Fiscalía, habría financiado la campaña del gobernador y la exgobernadora.
Además de no cumplir con la terminación del proyecto, que debía ser entregado en diciembre de 2015, el constructor, diseñador e interventor pertenecían a la misma firma que está vinculada con presuntos robos millonarios en Armenia, liderada por Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona.
El colegio que beneficiaría a la población estudiantil del archipiélago, cuyo contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, costó $50.000’000.000 y las obras no llegaron ni al 50 % de su ejecución; aun con la adición de $14.000’000.000 que hizo Housni.