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Once asesinatos perpetrados entre el 30 de noviembre de 2002 y el 28 de febrero de 2004 hacen parte de la que la Fiscalía llama la masacre de Parques del Estadio, por el conjunto residencial de Medellín donde se cometieron cuatro de los homicidios, al parecer en desarrollo de una venganza del exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, contra dos narcotraficantes, Hugo y Fredy Hernán Berrío Torres, por una millonaria deuda.
Con una particularidad: los homicidios en Parques del Estadio fueron producto de un operativo del Ejército. El Consejo de Estado estudia una demanda interpuesta por los familiares de dos de las personas muertas en este operativo porque, en su criterio, la Fuerza Pública colaboró con Vanoy en el desarrollo de su venganza, y por ello el alto tribunal le solicitó a la Fiscalía que le informe sobre las investigaciones que haya por la posible participación de uniformados en el hecho.
No obstante, documentos conocidos por El Espectador demuestran que ni el ente investigador ni la Procuraduría adelantan investigaciones contra Rogelio Ernesto Echeverri Palacios, el capitán hoy retirado que dirigió la operación, y Luis Demetrio Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia Quintero, dos de los uniformados que participaron en ella. Y, al parecer, ésta no fue irregular, como en un primer momento se dijo, sino que, de acuerdo con los documentos referidos, estuvo ceñida a la ley, por lo que estos crímenes, en ese sentido, poco o nada tuvieron que ver con los otros siete, ordenados por Cuco Vanoy.
En un oficio del 8 de octubre de 2013, la Fiscalía sostuvo que el 24 de enero de 2011 el magistrado del Tribunal Superior de Medellín Olimpo Castaño le había solicitado, así como al Ministerio Público, que estableciera la posibilidad de una acción de revisión contra la providencia del 4 de mayo de 2006, mediante la cual precluyó la investigación contra Echeverri y los dos uniformados, por cuenta de unas declaraciones dadas por Cuco Vanoy en las que supuestamente los involucraba con la masacre. Pero, tras varias averiguaciones, el ente investigador no ha presentado ninguna acción de revisión porque, en su criterio, no hay méritos para ello.
En este oficio, la Fiscalía manifestó que “no existe pedimento alguno por parte de autoridad judicial o Procuraduría General para analizar la prosperidad de una eventual acción de revisión dentro de los procesos penal y disciplinario seguidos”. Algo que esa misma entidad ya había dicho en un oficio del 17 de abril de 2013, en el cual señaló que “en cuanto a las personas para las cuales antaño se profirió preclusión de investigación, este despacho (en referencia a la Fiscalía) no se encuentra adelantando actuación alguna, como que para ello fuera menester que se decidiera una acción de revisión”. Lo cual, dijo el ente investigador en ese momento, no significa que no se investigue a otras personas involucradas con los hechos de la masacre de Parques del Estadio, como, por ejemplo, el mismo Cuco Vanoy.
Por su parte, la Procuraduría, en un oficio del 20 de septiembre de 2013, sostuvo que “a la fecha la Procuraduría no ha radicado ninguna acción de revisión contra la decisión de preclusión proferida por la Fiscalía” y que el 16 de octubre de 2012 el magistrado Castaño solicitó que se le informara sobre la decisión que se había adoptado en torno al requerimiento que hiciera en 2011, a lo que el Ministerio Público respondió que “analizadas las circunstancias fácticas y jurídicas que se presentaban en ese momento no se consideraba procedente que el Ministerio Público promoviera la citada acción de revisión”.
A esto se suma un informe del Instituto de Medicina Legal que da cuenta de que las personas muertas ese 28 de febrero —Fredy Hernán Berrío Torres, Óscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo— dispararon contra los uniformados que realizaban el operativo, hiriendo a uno de ellos, y que los agentes sólo respondieron a la agresión. Fuentes consultadas por este diario señalaron que “hay muchas personas interesadas en demandar al Estado por cualquier cosa. Eso es un negocio”.
Eso sin contar que, al parecer, el mismo Vanoy fue engañado, puesto que, como él mismo confesó, la Oficina de Envigado le cobró $500 millones por matar a Fredy Hernán Berrío cuando esta estructura criminal no había hecho parte, siquiera, del operativo en el que aquél murió. Sea como sea, la última palabra la tiene el Consejo de Estado, que debe definir si, como lo dicen los demandantes, el Ejército colaboró con Vanoy o si, como lo señalan los documentos conocidos por El Espectador, el operativo fue completamente legal, pero se lo ha querido presentar como producto de un alianza criminal entre paramilitares y Ejército.